En una extenuante sesión, la Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer la adhesión al título VII de la ley nacional 27.742, que refiere al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También aprobó la adhesión al artículo 103 de la ley nacional 27.743, con lo que habilitó la posibilidad de incrementar las regalías en boca de mina del 3% al 5% para los nuevos proyectos de inversión. 

Ambos proyectos pasaron al Senado provincial, que actuará como cámara de revisión y se descuenta que los aprobará, atendiendo a la amplísima mayoría del oficialismo provincial. 

En el tratamiento del RIGI hubo dos contradicciones entre las espadas del oficialismo: una, afirmaron que es necesario adherir a este Régimen para dar "seguridad jurídica" a los grandes capitales que vendrán a invertir, lo que choca con el discurso de la provincia que siempre ha hecho gala de su seguridad jurídica; dos, un grupo de legisladores que lo votó habló pestes de la Ley Bases y el mismo RIGI y reconoció que lo vota porque lo pide el gobierno. 

La diputada Socorro Villamayor (del oficialista bloque Salta Tiene Futuro) fue la encargada de presentar el proyecto de adhesión al RIGI. Dijo que dará la posibilidad de que vengan más inversiones. Aseguró que en la reunión de gobernadores del Norte Grande, que se realizó ayer mismo en la Casa de Salta en Buenos Aires, el gobernador Gustavo Sáenz acordó con los otros gobernadores de la Mesa de Litio, Raúl Jalil, de Catamarca, y Carlos Sadir, de Jujuy, que tomarán decisiones en conjunto para asegurar que no haya ventajas competitivas. Jujuy ya adhirió al RIGI y Catamarca va camino a hacerlo, además, el gobierno catamarqueño envió el proyecto de ley para aumentar las regalías al 5%. 

Además, Villamayor sostuvo que en esa misma instancia, el gobernador salteño se mantuvo firme en mantener la exigencia de un porcentaje de mano de obra local, igual que la contratación de proveedores locales y la concreción de obras de infraestructura. “Son temas de los cuales no nos vamos a bajar”, aseguró. También destacó que la ex secretaria de minería de la provincia y de energía de la Nación, la salteña Flavia Royón, haya sido designada nueva secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio. 

El resto de legisladores que se expresaron a favor de la adhesión al RIGi hicieron afirmaciones parecidas. "Se trata de que vengan las inversiones", dijo el diputado Juan Esteban Romero (Salta Tiene Futuro). 

José Gauffin (PRO) consideró que tras aprobar esta ley, "urge recuperar la calidad institucional de Salta", que haya un mayor control de la hacienda pública, y puso como ejemplo la situación de la empresa Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA (REMsa), de la que dijo que los últimos cuatro años tuvo ingresos por "alrededor de 100 millones de dólares por la venta de catastros mineros" pero no los informa. 

Luis Albeza (del bloque oficialista Justicialista Gustavo Saénz Conducción) se ubicó un tanto equidistante entre los que adhirieron sin críticas al RIGI y los que adhirieron como quien traga un sapo. Enumeró los aspectos positivos del Régimen, "es beneficioso para Salta en cuanto a la actividad minera", pero también habló de "desventajas", entre ellas, el descuido a las empresas locales, sobre todo al pymes. Y concluyó con una frase que plantea la adhesión como una fatalidad: el RIGI ya está vigente en el país, "debemos adherir para no perder beneficios".

Si Salta no adhiere “estaríamos en desventaja con respecto a provincias vecinas”, coincidió la diputada Patricia Hucena (JGSC), quien pidió darle al gobierno las herramientas para que las inversiones lleguen a Salta. Dijo que el RIGI es "una oportunidad única" para atraer estas inversiones que van a generar "un círculo virtuoso" en la provincia. También aseguró que la seguridad jurídica por 30 años "es atractiva” para los grandes empresarios que buscan minimizar los riesgos.

El boque Unión Salteña-UCR mostró una vez más su alineamiento con el gobierno provincial, y el nacional, al adherir a este proyecto. Santiago Vargas lo justificó en que las fórmulas que se han aplicado en los últimos 25 años “han fracasado rotundamente”, hubo déficit fiscal, emisión descontrolada, la industria del gas y el petróleo destruido, el atraso cambiario y los subsidios, el mercado de la carne destruido, sostuvo. Su par de bloque Matías Monteagudo coincidió. 

No 

La diputada Isabel de Vita y el diputado Jorge Restom (Todos, referenciado en el kirchnerismo) fueron los únicos que votaron en contra, mientras que Soledad Farfán (UCR) se abstuvo. 

De Vita recordó que el RIGI no exige probar de dónde vienen los fondos de la inversión y las empresas no tienen obligación de abastecer el mercado interno. Cuestionó que haya sido declarado de interés nacional, a pesar de que no garantiza la superviviencia de las pequeñas y medianas empresas, de la industria nacional argentina, ni la defensa de nuestra agroindustria. 

“Una empresa que ingresa al RIGI no tiene obligación de presentar los resúmenes contables” como sí lo tiene otra empresa. "Un empresario internacional no tiene ni que presentar balance, ni rendir cuentas, cuando vamos a un conflicto vamos a un tribunal internacional. Evidentemente, la seguridad jurídica no es para nosotros”, aseguró.

Restom se opuso al RIGI invocando su experiencia como residente en el departamento San Martín, que vivió la abundancia de la explotación petrolera y la miseria de la retirada de las empresas tras aprovechar estos recursos. “Yo vivía en la década del 80 en San Martín y vivía en Beverly Hills, vivía en un departamento rico” y ahora hay una situación de gran pobreza, sostuvo. 

Soledad Farfán expuso las objeciones que realizó el presidente del partido en el Senado de la Nación, Martín Losteau. Cuestionó la "extrema generosidad" del RIGI con empresas extranjeras, "la magnitud de las exenciones impositivas que dejan en desventaja" a los emprendimientos locales y la pérdida de soberanía de las provincias. 

No, pero sí 

El justicialista Luis Mendaña (JGSC) inició las expresiones de diputados que cuestionaron el RIGI, pero votaron su adhesión. Calificó la Ley Bases de "horrible”. “Tiene algunos artículos que son serios y otros que son graciosos”. Dijo que algunos artículos son inaplicables porque cercenan preceptos constitucionales. "Hay artículos que fácilmente el gobierno de la provincia en el momento de la aplicación del RIGI los va a tratar de inconstitucionales y me imagino que irá a hacer todas las presentaciones judiciales que corresponden”, sostuvo.

Sobre su voto, dijo que “Hay una decisión política del bloque de aprobar esto” y en lo particular, porque es parte de "un proyecto de gobierno de un gobernador" del que siempre supo que es "pro minería”. 

“Adelanto mi voto positivo a esta ley miserable”, sorprendió en su momento David Taranto (Salta Tiene Futuro), quien cuestionó que en el gobierno nacional “abrieron el libro de beneficios fiscales” y “no dejaron beneficio fiscal sin dar” a las grandes inversiones, y en cambio, a los emprendimientos argentinos no les dieron nada. “Es inconcebible que esta inequidad sea presentada como un beneficio”. 

Gladys Paredes (Más Salta) agregó: “Estoy en contra de esta ley”. “Este proyecto está para beneficiar únicamente a las empresas extranjeras”, “eximen a las grandes inversiones de pagar impuestos por 30 años”, repasó antes de recordar que en su departamento, San Martín, “después que lo vaciaron, nunca más nadie quiso invertir en él”. 

Hubo quienes les respondieron. “El Cuerpo es soberano, voten en contra y luego den las explicaciones al Ejecutivo. No sé por qué hay que votar a libro cerrado”, los chicaneó Matías Monteagudo. Y Griselda Galleguillos (Ahora Patria): “es muy extraño que defenestran esta ley, que están en disgusto, pero votan a favor”, dijo antes de acusarlos de actuar con obsecuencia y "sin tener principios”.

La puerta para aumentar las regalías 

Patricia Hucena (JGSC) defendió el proyecto del Ejecutivo para adherir al artículo 103 de la ley nacional 27743, sobre medidas fiscales paliativas y relevantes, que abre la puerta para aumentar las regalías mineras. Aclaró que solo se está adhiriendo a esta ley nacional, que todavía no se está discutiendo el aumento de las regalías mineras, para lo cual habría que modificar la ley provoincial 8229. 

Una batería de legisladores cuestionaron esta adhesión, por entender que no es el momento, que genera confusión y que es contradictoria con la adhesión al RIGI. 

Juan Esteban Romero firmó un dictamen por minoría en el que propuso que solamente a las empresas que adhieran al RIGi se les puedan subir las regalías del 3 al 5%, “porque si no estamos actuando injustamente con las otras empresa que no tienen el beneficio del RIGI”.

Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular), que también firmó un dictamen en minoría, advirtió: “No podemos dar la sensación de que estamos cambiando las reglas de juego”, y dijo que es el peor momento para cambiar las regalías.

Sofía Sierra (PRO) cuestionó que se proponga una adhesión en abstracto. “No tiene ningún sentido discutir hoy esta adhesión que lo único que hace es generar incertidumbre”, sostuvo antes de recordar que hoy ya hay una baja en la actividad por la baja del precio del litio. “Resulta por lo menos contradictorio por un lado adherir al RIGI y por el otro lado abrir la puerta aumentar las regalías”, sostuvo. 

“Este proyecto es totalmente inoportuno” porque hay una suerte de crisis en el mercado del litio, añadió José Gauffin (PRO).  

Socorro Villamayor respondió recordando que hasta hace poco los legisladores que ahora se quejan de esta adhesión cuestionaban que las regalías que cobra la provincia sean de solo el 3%.  La oposición está intentando “engañar a todos los salteños” porque no se está aumentando las regalías, sumó Patricia Hucena.