"Celebramos la discusión, aunque no estamos de acuerdo con el enfoque y el abordaje de la propuesta", publicó en sus redes Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH. De esta manera, antagonizó con el proyecto de ley del Gobierno nacional que pretende bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Y lo hizo con datos desmitificadores: la cantidad de menores de 16 años privados de la libertad por homicidios pasó de 77 en 2014 a 29 en 2022.

El funcionario que integra la cartera conducida por Juan Martín Mena, basó su lectura en un informe elaborado por el equipo de su área. En el documento, detallaron que, de la totalidad de los delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires en 2012, el 4,3 por ciento tuvo como imputados a personas menores de edad. Para 2023, ese número decreció al 2,2 por ciento y con un promedio del 3 por ciento en el resto de los años intermedios.

Además, en el texto al que tuvo acceso este medio, se remarcó la tasa de denuncias a adolescentes decrece en la Provincia mientras aumenta la población bonaerense. En 2012 fue de poco más de 183 denuncias cada 100 mil habitantes, mientras que en 2023 fue de casi 134. A su vez, otro número relevante es que en 2014 se denunció la participación de menores de edad en 149 homicidios consumados. Para 2022, últimos datos oficiales, la cantidad se redujo a 61.

"El nuevo sistema de enjuiciamiento de jóvenes debe ser eficiente y dar respuesta a las víctimas", señaló Pellegrini. En sintonía con esta premisa, sostuvo que el nuevo régimen debe respetar los estándares de la Convención de los Derechos del Niños y los compromisos que nuestro país asumió en esta temática ante la comunidad internacional.

Por eso, resaltó en su publicación, no le esquiva a la discusión. El proyecto del Ejecutivo nacional propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años para todos los delitos. La legislación actual indica que, en Argentina, las personas son punibles a partir de los 16 años, pero no para todos los delitos. 

La punibilidad a partir de los 13 años “adultiza” el régimen penal juvenil. Esto, advirtió Pellegrini, sigue un camino a contramano de la Convención de los Derechos del Niño. "La propuesta, además, no tiene respaldo en evidencia empírica y las estadísticas usadas son distorsivas", puntualizó. 

El régimen actual, señaló el funcionario de Justicia, está plasmado en la ley nacional N° 22.278, sancionada por la última dictadura y bajo un paradigma "tutelar" que fue erradicado por la propia Convención, norma ratificada por Argentina en 1990 y dotada de jerarquía constitucional a través de la Reforma de 1994.

El informe cita por Pellegrini es claro: "Está fuera de toda controversia la necesidad de adecuar el régimen penal juvenil a los estándares de la Convención". Además, detalló que tal adecuación no está al alcance de las provincias y sólo se puede realizar a través de una ley del Congreso de la Nación.

Entre los datos que el informe critica y que fueron utilizados, según dice Pellegrini, en los fundamentos del proyecto de ley nacional se utiliza la tasa de intervenciones de la justicia nacional de menores, la cual es poco representativa porque no contempla los delitos cometidos por menores de edad en todas las provincias. 

Además, el texto considera "incorrecto" el análisis realizado en torno a la población alojada en dispositivos especializados de aprehensión. "El citado informe de la SENAF sólo computa personas alojadas en centros de aprehensión especializados para personas menores de edad, por lo que las provincias que no cuentan con este tipo de dispositivos no aportan sus datos a ese Relevamiento y las aprehensiones de adolescentes se cuentan con las personas adultas", argumenta el informe.