Sectores industriales y del trabajo manifestaron públicamente su preocupación ante el avance de las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Todas las actividades han planteado serias dudas. Nos deja en una posición de mucha debilidad. El riesgo es que terminemos exportando cuero salado e importando el valor agregado de nuestras materias primas”, indicó a este diario Alfredo Luenzo, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. También desde la UIA y la CGT remarcaron que falta información sobre el curso de la negociación. Uno de los rubros que presentó más quejas fue el de laboratorios. “Hay mucha preocupación porque modifica el marco jurídico. Se está negociando a libro cerrado y no tenemos información. No conocemos que se haya hecho un estudio de impacto económico y lamentablemente el Gobierno dijo que quiere firmar si o si en diciembre”, dijo Isaías Drajer, presidente de Cilfa.
Ayer se realizó un plenario de comisiones de Industria y Comercio de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, presididas por Omar Perotti y Luenzo, respectivamente. Asistieron representantes de la UIA, Adimra, Cilfa, CGERA, la Cámara de Comercio de Santa Fe y la Marina Mercante, entre otros. “De todas las presentaciones que escuchamos queda en evidencia la falta de información sobre el contenido de las negociaciones. Esto genera mucha incertidumbre y escepticismo. Queremos que venga un funcionario del Ejecutivo a dar explicaciones. Nuestra postura es que hay que avanzar en el comercio internacional, el tema es bajo qué condiciones y en qué lugar queda parada la Argentina”, indicó a este diario el senador Luenzo.
El Gobierno planea embarcarse hacia la firma de al menos un entendimiento inicial para la semana previa al 6 de diciembre. De todas formas, si se concreta la firma, la puesta en vigencia del convenio requiere de la aprobación del Congreso Nacional. “Sería una posición difícil porque exigiría de parte de los legisladores una respuesta binaria”, dice Luenzo.
Por parte de la UIA asistió el secretario Alberto Álvarez Saavedra, quien dijo que “Argentina tiene que alcanzar el nivel de competitividad necesario para ser parte de un acuerdo de asociación, donde es probable que las asimetrías se vean acentuadas. Muchos sectores pymes tienen hoy grandes problemas que este acuerdo va a acrecentar. Es importante contar con el texto real para saber cuáles son los resultados del impacto del acuerdo que se está llevando adelante. No queremos que un documento final sea presentado como un libro cerrado. Hay que garantizar el consenso social para que beneficie a todos los sectores involucrados”. El presidente de Adimra, Juan Carlos Lascurain, advirtió que “no tenemos datos de casi 600 posiciones arancelarias. Se le da rango nacional a las empresas europeas y no se está contemplando las asimetrías y el impacto que va a generar”.
Marita González, integrante de la CGT y de la Secretaría Técnica del Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur, aseguró que “nos preocupa el apuro de la firma del mismo en diciembre. Necesitamos saber cuál es el impacto desde el punto de vista laboral. No se conoce más que el 50 por ciento de la oferta para el sector industrial. Autopartes está comprometido y creemos que las plantas se van a trasladar a Brasil”.
Los laboratorios nacionales también fueron muy críticos. “Dentro de los planteos de la UE está la extensión de las patentes de 20 a 25 años. Esto implica el freno en el vencimiento para muchas patentes, con lo cual las empresas nacionales no podrían ofrecer medicamentos a precios más reducidos porque las patentes mantendrían su posición monopólica”, dijo Mariano Genovesi, gerente de asuntos jurídicos de Cilfa. “No conocemos que se haya hecho un estudio de impacto. Y el Gobierno dijo que quiere firmar en diciembre. Ustedes saben lo que es negociar con un plazo fijo, es lo peor que se puede hacer”, agregó Isaías Drajer, presidente de Cilfa. “No estamos de acuerdo con que para tener una inserción inteligente nuestro país deba rebajar sus aranceles industriales para vender más toneladas de carne. Europa no quiere disminuir los subsidios que otorga a sus agricultores pero exige que resignemos nuestra industria”, agregó Ariel Aguilar, de la CGERA.