La causa que investiga el crimen de Carlos "Bocacha" Orellano --el joven que fue a bailar a la Estación Fluvial y su cuerpo apareció flotando en el río--, cometido en febrero de 2020, sumó ayer un nuevo capítulo con la realización de otra audiencia previa a la sentencia de la Cámara Penal. La instancia, en el marco de la revisión del caso que tiene sindicados a dos patovicas y dos policías, generó incertidumbre en la familia, ya que tiene que ver con que uno de los camaristas que integra el tribunal de apelación, y que estuvo en las audiencias de febrero, se jubiló, y ahora otra jueza completa el trío de magistrados. Tras la cita de ayer, el reclamo de justicia entra en un nuevo plazo de espera para conocer la resolución.

La audiencia de ayer tuvo que ver con que, pese a que un tribunal ya escuchó a las partes en la apelación de principio de año, uno de los jueces se jubiló y en su lugar entró al caso otra camarista. Ante ello, la jueza Gabriela Sansó, en reemplazo de Daniel Acosta, escuchó ayer a los imputados y los familiares querellantes, con el fin de tomar conocimiento de las partes en la causa por la que deberá resolver el tribunal que se completa con Alfredo Ivaldi Artacho y Georgina Depetris, en relación a los planteos sobre la sentencia de primera instancia que decepcionó a la familia de Bocacha, con tres condenas --a 6, 9 y 12 años, para un patovica y dos policías-- y una absolución.

 

El padre de la víctima recordó: "Nos habían dicho que se iba a leer la sentencia en junio, pero después nos dijeron que el juez se jubilaba, cuando tenía hasta el día 1 (de julio), le faltaban cinco días. Ahora entra una jueza que no conocemos". En ese contexto, Edgardo manifestó el temor de la familia: "¿Qué pasa ahora si liberan a todos?", preguntó en Canal 3.

El abogado querellante, Salvador Vera, sumó que se trata de una "audiencia de conocimiento directo de la magistrada a las partes. Nos parece que hubo una vulneración tanto de la víctima como de un principio constitucional básico que es el del juez natural", planteó. "La familia está mal con esta situación porque tiene un panorama de mucha incertidumbre, que es razonable, y transita un proceso de revictimización profundo a través de esta situación, porque son los propios familiares los que le hablan directamente a la jueza, en este caso, para contarle quién era su hijo y cómo (el hecho) afectó a la familia en varios aspectos". En tanto, ahora se enfrentan a otro espacio de espera para conocer la decisión.

Por el caso, el fiscal Patricio Saldutti y la querella acusaron a los policías Gabriel Nicolossi y Karina Gómez, y a los empleados de seguridad privada del boliche Sr. Ming, Emiliano López y Fabián Maidana, con pedidos de pena de entre 17 y 23 años de prisión.

Cuando presentó la acusación, el fiscal dijo que los hechos comenzaron "entre las 4.30 y las 5 de la madrugada, mientras (los acusados) se encontraban cumpliendo servicio de policía adicional y seguridad privada para el local bailable, luego de que la víctima fuera retirada del boliche ejercieron violencia física contra Orellano. Tras rodear a la víctima contra la baranda del río, aprovechándose de la superioridad física y numérica, lo golpearon, determinando con su accionar que Orellano saltase las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del Paraná, circunstancias que le provocaron el fallecimiento". Además, planteó como "elemento demostrativo del dolo, la actitud posterior de los imputados, que tardaron un tiempo considerable en dar aviso a Prefectura para el rescate; se retiraron del lugar; se despreocuparon de la situación; y además, cada vez que se refirieron al hecho dieron versiones falsas, buscando desvincularse".

Al término del juicio oral, en junio del 2023, el tribunal consideró a tres de los acusados como responsables de un homicidio preterintencional; es decir, que no lo buscaron pero que cada uno de sus actos esa noche fue lo suficientemente imprudente como para que sucediera la muerte. Así, condenaron a Gómez, a 9 años de prisión; a Nicolossi, a 12 años; y al patovica López, a 6 años de prisión. En la misma sentencia, fue absuelto el cuarto imputado, también de seguridad del local. Fiscalía y querella insisten con la figura del homicidio con dolo eventual.