Dos proyectos de ley impulsados por el gobierno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos vuelven a poner en peligro los usos de los humedales del Delta del Paraná. Y movilizaron a distintas organizaciones socioambientales, entre ellas, los feminismos litoraleños. “Están considerando como un bien de mercado a zonas que son áreas naturales protegidas”, sostiene Soledad Ferrería, magíster en arquitectura del paisaje y fundadora de Taller Flotante, una organización de la ciudad de Victoria, que siempre insta a pensar desde una mirada victoriense, y de mujeres.

Sin una ley específica que proteja los humedales, y en un país que hoy tiene aval jurídico para “avanzar en la explotación de sus recursos naturales”, tal como dice el Pacto de Mayo, el Ejecutivo entrerriano ingresó el 13 de junio pasado en la Cámara de diputados provincial una iniciativa para crear una Agencia Administradora de Bienes Inmuebles y el 18 de julio, la adhesión al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), a la que suma su propio Régimen de Incentivo para las Nuevas Inversiones (RINI), donde se incorporan pequeñas y medianas empresas, así como las actividades industrial, turismo e industria cultural.

Ferrería aclara que es bienvenido un ordenamiento de la administración de bienes inmuebles provinciales, porque en esa materia, hay seis organismos distintos para manejarlos. “Reunir todo en una sola agencia es necesario”, sostiene y también advierte que la preocupación es “cómo hacer para que estas zonas del territorio entrerriano que son propiedad del estado provincial, no pasen a ser lo mismo que un inmueble considerado mercancía”.

Por eso mismo, un grupo de organizaciones Guardianas del Humedal exigieron “la expresa exclusión, en el proyecto de ley, de cualquier posibilidad de venta o gravamen sobre las tierras públicas de islas y sus ecosistemas de bosques y humedales, de Entre Ríos”. Y, en lo referente a los permisos de uso de la tierra, reclamaron “un tratamiento especial que garantice su protección y conservación, que considere sus especiales funciones ecosistémicas y resguarde su integridad ecológica, la calidad del agua, biodiversidad y paisajes, así como sus valores culturales y los derechos de sus pobladores”. Quieren que ese documento sea incluido en el expediente legislativo, que hasta ahora sólo tiene giro a la comisión de Legislación General, donde todavía no ha sido tratada.

Desde la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas, el paranaense Enzo Culasso Orue señala: “Si bien las áreas de ambientes naturales protegidas no pueden ser vendidas, porque el Código Civil y Comercial lo restringe, eso no quiere decir que no los puedan disponer, porque se vienen otorgando permisos de uso con un criterio oscuro, desconocido por la sociedad. No se sabe a quién se dan esos permisos de uso” y plantea que hay “un vacío legal”. En 2011, el entonces gobernador Sergio Urribarri impulsó una ley de arroz, que fue escandalosa, porque delegaba en una Sociedad Anónima la administración de los humedales para ese cultivo durante 99 años. La lucha ambientalista logró frenarla. 

Después del fuego

Entre junio y noviembre de 2020, las quemas arrasaron con el 21% del territorio total de los humedales del Delta, calculado por fuentes oficiales en 486.934 hectáreas. “Desde Rosario ven el ecosistema más cerca”, expresa Culasso Orue sobre las movilizaciones impulsadas entonces en las dos orillas, ya que el humo –como está ocurriendo ahora- afectó a la población de la ciudad.

“Después de las quemas de 2020, se estaba empezando a organizar, se jerarquizó la dirección de tierras fiscales, se las mandó a la órbita de Ambiente, ya que son áreas naturales protegidas y presentan limitaciones sobre qué se puede hacer ahí. Entre Ríos ya ha fijado posición de que en las islas y los humedales, no se pueden producir monocultivos con uso de agroquímicos. Nuestra pregunta es a quién le están dando estos permisos de uso. Se presentan incendios en tierras que no presentan titulares catastrales, presumimos que quienes están haciendo uso lo hacen con total descontrol”, sostiene el abogado. 

Desde Victoria, Ferrería recuerda que “cuando hubo bajante y quema, en el período anterior, Catastro nunca entregó la documentación para ver toda la superficie con sus propietarios o con quienes estaban haciendo uso. Esa documentación no llegaba, eran grises”.

Victoria es una localidad de apenas 36.000 habitantes, con una gran extensión de 400 mil hectáreas, ya que las islas forman parte de su ejido. Está unida a Rosario por un puente sobre el río Paraná, en pleno Delta, que con sus 14.000 kilómetros cuadrados, y 320 kilómetros de longitud, abarca a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Parada en uno de los humedales más importante del país, la vida completa de los habitantes de Victoria está regida por el cuidado de ese ecosistema.

En 2003, el mismo año que se inauguró el Puente Rosario Victoria, por ordenanza 2185, el municipio de Victoria declaró sus humedales como Área Natural Protegida bajo la categoría de Reserva de Usos Múltiples (RUM) y en el año 2019, la provincia lo hizo a través de la ley 10.671. El año pasado, una ordenanza de Victoria -ratificada por una resolución de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos- estableció el Plan de Manejo de la Reserva de Usos Múltiples Humedales e Islas de Victoria. La importancia de estos ecosistemas no puede quedar a expensa de intereses comerciales. 

En este momento, es inminente un nuevo período de quemas, que ya está empezando (ver aparte). El ciclo del Niño fue breve, y la sequía vuelve a dejar disponible una gran cantidad de masa orgánica que es territorio propicio para la proliferación de incendios. Quienes viven en las islas –en su mayoría- no disponen de la renta que esas tierras producen.


Impacto inmediato

En este panorama, el proyecto impulsado por Frigerio plantea que las autoridades de la Agencia Administradora estén nombrados por el Ejecutivo, y que sus disposiciones no deberán pasar por la Legislatura provincial. “Si dan un permiso de uso por 20 años a un ganadero, lo podrán hacer sin que pase por ningún control legislativo. Algo que han intentado hacer fue poner a las tierras públicas como garantía de las tomas de créditos o préstamos internacionales”, dice Culasso Orue. Lo que proponen las organizaciones socioambientales es que “estas tierras tengan un tratamiento especial, que estén fuera de la Agencia, o que al menos tenga la participación de otros organismos del estado, como la Dirección de Áreas Naturales Protegidas o la Secretaría de Ambiente”.

Este proyecto todavía no tuvo dictamen de comisión. Más celeridad encontró la adhesión al RIGI y creación del RINI, que el martes pasado salió de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.

Ahí se prenden todas las luces rojas de alerta. “En los insumos y los suministros de los recursos, tienen prioridad las industrias o inversiones que están adheridas al RIGI”, señala Ferrería, quien proyecta que “si falta agua para una empresa, la embotelladora por ejemplo, irá primero a la embotelladora que al pueblo. Ahí es donde las poblaciones lo vamos a ver con un impacto rapidísimo”. 

Enumera otras desventajas: “los tiempos rápidos que propone la ley, hacen que vayan demasiado rápido para ciertas cosas como las evaluaciones de impacto ambiental, y tampoco exige evaluaciones posteriores y progresivas. Estas inversiones no están obligadas a encadenarse en la producción local, ni a hacer transferencias tecnológicas”.

Como se viene señalando, también es “muy jugado recibir encima grandes inversiones sin certificar esa procedencia. Todo este panorama hace a la destrucción de un entramado social, productivo”.

Y en ese punto, se relaciona con la Administradora de Bienes Inmuebles. “Estamos hablando del cuidado de áreas naturales protegidas, pero si la provincia los concesiona por 30 años, porque quiere hacer una producción de papa, queda anulada la normativa protectora, porque así lo establece el RIGI”.

La visión que propone Ferrería es “siempre desde las comunidades”. Si bien no se define como activista ambiental, hoy considera que su militancia es socioambiental. “Empiezo a relacionarme con este paisaje a través de las personas, lo que pasa es que tengo un entendimiento espacial de los asuntos. Entonces, lo voy a entender siempre desde una noción espacial”, afirma.

El otro aspecto es que la inclusión en el RINI del turismo abre la puerta a los “grandes proyectos inmobiliarios, con un gobernador que tiene antecedentes de este tipo”, dice Ferrería. Se refiere al megaemprendimiento impulsado en 2016 por el entonces ministro del Interior en la zona de Islas de Ibicuy, a través de la empresa Alto Delta SA. “Realmente es para prestar atención, porque todo lo que vaya en detrimento de las inversiones quedará anulado, y pueden pasar al olvido normas que nos ha costado mucho conseguir, como el Plan de Manejo de la Reserva de Usos Múltiples”.