La Justicia federal rosarina aceptó ayer investigar por lavado de activos a Andrés “Pillín” Bracamonte, por lo cual se abrió un conflicto de competencias con el fuero provincial, que en el mes de mayo había reclamado para sí la investigación sobre el blanqueo del dinero obtenido por extorsiones a empresas constructoras, en sociedad con el líder sindical Carlos Vergara. Fue el juez Carlos Vera Barros quien hizo lugar a la solicitud de tres fiscales federales que quieren avanzar sobre la economía del jefe de la barra brava de Rosario Central, quien el último sábado fue herido de en medio de una lluvia de balas, tras el clásico disputado el sábado en Arroyito. El magistrado hizo lugar al pedido que le habían hecho los fiscales Federico Reynares Solari, Juan Argibay y Matías Scilabra, que buscan avanzar sobre la situación patrimonial de Bracamonte. Técnicamente esto se conoce como “conflicto positivo de competencia” que ocurre cuando un Tribunal provincial y uno federal reclaman participar en una investigación excluyendo al otro. Al diferendo debe resolverlo un “superior común”, que es la Corte Suprema nacional, que como se sabe no tiene plazos urgente para resolver.

El titular del Juzgado Nº 3 de Rosario, aceptó la competencia para investigar a Pillín por lavado de activos, en medio de una media judicial que resulta compleja de explicar. Es que la Justicia provincial primero había girado parte de la causa donde está involucrado junto a dirigentes de la Uocra en una asociación ilícita, pero luego un camarista resolvió que el expediente continuara en manos del Ministerio Público de la Acusación.  Fue el juez Facundo Becerra quien resolvió el 22 de diciembre de 2023 girar parte de la investigación del fiscal Miguel Moreno por asociación ilícita, extorsiones y lavado de activos a la Justicia federal al considerar de que había maniobras que excedían la competencia provincial. No obstante, el camarista Daniel Acosta el 8 de mayo pasado ordenó que el legajo siga en manos del fuero ordinario.

 Acosta dijo entonces que uno de los planteos de los fiscales se basa en lo atinente a la “presunta irrupción de Bracamonte con la logística de la "barrabrava" del Club Atlético Rosario Central y con el ropaje jurídico de una sociedad integrada con el coimputado Fernando R. de extorsionar a empresas constructoras –con el aporte de los imputados perteneciente a la conducción de la Unión Obrera de la Construcción– para que contraten sus servicios de baños químicos y viandas en los lugares de su operatoria”.

Técnicamente esto se conoce como “conflicto positivo de competencia” que ocurre cuando un Tribunal provincia y uno federal reclaman participar en una investigación excluyendo al otro. Al diferendo debe resolverlo un “superior común”, que es la Corte Suprema nacional.

Vale remarcar los argumentos de los fiscales Reynares Solari , Scilabra y Argibay ante Vera Barros reclamando la competencia : "En primer lugar, que tal como se desprende de este requerimiento de instrucción, el objeto de la investigación será corroborar la hipótesis de que tanto Bracamonte como Vergara, han obtenido beneficios producto de una organización ilegal vinculada a diversas extorsiones a personas del rubro de la construcción. Por el contrario, la investigación donde se dictaminó precedentemente se originó a partir de una denuncia -sobre la cual se reservó la identidad- que daba cuenta que Andrés “Pillin” Bracamonte sería quien “movía” la droga en zona norte de Rosario a través de 15 taxis en forma de delivery".

"En segundo lugar -continúa el escrito federal al que accedió Rosario/12- no puede soslayarse que la actividad ilícita desplegada por la organización tiene como base el funcionamiento de la UOCRA, de la cual Carlos Vergara era titular de la Seccional Rosario, tal como se desprende del hecho imputado".

En tercer lugar los fiscales remarcan que el fuero federal "ha sido ratificado aún en otras investigaciones provinciales, por ejemplo cuando esta tesitura fue tomada por el colegio de Jueces de Primera Instancia al hacer lugar a la acción declinatoria instada por el propio MPA dentro del expediente “Mariana Ortigala y otros/Lavado de Activos”, haciendo mención que “existe un claro interés del Estado Nacional que justifica el pedido de declinatoria de competencia por encontrarse comprometido el orden económico y financiero del país, más aún teniendo en cuenta que nos encontramos en los momentos iniciales de la investigación en el presente fuero y que la justicia federal se encuentra investigando el mismo”.

“Pillín”, por otra parte, resultó herido el pasado sábado en un ataque a tiros ocurrido en el Parque Alem minutos después del clásico que se disputó en el Gigante de Arroyito. De acuerdo a la investigación en curso, junto a su pareja fueron baleados por dos sospechosos que se desplazaban en una moto. Él sufrió una lesión cutánea en la espalda y ella en el codo derecho.

La investigación por la balacera está a cargo de la fiscal Georgina Pairola, que ordenó una serie de medidas a la Policía de Investigaciones, que levantó ocho vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena del hecho.

No es la primera vez que los disparos cerca del “Pillín” son noticia. En febrero pasado, dos gatilleros en moto efectuaron diez tiros en el ingreso al country Los Álamos de Ibarlucea, donde vive Bracamonte, y dejaron una nota con contenido intimidatorio sobre unos sugestivos "kilos" que tendría que devolver.