La reforma del Ministerio Público quedó ayer en terapia intensiva. El Gobierno Nacional no pudo imponer su voluntad frente a las modificaciones propuestas por la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado luego de la ola de críticas que recibió la iniciativa la semana pasada. La comisión debía reunirse ayer con el objetivo de unificar un texto, firmar dictamen y así poder aprobar la reforma hoy en el recinto. Sin embargo, la contrapropuesta bajada por la Casa Rosada rompió el acuerdo entre los senadores de Cambiemos y el sector del PJ representado por los senadores Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey. El proyecto que finalmente impulsa el macrismo contempla, entre otras cosas, la creación de una “Procuraduría de Terrorismo” y elimina todas las direcciones generales, incluidas la de Políticas de Género y la de Acceso a la Justicia (Atajo), cuya continuidad era reclamada expresamente por la Iglesia Católica. En este contexto, y ante la cercanía del fin de año, la reforma quedó en suspenso por tiempo indeterminado.

Fiscales, organismos de derechos humanos, gremios judiciales y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, entre otros, habían cuestionado el proyecto de reforma del Ministerio Público el martes de la semana pasada. Aunque con matices, lo habían calificado como “inconstitucional” y advirtieron que violaba la independencia y autonomía establecidos por los constituyentes en la reforma del ‘94. También afectaba la estabilidad de los trabajadores del ministerio público.

Entre otras cuestiones, la propuesta original de reforma, firmada por Federico Pinedo, Angel Rozas, Pichetto y Urtubey, contemplaba la limitación del mandato del procurador a 5 años (con opción a una prórroga de dos), bajaba los requisitos para su designación y también flexibilizaba la remoción. Para ambos casos, de dos tercios de los senadores pasaba a ser necesaria una mayoría absoluta (37 sobre 72). Además, desarticulaba todas las procuradurías especializadas (incluso la de crímenes contra la humanidad), las direcciones generales y ordenaba a los fiscales que habían sido trasladados por Alejandra Gils Carbó a que (si no contaban con el acuerdo del Senado) volvieran a sus jurisdicciones en un plazo máximo de 30 días. 

La comisión presidida por el peronista Pedro Guastavino (cercano a Pichetto) se comprometió a elaborar un nuevo texto recogiendo algunas de las críticas. Para ello postergó la firma del dictamen para el martes siguiente, es decir, ayer. A las 16 estaba previsto que los senadores volvieran a reunirse pero minutos antes se conoció la suspensión del encuentro. El motivo: las diferencias entre el borrador de dictamen elaborado por la comisión y las intenciones del macrismo bajadas por la Casa Rosada.

La comisión reestableció requisitos más exigentes para la remoción del Procurador. Se volvía a la mayoría de dos tercios de los senadores presentes. Además, se eliminaba la suspensión del procurador y del defensor durante el procedimiento de remoción. También agregaba la garantía del debido proceso y el derecho de defensa. El mandato pasaba de 5 a 6 años, sin posibilidad de nuevo mandato. Volvió a poner como obligatorias las seis procuradurías especiales actuales y de las 11 direcciones generales, se mantenían cinco: Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, Acceso a la Justicia (Atajo), Políticas de Género, Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

En cuanto a las cláusulas transitorias, en la primera cambia el plazo de 30 a 90 días para asumir los cargos concursados, y elimina la cláusula transitoria tercera ya que dejaba sin efecto las designaciones efectuadas sin concurso en las estructuras centrales de la Procuración General y Defensoría General a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Ingreso Democrático a la Justicia.

“Para nosotros no es aceptable convalidar lo que hizo Gils Carbó en la Procuración: designó al 45 por ciento de los funcionarios, ninguno por concurso y todos de Justicia Legítima”, dijo Pinedo ayer. El presidente provisional del Senado calificó ese hecho como “absolutamente vergonzoso” y ratificó: “no lo vamos a convalidar”. “Hacemos una buena ley de Ministerio Público Fiscal o seguimos como estamos”, concluyó el senador macrista.

Según fuentes del oficialismo, el ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano elaboró un nuevo proyecto, que tomaba sólo algunas de las consideraciones planteadas por los expositores y incorporaba otras cuestiones requeridas por el oficialismo como la creación de una Procuraduría de Terrorismo.

Si bien el nuevo dictamen del Gobierno acepta que la remoción se realice por los dos tercios del Senado, mantiene la posibilidad de que el procurador sea “inmediatamente suspendido” durante el tiempo que dure el proceso. Esa suspensión “deberá ser resuelta por el Senado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros”.

Además, incorpora que el control de la ejecución del presupuesto del Ministerio Publico Fiscal y del Ministerio Publico de la Defensa estará a cargo de la Auditoria General de la Nación y la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación se expedirá acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.

En cuanto a los traslados de fiscales, fija que sólo podrán permanecer en sus jurisdicciones actuales aquellos magistrados que ejercieron previamente, “durante un año”, el cargo para el que habían concursado. 

Al empantanarse las negociaciones, desde el PJ-FpV dejaron en claro que “hay temas más importantes que debatir” y señalaron que aprobar el proyecto impulsado por el oficialismo era “forzar la delicada situación” del bloque mayoritario. También desde el sector del PJ más afín al Gobierno les pasaron factura por no haber defendido la iniciativa oficial durante las exposiciones del martes pasado. “Hubieran estado cuando se discutieron los cambios”, dijeron.