En otro intento desesperado por salvarse de la mancha venenosa de la visita a los genocidas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó haber hablado con diputados de La Libertad Avanza (LLA) al respecto y aseguró haberse enterado de esos hechos por la prensa, no porque alguien le haya consultado algo antes.

“Nunca en la vida hablé con (el diputado Beltrán) Benedit. Nunca hablé con nadie (…) Me enteré de la visita a la cárcel por los diarios. Me enteré por ustedes, los periodistas”, respondió la funcionaria al periodista de C5N que la consultó sobre los chats que la involucran en el escándalo que sacude al oficialismo y que ayer fue encubierto por sus aliados en la Cámara de Diputados.

Bullrich no habló de genocidas ni de condenados por delitos de lesa humanidad. “Me enteré de la visita a la cárcel”, dijo. Catalogó al escándalo como un vis a vis, como una cita con reclusos, no como una visita a represores ni a criminales ni a exespías ni a exmilitares exonerados ni nada. Hasta se cuidó de no nombrarlos. El hecho por el que se la acusa, según ella, fue una mera “visita a la cárcel”.

La participación de Bullrich en la reunión con los genocidas no es una hipótesis ni una mera acusación mediática que la pueda eximir de culpas y cargos. Desde hace semanas, la Justicia Federal de Comodoro Py le pidió explicaciones al respecto en su rol de responsable del Servicio Penitenciario Nacional (SPN) que dio luz verde a la visita.

Todo a partir de las declaraciones y los chats o conversaciones de WhatsApp que la salpicaron. Hasta ahora, la ministra zafó de cuanta explicación pública pudo dar al respecto. Pero este miércoles habló y al parecer no tenía el discurso aceitado. Sus declaraciones fueron un breve pero sólido pilón de excusas y disimulos.

Dijo que “nunca en la vida” había hablado con Benedit, el diputado que organizó la visita a la banda de criminales alojados en el Penal de Ezeiza. Sin embargo, los testimonios de los involucrados dicen lo contrario.

El nombre de la responsable de Seguridad aparece en los chats donde el sacerdote católico Javier Olivera Ravasi, hijo del represor condenado Jorge Olivera, le adjudica haber facilitado las condiciones de la visita a Ezeiza.

“El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz. Se les facilite el ingreso sin inconvenientes”, dice el posteo del cura.

En un posteo anterior, el propio Benedit reconoció haber tenido “una muy buena charla con Fernando Martínes, el director del SPF", quien  “nos facilitará el ingreso a los penales”. Es decir que habló con un subordinado de Bullrich (que en calidad de subordinado debe tomar decisiones en función de consultas a sus superiores).

Quien también involucró a Bullrich fue la diputada de LLA Rocío Bonacci, que fue parte de la comitiva que visitó a los delincuentes. Al encuentro “lo craneó Beltrán, supongo que con ayuda de Guillermo (Montenegro) y, parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un okey de Patricia Bullrich”, disparó en su magro intento de despegarse de lo que hizo.

Lourdes Arrieta, la otra diputada presuntamente arrepentida, también apuntó contra la ministra: "El diputado Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich (ministra de Seguridad de la Nación) para que quienes deseen sumarse a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza y Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes”, dijo en un escrito casi calcando el chat del cura Ravasi.

En su escueta defensa esbozada ayer cuando fue entrevistada por el canal de noticias, la ministra intentó demarcarse de todo y de todxs. Hasta se puso al borde de agradecer a la prensa por haber revelado el escándalo que la salpica.

“Nunca hablé con nadie”, dijo sobre la reunión entre diputados, diputadas y genocidas, a los cuales evitó mencionar por los delitos que cometieron probadamente durante la última dictadura cívico-militar.

Igualmente, la posición de Patricia Bullrich sobre ellos es conocida. Durante un encuentro en Mendoza junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, abogó por la prisión domiciliaria de los represores. De acuerdo con ella, en las cárceles hay nonagenarios con enfermedades terminales.

Como sea, la situación de la titular de la cartera de Seguridad sigue siendo más que complicada. Rodeada de testimonios y pruebas en su contra, los intentos de negar su participación en esos hechos penden de un elemento más que, de existir, en cualquier momento podría salir a la luz.