El diputado provincial Carlos Del Frade salió al cruce del clima triunfal que surfea Maximiliano Pullaro sobre seguridad pública y su mayor trofeo: haber logrado una abrupta disminución de los homicidios en Rosario. El legislador lo hizo con una carta abierta en la que le exige al gobernador explicaciones finas sobre la autenticidad de esta aparente pacificación, y le transmite algunos rumores inquietantes que podrían alterar esa calma en breve.

Del Frade le reclama al mandatario conocer de verdad los motivos que lo reunieron el 31 de julio con el embajador estadounidense Marc Stanley, y la instalación de agentes norteamericanos en la provincia. En la misiva, desliza como posibilidad la proliferación de negocios ilegales a la sombra de acuerdos internacionales si el control local no está a la altura. Como ejemplo, pone Del Frade a la hidrovía Paraná.

La carta del diputado pondera la disminución de casi 60% de los homicidios en el Gran Rosario, pero le requiere al Ejecutivo que "haga público el conjunto de medidas" tomado para lograr este resultado. "Y denunciar y juzgar a los encargados de hacer las cosas mal y quienes miraron para otro lado", agrega bajo riesgo de que la violencia urbana pueda volver a recrudecer.

Del Frade se permite tomar distancia de la suficiencia gubernamental y preguntar si el Ministerio de Seguridad "logró el control efectivo de los barrios desde las instituciones democráticas" luego de los cuatro asesinatos de trabajadores ocurridos en marzo, como represalias instigadas por "un grupo de bandas narcopoliciales barriales".

A eso le añade el mensaje los últimos episodios de violencia registrados en la barrabrava de Newell's y el ataque a tiros contra el jefe de la barra de Central, Andrés "Pillín" Bracamonte después del clásico. "Parece mostrar la lucha por un territorio siempre relacionado con bandas narcopoliciales disfrazadas de barrabravas, como una de las tantas divisiones y multiplicaciones de Los Monos", arriesga Del Frade. Y advierte sobre el peligro de que esa violencia desborde y derrame sobre la ciudad. 

En este marco, Del Frade desliza un dato sombrío: "En distintos barrios de la ciudad de Rosario, organizaciones sociales hablan de la presencia de 'reguladores' de las grandes bandas narcopoliciales que estuvieron comprando armas para alguna acción a futuro", dice en su carta abierta. 

Por lo mismo, opina que los denominados "presos de alto perfil" hasta lo sabido aquí son sicarios a lo sumo, pero no "grandes distribuidores o exportadores de sustancias ilegales". Y acusa que en la periferia "existe la preocupación de que muchos de esos sicarios pueden recuperar la libertad en poco tiempo".

En otro tramo, aborda cuestiones vinculadas al Servicio Penitenciario como "compra de celdas por 50 mil pesos mensuales en el penal de Piñero, maltrato a los familiares de presos comunes, comida deficiente".

La carta le dedica buena parte a la necesidad de investigar y controlar el tráfico en la hidrovía Paraná, incluso a las empresas navieras y agroportuarias que cargan denuncias de delitos económicos y las salpica el envío de cocaína hacia Europa desde los muelles privados de los departamentos Rosario y San Lorenzo. Asimismo, marca sospechas sobre varias compras de terrenos en Pueblo Andino por parte de colombianos que aparecen "con miles de dólares en mano". Y otros episodios conexos como el decomiso de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto en una propiedad del ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, o el puerto seco que funcionaría impune en el cruce de las rutas 34 y A012.