El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, retomó este martes el debate de una ley para regular organizaciones no gubernamentales, parte de un paquete legislativo impulsado en medio del reclamo opositor de un supuesto fraude electoral y bajo la advertencia de la ONU de un "clima de miedo". El paquete de leyes incluye, además del proyecto que impacta sobre las ONGs, la regulación de redes sociales y una ley para castigar el "fascismo", término con el que el gobierno suele referirse a la oposición de derecha a la que culpa de la violencia en las protestas posteriores a los comicios del 28 de julio.
Redes y fascismo
La segunda y definitiva discusión de la "ley contra el fascismo" fue suspendida de repente, en menos de una hora, debido a la redacción de un artículo. El 21 de mayo ya se había iniciado este debate y también se suspendió. No está claro cuándo se reanudará. Es la primera ley que la Asamblea Nacional busca aprobar, según su presidente, Jorge Rodríguez, para "hacer respetar el resultado electoral" en medio de denuncias de fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro.
Dicha ley, que entra a partir del miércoles en fase de consulta pública, castiga la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan "apología al fascismo", y plantea la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta 100 mil dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que "incite al fascismo". "Si usted no es fascista no debe preocuparse", dijo el diputado Diosdado Cabello, uno de los políticos más influyentes de Venezuela, quien indicó que ese sector de la sociedad "no cree en los procesos electorales, no reconoce al Tribunal Supremo de Justicia ni al Consejo Nacional Electoral".
La otra ley, que busca regular las ONGs, prohíbe "promover el fascismo" y "la intolerancia o el odio", así como "realizar actividades propias de los partidos políticos". Además prohíbe recibir donaciones para entidades políticas y obliga a las organizaciones a inscribirse en un registro local y hacer una "relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros". El incumplimiento implica multas que pueden llegar a 10 mil dólares, según lo que aprobado en el debate.
Con rspecto a las redes sociales, en la región hay normas similares en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia. Maduro asegura que las redes están siendo utilizadas para atacar su reelección: suspendió por 10 días la red social X y promueve un boicot contra WhatsApp. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propuso incorporar en una norma que castiga hasta con 20 años de cárcel "delitos de odio", muy usada contra opositores, y "elementos relacionados con siembra de odio en las redes sociales". El presidente Maduro había pedido horas antes "mano de hierro y justicia severa" frente "a la violencia y los delitos de odio" que atribuye a Machado y González Urrutia.
"Clima de miedo"
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a la Asamblea Nacional a abstenerse de aprobar la ley de ONGs. "Esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre del espacio cívico. La labor de personas defensoras de derechos humanos es clave para reconstruir una sociedad democrática", escribió la CIDH en su cuenta de X.
Asu vez el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó antes de la sesión parlamentaria "a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país", en un comunicado en el que también expresó preocupación por las detenciones y las imputaciones por "odio" o bajo la "legislación antiterrorista". Su vocera, Ravina Shamdasani, describió un "clima de miedo" en el país, en el que "es imposible aplicar los principios democráticos y proteger los derechos humanos".
El alto comisionado de la ONU ya no tiene personal en Venezuela, desde que Caracas le pidió que suspendiera sus actividades en febrero por haber denunciado la detención de una activista de derechos humanos. En abril Maduro anunció que la oficina iba a reabrir pero "todavía no fueron autorizados a volver, las negociaciones están actualmente en punto muerto", según la vocera Shamdasani.
Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, abogó este martes por una salida democrática a la crisis en Venezuela, después de conversar con el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo. "Coincidimos en la importancia de apoyar los esfuerzos en Venezuela para alcanzar una salida dialogada y democrática a la crisis, con publicación/verificación de resultados electorales detallados y respeto a los derechos humanos", indicó Borrell a través de la red social X.
Reporteros Sin Fronteras contabilizó en un informe 70 violaciones a la libertad de expresión en 15 días. "Los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, hacen frente a un clima de hostilidad y represión, marcado por detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, censura y restricciones al acceso a la información", señaló RSF, destacando el arresto de nueve periodistas, cuatro de los cuales siguen tras las rejas acusados de conspiración, terrorismo, incitación a la violencia y actividades subversivas.
Violencia originada en los "comanditos"
El presidente Nicolás Maduro fue proclamado con el 52 por ciento de los votos para un tercer mandato de seis años, hasta 2031. La oposición liderada por María Corina Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio, lo que el mandatario considera una incitación a un "golpe de Estado" y a una "guerra civil".
La reelección de Maduro desató protestas que dejaron 25 muertos, 192 heridos y más de 2.400 detenidos, en medio de llamados de Estados Unidos, Europa y varios países de América latina para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente el escrutinio detallado de la elección. "Todas las muertes ocurridas en el contexto de las protestas deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas y ser sancionados", dijo Türk desde la ONU.
En base a datos oficiales, Naciones Unidas señala que más de 2.400 personas fueron detenidas desde el 29 de julio. En la mayoría de los casos documentados por el alto comisionado, no se permitió a las personas detenidas designar a un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares. Según un comunicado de la ONU, "algunos de estos casos constituirían desapariciones forzadas".
Para el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, los hechos de violencia que causaron 25 muertos fueron instigados por los denominados "comanditos", como se conoce en Venezuela a los grupos militantes de la oposición de derecha. Saab puso como ejemplo el caso de Cirila Gil, asesinada brutalmente en la población de El Callao, estado de Bolívar, por criminales ya identificados que actualmente se encuentran prófugos. El fiscal precisó que la víctima presentó 48 heridas en la cabeza.
"Esto nos habla de una acción aberrante de violencia extrema. Este caso resume lo más escalofriante, brutal y terrorífico de los crímenes de odio ejecutados por la extrema derecha al 28 de julio", expresó Saab durante una reunión del Consejo de Defensa de la Nación y Consejo de Estado, según informó el diario local Últimas Noticias. El fiscal precisó que, después de levantar la información de cada uno de los casos, llegó a la conclusión de que "todas estas muertes pueden ser atribuidas a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos".
