Un tarifazo “odioso e ilegítimo”

En septiembre de este año y según el Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, arañábamos los 105.000 millones de dólares de endeudamiento macrista. Pero el problema trasciende la sideral cifra: de ese monto el pueblo argentino no vio un peso, ni verá. Por el contrario, cada centavo de esa deuda sirve para vaciar nuestros bolsillos, financiar la fuga de capitales, financiar también el egreso de divisas para atesoramiento y el giro indiscriminado de dividendos. En pocas palabras, una deuda que es una estafa al Estado y un saqueo al pueblo. A endeudamientos de esta naturaleza se los conoce en el mundo como “odiosos, ilegítimos e insostenibles” (Doctrina de la Deuda Odiosa). “Odioso”, por su carácter antidemocrático y porque los acreedores son conscientes que los intereses populares no son los destinatarios de la operación; “ilegítimo”, por violar derechos humanos y normativas legales; “insostenible”, porque atenta contra la viabilidad de la Nación, la realización humana y las condiciones de vida fundamentales de las generaciones venideras. 

Y de una deuda odiosa, a un tarifazo odioso. Sucede, precisamente, que la política energética del macrismo es una estafa de iguales –sino peores– proporciones. La deuda hipoteca el futuro inmediato; pero el tarifazo condiciona el presente y funciona como poderosísimo instrumento de ajuste. Y es por esto mismo que se impone, no solamente la suspensión de los incrementos tarifarios registrados desde diciembre de 2015 en luz y gas, sino también se les dé igual tratamiento que a la cuestión de los endeudamientos utilizados para el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento generalizado de las grandes mayorías. Porque, además, este tarifazo, que no es ni más ni menos que la ciudadanía toda subsidiando a un puñado de empresas socias y dueñas del Poder Ejecutivo, contribuye a financiar aquel endeudamiento odioso que recién empieza. 

¿Por qué? Porque el subsidio por miles de millones de dólares que la ciudadanía eroga directa e indirectamente de sus propios ingresos le permite a la administración neoliberal de Mauricio Macri reducir los subsidios estatales que, si antes beneficiaban a decenas de millones de hogares, pymes, jubilados, científicos, etc., ahora se vuelcan masivamente al pago de los servicios de la deuda. Solo entre enero y agosto del corriente año, de acuerdo al ODE–UMET, pagamos en intereses de la deuda externa 4300 millones de dólares. Pues bien, las inversiones realizadas en 2015 dirigidas a apuntalar un sistema gasífero en calidad de derecho humano y herramienta de desarrollo, rondaron los 5500 millones. Dichas inversiones permitieron sustituir importaciones, mejorar los niveles de producción, acompañar una demanda creciente y fomentar nuevas inversiones. Ya que estamos, es importante aclarar: es mentira que nos quedábamos sin gas, teníamos cada vez más. 

Pero aquella recuperación fue dilapidada; cambió. Y cambió, como todo, para peor. El monto que las petroleras, las distribuidoras y las transportistas del gas recaudan no varió sensiblemente. Lo que sí varió, es que buena parte de esa cifra –y de forma gradual– la pone el pueblo argentino. Y algo todavía más grave y que nos remite al inicio de esta nota: como pasa con la deuda, del tarifazo no vemos un solo centavo de beneficios. Los nuevos cuadros tarifarios y los nuevos precios del gas en boca de pozo están provocando una caída inusitada e inexplicable de nuestros hidrocarburos, disparando las importaciones, atrofiando el consumo, reduciendo a valores históricos la expansión del servicio público de gas por redes y promoviendo un falso excedente para reeditar la estafa exportadora como en los noventa. ¿Cuánto recibieron las productoras en dos años de subsidios estatales y subsidios ciudadanos vía incremento tarifario? 7400 millones de dólares, según informó recientemente el cartel empresarial en poder del Ministerio de Energía. ¿Dónde está ese dinero? Ninguno de los objetivos propuestos por el presidente Macri, y que según él justificaban el tarifazo, se ha cumplido.

Todo lo contrario. Y es por esto mismo que debe encararse una campaña masiva de participación ciudadana para pedir la suspensión del tarifazo y declarar su carácter “odioso, ilegítimo e insostenible”.

* Director de OETec.