Tras la publicación del decreto 718/2024 este lunes, los trabajadores de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF) iniciaron un plan de lucha contra la entrada de capitales privados a Nucleoeléctrica S.A., al tiempo que denuncian el desfinanciamiento de la empresa nacional y reclaman recomposición salarial para los operadores.
"El comité partiario de Luz y Fuerza y nosotros intentamos por todos los medios llegar a consensos, pero resulta imposible cuando hemos perdido el 50% o más de nuestro poder adquisitivo de noviembre del 2023 a esta parte", cuestionó el secretario gremial de ese sindicato en su regional de Paraná, Matías Velo, en comunicación con la 750.
La disposición del Ejecutivo que se publicó este lunes en el Boletín Oficial es "algo irresponsable" y no traerá beneficios, según aseguraron desde Luz y Fuerza. El gremio entiende que Nucleoeléctrica S.A. es una empresa modelo en su funcionamiento y no genera pérdidas.
"El ingreso del sector privado es negativo porque siempre van a querer optimizar ganancias, nadie niega esa posibilidad, pero el sector nuclear requiere de mucha inversión y reinversión, mejoras de seguridad y capacitación de su personal", advirtió Velo, quien además definió como "una especie de pasamanos de acciones" la decisión plasmada en el decreto 718.
Por ahora, los trabajadores nucleados en Luz y Fuerza quedarán a la espera de lo que determine la Secretaría de Energía de la Nación, pero mantendrán las medidas de fuerza que comenzaron este martes. "No se han visto asambleas de esta magnitud desde que comenzaron a operar las centrales nucleares en Argentina, hace más de 50 años", manifestó Velo con Escuchá Página 12.
La compañía con 99% de participación estatal gestiona las centrales nucleares de Atucha I y II y Embalse, lo que representa el 7% del total de la matriz eléctrica de Argentina. Además, es contratista de CNEA en la construcción del proyecto CAREM.
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