Patricia Bullrich fue convocada este miércoles a los tribunales de Comodoro Py en medio del escándalo que sacude al gobierno de La Libertad Avanza (LLA) por la visita de seis diputados oficialistas a los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. La ministra de Seguridad fue invitada a hablar de la situación de las cárceles porque de ella depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Este organismo está en el foco de atención por el pase libre que le dio a los legisladores que fueron a abrazarse y fotografiarse con Alfredo Astiz y otros represores de la dictadura.
Los ecos de la visita del 11 de julio a la exUnidad 31 de Ezeiza están lejos de acallarse. La semana pasada, el camarista Gustavo Hornos informó en la Cámara de Casación que había invitado a Bullrich y a funcionarios de su cartera para hablar de la situación carcelaria. Hasta ahora, ése es el temario que conocen todos los invitados.
Bullrich estuvo la semana pasada en Mendoza junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Allí, ambos abogaron por la prisión domiciliaria de los represores de la dictadura. De acuerdo con Bullrich en las cárceles hay nonagenarios con enfermedades terminales.
Nada de eso advirtió la comitiva integrada por los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci. Ninguno de ellos le hicieron saber al SPF alguna preocupación sobre las condiciones de reclusión de los detenidos con los que tomaron café con leche el 11 de julio pasado.
El juez Adrián Grünberg, presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires, le preguntó al SPF, de hecho, si los legisladores habían enviado alguna nota o hecho alguna crítica después de la excursión a Ezeiza. La respuesta del número dos del SPF, Diego Morel, fue contundente. “No se han recepcionado en esas dependencias presentaciones con el objeto de lo oficiado”, dice el oficio al que accedió Página/12.
Tampoco parece verse una preocupación sobre la situación de la unidad penitenciaria en los chats que aportó Arrieta en la justicia federal de Lomas de Zamora. Cinco de los diputados compartían un grupo de WhatsApp llamado "Visita". Allí el principal eje de discusión fue si daban a conocer un comunicado sobre la visita en el que se pedía la domiciliaria de todos los represores presos y la revisión de las causas.
Después de que se supo del encuentro con los genocidas, los cinco diputados empezaron a discutir si mantenían una estrategia autónoma con respecto a lo que pedía el Poder Ejecutivo. Montenegro era el que les reclamaba calma a sus colegas más entusiastas con la reivindicación de los criminales presos, Benedit y Ferreyra. En algún momento, Araujo y Arrieta –que borró sus mensajes antes de aportar los intercambios en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora– barajaron la posibilidad de decir que habían ido a visitar a veteranos de la Guerra de Malvinas, ya que una es hermana de un caído y la otra es hija de un excombatiente.
El aval de la superioridad
El gran interrogante es si Bullrich les dio el visto bueno a los diputados que son parte de un grupo que sostiene que los represores son presos políticos y que deben estar en sus casas. Ese grupo solía reunirse a instancias del cura Javier Olivera Ravasi, un influencer de ultraderecha que es hijo del genocida Jorge Olivera, en un palacete de Montevideo al 871.
El 11 de marzo, Olivera Ravasi mandó un mensaje a uno de los grupos de WhatsApp avisando que Benedit había hablado con Bullrich. “Para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión, a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes”, escribió el sacerdote cuya expulsión reclaman los organismos de derechos humanos.
En otro mensaje, Benedit describió al jefe del SPF, Fernando Martínez, como un “excelente colaborador”. Martínez no respondió a ninguno de los requerimientos de los tribunales de Comodoro Py. Ni a los que hizo Grünberg ni a los que hizo Daniel Obligado, del TOF 5.
En las averiguaciones que hizo Grünberg se puede reconstruir la dificultad que tuvo el SPF a la hora de explicar quiénes y cómo habían entrado a la cárcel de Ezeiza. El organismo primero le había informado al juez que había ingresado la diputada María Emilia Orozco, que nunca llegó a subirse a la combi. Después de que Página/12 advirtió la irregularidad, el SPF mandó una rectificación: sacó el nombre de Orozco y agregó los de Benedit, Araujo y Ferreyra que no estaban en la nómina.
El SPF también le envió un volante de comunicación con fecha del 10 de julio (el número está agregado a mano) en el que Morel autoriza el ingreso de Arrieta, Montenegro, Bonacci, Benedit y Araujo. No aparece en ese listado Ferreyra Ugalde, que es habitué de los penales como Benedit.
La investigación
En Lomas de Zamora hay una investigación en marcha por la visita. Tramita en el juzgado que subroga Ernesto Kreplak. Esa pesquisa incluye la denuncia que radicó Obligado después de que el abogado querellante Pablo Llonto y el fiscal Félix Crous advirtieran que posiblemente se haya violado la normativa que establece que una persona tiene que ser autorizada por un recluso a verla y que los funcionarios públicos deben fundar su ingreso a la cárcel. Esa denuncia se unificó con la que presentó Arrieta en la que acusa a tres de sus colegas, al jefe del SPF y a Sharif Menem, mano derecha de Martín Menem en la Cámara de Diputados, por un sinfín de delitos.
Arrieta también denunció a Olivera Ravasi, a los abogados María Laura Olea y Ricardo Saint Jean y al exjuez de Casación Eduardo Riggi. Todos ellos participan de los grupos de WhatsApp en los que se congregan a discutir distintas estrategias para lograr que los represores salgan de la cárcel o para voltear las causas de lesa humanidad. Riggi suele despotricar contra el procurador interino Eduardo Casal o contra los integrantes de la Corte Suprema, a quienes llama “momias sagradas” con la excepción de Carlos Rosenkrantz. En sus mensajes, el excamarista incluso dice que en el máximo tribunal hay un “montonero”.
El viernes pasado, la justicia federal de Lomas de Zamora secuestró los registros del Complejo VII –exUnidad 31 de Ezeiza– y las filmaciones del 11 de julio para comprobar cómo fue el ingreso y la salida del penal. Desde la fiscalía que conduce Sergio Mola –que tiene delegada la investigación– se requirió informes al SPF para reconstruir cómo se había gestado la visita.
La fiscalía tendrá que definir si encuentra algún delito en la sucesión de hechos. Arrieta –que pasó de reivindicar en un chat de LLA la visita para conocer “de primera mano” la historia a pasearse con el informe Nunca Más – pidió custodia. Se manifestó especialmente atemorizada por un intercambio que habría tenido con Astiz, quien le dijo que la conocía por ser hija de un excombatiente de Malvinas. La diputada del patito también dijo haber recibido amenazas y presiones en la Cámara de Diputados.
Las expectativas de que la causa avance son pocas. Para el jueves está convocada la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos --que preside Silvia Lospenatto (PRO)-- para avanzar en el análisis de la conducta de los seis diputados de LLA. Desde la oposición dialoguista, hay quienes, como Nicolás Massot, reclaman que los seis excursionistas den explicaciones sobre la razón de su viaje hasta Ezeiza. Hasta ahora, mantuvieron --sacando Bonacci y Arrieta-- un estudiado silencio. Según los chats, fue a pedido del Poder Ejecutivo.
Los organismos de derechos humanos ya pidieron participar y que se los escuche. La expectativa es que esa comisión reúna información y testimonios. Y que sea una ventana para asomarse hacia el inframundo que conspira contra los juicios de lesa humanidad.
