El proyecto de “Compre Argentino” consiguió ayer dictamen en el plenario de las comisiones de Obras Públicas, PyMEs y Presupuesto de la Cámara de Diputados. El proyecto del Ejecutivo sufrió cambios por parte del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, que apoyaron al oficialismo en la votación. El FpV y la izquierda presentaron dictámenes de minoría. Como se esperaba, subió el margen de preferencia para las pymes y también para las grandes empresas en las compras públicas. Además, se estableció un piso de reserva de mercado del 20 por ciento para pymes nacionales en licitaciones chicas. La iniciativa podría debatirse el próximo miércoles en el recinto. 

El proyecto del compre nacional recibió dictamen en un plenario de las comisiones de Obras Públicas, que preside Sergio Ziliotto (Bloque Justicialista); de Pymes, a cargo del salteño Pablo Kosiner (Bloque Justicialista), y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Luciano Laspina (PRO). La iniciativa busca incrementar los porcentajes de compras de industrias nacionales en las contrataciones del Estado. Uno de los mecanismos es el margen de preferencia a las ofertas de bienes nacionales para las PyMEs, que pasa del 7 al 15 por ciento, por encima del proyecto original que ponía un techo del 12 por ciento. Para las grandes empresas se pasa de un 5 al 8 por ciento. Los industriales, de todas maneras, pedían un margen mucho más alto. “El margen de preferencia debe estar en el 25 por ciento para las pymes, como sucede en Brasil”, indicó Ariel Aguilar desde la Confederación General Empresaria Argentina (Cgera).

Una de las principales incorporaciones fue la inclusión de un piso de reserva de mercado del 20 por ciento para bienes nacionales en compras abajo de 1.300.000 pesos y para obra pública de vivienda y edificios públicos en hasta 100 millones de pesos. Para ser considerado un bien nacional y por lo tanto susceptible de recibir los beneficios, al igual que la norma actual, el máximo contenido importado es del 40 por ciento.

Otro de los cambios consiste en la incorporación de una cláusula que permite recotizar a las PyMEs en compras de hasta 20 millones de pesos en los casos en donde pierdan la compulsa frente a una empresa grande o un importado por hasta el 20 por ciento de la mejor oferta. En ese caso, la pyme tiene una segunda chance de cotizar. Los sujetos alcanzados por la ley son los organismos de la Administración Pública Nacional y los concesionarios de servicios públicos. Se incorporaron el Ministerio Público Fiscal, el Poder Legislativo y los Fondos Fiduciarios del sector público nacional. También ingresa Cammesa, salvo para el caso de las energías renovables (que tienen su propia ley estímulo). Como informó este diario, YPF queda exceptuada del régimen general aunque “se la obliga a aplicar un Programa de Desarrollo de Proveedores”, aclaran fuentes oficiales.

Los industriales advierten que en el proyecto oficial se mantiene la potestad del Ejecutivo de bajar el nivel mínimo de integración nacional en las licitaciones. En el Gobierno aclaran que esa posibilidad aparece para las pymes después de los tres primeros años de aplicación de la ley y “sólo se puede bajar con un informe fundado y sobre compras grandes, con giro del informe a la comisión bicameral del programa de Participación Público-Privado”. La reducción de la integración no aplica en compras por debajo de los 80 millones de pesos. Ante casos de incumplimiento, el proyecto establece desde un apercibimiento hasta multas de entre el 5 al 50 por ciento del monto del contrato, penalidad monetaria que puede reducirse hasta en 50 por ciento si la empresa rectifica su falta inmediatamente.