“Insensibilidad” desde Nación versus “comunidad organizada” en la Provincia. Con esta diferencia, Santiago Fidanza describe el escenario que comenzó el 10 de diciembre a regir en la provincia de Buenos Aires. Hoy, en este contexto, le toca el desafío de comandar la Mesa de Respuesta Comunitaria en la Emergencia, recientemente lanzada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
"Desde el Gobierno nacional no ejecutaron un solo peso del presupuesto nacional para emergencias”, afirma Fidanza, director de Organización Comunitaria dentro de la cartera que comanda Andrés “Cuervo” Larroque. Con el recuerdo fresco de lo sucedido en Bahía Blanca a fines del año pasado donde Javier Milei, palabras más, palabras menos, les dijo a los bahienses que se arreglaran como pudieran, el Gobierno provincial apuesta por el camino inverso.
Más aún cuando los números del 2024 arrojan un escenario comprometedor en lo que respecta a emergencias climáticas, la problemática central que abordará la Mesa de Respuesta. “En los primeros cuatro meses de este año tuvimos la misma cantidad de temporales que en todo 2023”, detalla Fidanza a Buenos Aires/12.
El funcionario provincial atribuye estos indicadores a un fenómeno que el Gobierno nacional desconoce: el cambio climático. Mientras Milei pretende que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria no se usen más esto términos en sus documentos y no se investigue al respecto, Fidanza advierte que, en los últimos tiempos, las tormentas ya no son un episodio de pocos meses. “Antes se daban entre marzo y abril, pero hoy nos encontramos que todo el primer semestre tiene tormentos y también en noviembre y diciembre”, asegura.
Con cinco años de experiencia al frente del área y con tareas similares a nivel nacional en 2015, asegura que los primeros en arribar a una zona de emergencia y abordar los problemas urgentes son los vecinos y las organizaciones sociales. “Nosotros creemos en la capilaridad de fuerzas vivas, en las asociaciones de todos los tipos, y por suerte nuestro país cuenta con una heterogeneidad de todo tipo que el Estado sólo no puede replicar”, señala.
Toda esta perspectiva nace con la misión de paliar los efectos del abandono por parte del Estado nacional. El cierre de dependencias de organismos nacionales, el despido de miles de trabajadores, la escasa asistencia social y la limitación de los recursos dejaron a las provincias, entre ellas a la de Buenos Aires, con la necesidad de reorientar sus energías a suplir un abanico interminable de ausencias. Entre ellas, una historia infinita que recién está viendo algo de luz: la distribución de alimentos por parte de la Nación.
Según explica Fidanza, el ministerio articula con más de 1.800 organizaciones y alrededor de 6 mil instituciones que, en su mayoría, tienen a la distribución de alimentos como su principal tarea. “Esto crece y se profundiza”, afirma, mientras lamenta la demora por parte del Gobierno nacional en la entrega de mercadería.
“Tienen una tara ideológica”, sostiene el director. “Hay miles de personas que aportan su tiempo y recursos para darles de comer a los demás y el mensaje nacional es que sos delincuente y te van a perseguir”, repudia Fidanza.
Sin asistencia y sin alimentos
La actitud del Gobierno nacional no sorprende a Fidanza. “Tienen una política social donde, en cualquier aspecto, el sesgo que prima es la insensibilidad”, remarca el funcionario. En este sentido, rememora el camino destructivo para la Provincia respecto al nulo reparto de alimentos durante seis meses a comedores bonaerenses y de todo el país.
“Acá, de entrada, hubo una decisión política de Milei, de Sandra Pettovello o de Pablo De la Torre de no entregar alimentos de manera directa a espacios comunitarios con comedores bajo la premisa falaz de que los lugares no existían”, recuerda Fidanza sobre los primeros días del año.
En aquel momento, filas de más de diez cuadras de personas estaban presentes en la puerta del Ministerio de Capital Humano que lidera Pettovello en reclamo de asistencia alimentaria. “Mediatizaron listados de instituciones y me llamaban personas de los comedores que existen y trabajan todos los días porque veían el nombre de sus espacios que en los medios los trataban de chorros”, apunta el director provincial.
“Milei les sacaba la comida y a los tres meses los mandaba a auditar, pero en tres meses el que no recibía alimentos dejaba de funcionar”, remata. Era una profecía autocumplida, según la mirada de Fidanza, que buscó justificar la decisión de no entregar comida en un contexto de más de un 50 por ciento de inflación acumulada en el primer trimestre de gobierno libertario.
Con la paralización de la actividad económica, la devaluación inducida, con la pobreza por encima del 50 por ciento y una indigencia que se duplicó, la alimentación pasó a ser la problemática central de una enorme porción de los bonaerenses.
En pleno conflicto con las organizaciones sociales, sale a la luz que el Gobierno nacional tenía retenido 5 millones de kilos de alimentos próximos a vencerse. La Justicia ordena repartirlos, algo que, según Fidanza, sucedió a cuentagotas. “Repartieron unos lotes de leche que se estaban por vencer por medio del Ejército, y luego apostaron con la Fundación CONIN, pero que terminó siendo un fiasco por su incapacidad para hacerlo”, repara.
Por ende, señala, la decisión de Nación fue hacer el reparto por medio de las provincias. En el caso de Buenos Aires, Fidanza detalla que se reparten entre 5 y 6 millones de kilos de alimentos mensuales. “Ahí nos mandan un convenio, confirmamos que estamos dispuestos a hacer el reparto, pero planean que el modelo de distribución tiene que ser desde las escuelas y basados en un índice de vulnerabilidad de 2014”, relata. ¿La respuesta? “Le dijimos que no era acertado y que lo haríamos con nuestro criterio y rindiendo en el formato que se pretenda”.
“Ellos diseñaron una mecánica con el objetivo de no darle comida a los comedores comunitarios vinculados a organizaciones sociales”, resalta Fidanza. “Están obstinados en no darle comida a los que los denunciaron”, agrega. La realidad, indica, es que les daban escasos alimentos y, además, en lo que respecta a las escuelas, la Provincia cuenta con el programa MESA y el SAE.
En los últimos días, incluso, se anunció el aumento de una 25 por ciento de las prestaciones del Servicio Alimentario Escolar y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, lo que acumular un 142 por ciento en lo que va del año. Ambas iniciativas permiten que 2,4 millones de chicos y chicas que desayunen, merienden, almuercen o todas juntas en 11 mil establecimientos educativos de la provincia.
Tras el rechazo, vino otro convenio de parte de Pettovello, pero seguían firmes con el tema del viejo índice de vulnerabilidad. Cuenta Fidanza que se dirigió hasta la sede de Capital Humano, pero fue recibido por una persona que le aseguró tener a su cargo la definición del problema pero que no contaba con un cargo nombrado en el ministerio. No aceptó ser tratado por alguien sin responsabilidad legal.
“Ya lo dijo el ministro Larroque, no conocemos a Pettovello ni quien reemplazó a De la Torre”, resalta. Pablo De la Torre, hermano del ex intendente de San Miguel y actual senador libertario, Joaquín De la Torre, salió eyectado luego de que se conociera la situación de los alimentos sin repartir.
El convenio, finalmente, se firmó. Pero, señala Fidanza, en el proceso de la discusión se enteraron que, por única vez, la Provincia recibiría 1,5 millones de kilos de yerba y 600 mil litros de aceite, en conjunto con números muy menores de tomates y arvejas enlatadas. “Es irrisorio”, condena.
“Simplemente quieren repartir lo que tienen comprado porque, por lo que tengo entendido, no tienen planteado comprar más y lo que tienen es ridículo, no lo quieren repartir y encima ahora nos venimos a entera que la yerba, que es lo que más tienen, está pendiente de una definición judicial para saber si es apta para el consumo humano”, explica.
Trabajar con los que saben
Desde el ministerio que comanda Larroque, conjugado con la experiencia laboral de Fidanza, la conclusión a la que se arriba es que, ante una catástrofe climática, el primer abordaje estatal lo realiza el personal de Defensa Civil y la Policía. Todo eso, aseguran, está protocolizado y con gente idónea de parte del Estado para intervenir durante la emergencia climática y con posterioridad.
Pero, para el funcionario provincial, existe un universo de espacios que están por fuera de la estructura política que intervienen por su cuenta y, en varias ocasiones, se realiza con una falta de coordinación con la gestión municipal. “Por eso queremos generar ámbitos de capacitación y formación para que la misma gente en los barrios no corra un potencial peligro”, afirma.
¿Por qué? Porque el primer abordaje de las situaciones de emergencia la realizan los vecinos. “Te encontrás con personas que, sin estar nunca vinculadas a, por ejemplo, Defensa Civil, saben un montón y tienen mucha experiencia en territorio”, asegura Fidanza.
Con este marco, el objetivo de la Provincia es organizar una serie de encuentros a lo largo del año para capacitar a instituciones comunitarias. Del lanzamiento de la Mesa participaron, entre otros, La Alameda, Rotary, Fuerza Solidaria y Tres Banderas.
También estuvieron representantes de las organizaciones Vientos de Libertad, José Martí, Scouts Argentina, Fundemos, Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, Cuerpo Argentino de Socorrismo y Asistencia, Cristianos en Emergencia y Rescate, Catedral de la Fe, Rescatistas Punta Alta y la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires.
