Una mujer que había dado a luz los primeros días de agosto en el Hospital de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán entregó a su bebé a una familia de Bermejo, ciudad boliviana que limita con el pueblo argentino de Aguas Blancas, en el departamento Orán. 

“Como ciudadana, lo que me llamó la atención es que realmente tenemos una zona fronteriza abierta, que salió una bebe de nuestro país sin documento, sin nada”, reflexionó la gerenta de Atención a las Personas del Hospital oranense San Vicente de Paul, Karina Segovia, al hablar con Salta/12. Entre otras cosas, destacó que cuando la beba fue entregada por una de las acusadas “estaba muy bien cuidada”.

Por su parte, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, accedió al pedido de la fiscal María del Carmen Núñez, y dispuso la prisión preventiva de dos de los tres acusados por entender que existe peligro de fuga, dado que pueden cruzar la frontera con facilidad. 

La madre de la beba quedó en libertad pero con prohibición de acercamiento a su hija. Aunque el delito que se les imputó es por “supresión de estado civil”, Montoya fue un poco más lejos y habló de la posibilidad de que se trate de una “red internacional de trata”.

Nunca llegó a la casa 

El 4 de agosto pasado una mujer de 37 años que vive en la finca Abra del Sol, en el camino que se encuentra entre Orán y Aguas Blancas, fue a dar a luz al Hospital de Orán.

La mujer tuvo un parto por cesárea y estuvo en el Hospital dos días con su beba, hasta que fueron dadas de alta.

Por la edad de la mujer y la práctica quirúrgica realizada, y también para conocer el estado de la recién nacida, Segovia explicó que el protocolo del Hospital dispone el control domiciliario.

En ese marco se coordinó que un agente sanitario fuera a la finca Abra del Sol, del paraje Sauzalito, para revisar a madre e hija. Pero al llegar, el agente vio a la mujer pero no a la beba. Cuando consultó, la madre le dijo que la nena estaba internada en el Hospital.

Al verificar la falsedad de esta afirmación, el Hospital activó un alerta. Segovia contó que ella misma fue hasta la vivienda de la mujer en la zona rural. Godoy ya no estaba pero sí su madre. “Cuando le pregunté por la beba, la mujer me respondió que nunca había llegado a la casa”, dijo la médica.

Godoy había registrado un segundo domicilio que estaba en el barrio 30 Viviendas de Aguas Blancas, el municipio fronterizo de Orán.

Pero al hacer la visita no hallaron a nadie. El viernes 9 de agosto, dado que el propietario de la vivienda, Evaristo Caiguara Ortiz, era conocido, se pudo dar con él. Entonces se puso en contacto con su hermana, María Caiguara Ortiz, quien reside en la ciudad boliviana de Bermejo, separada del territorio argentino solo por el cauce del río homónimo, quien se presentó en la Comisaría de Aguas Blancas con la beba.

Trata o necesidad

Apenas fueron imputados, los tres acusados pidieron declarar.

De esas declaraciones surge que la mujer se habría visto acorralada, dado que su madre le había advertido que no quería un niño más en la casa. Y es que la mujer es madre de otros dos niños.

Dijo que frente a esta situación fue a ver a Evaristo, un amigo de años de su padre, ya fallecido, y le explicó la situación diciéndole que no sabía qué hacer.

Ante ello, Evaristo actuó de intermediario para que su hermana, María (quien vive en Bermejo), se hiciera cargo de la criatura

La parturienta había gestionado un turno el 22 de agosto en el Registro Civil para inscribir a la beba. Los hermanos adujeron que actuaron de buena fe y que en todo momento su intención fue realizar las diligencias legales para obtener la adopción de la nenita.

Dijeron que ante el temor de la madre de regresar a su casa con la niña accedieron a tenerla hasta la fecha del turno en el Registro Civil, donde pensaban formalizar una adopción.

Ante este relato y las demás circunstancias que rodean el caso, la fiscal Núñez insistió con la imputación de los tres acusados, pues aún restan llevarse a cabo otras medidas de prueba, entre ellas las pericias a los teléfonos secuestrados a los tres acusados.

Los delitos que se les imputan dependen del de actuación que se les atribuya a las dos mujeres y el hombre, y las penas pueden ir de los 2 a los 10 años de prisión en caso de que se los declare culpables.

Mientras la causa se tramita, la beba quedó bajo la tutela de la Secretaría de la Niñez de Orán y en la audiencia estuvo representada por la Defensoría Pública de Menores.