Los nombres de Rocío Fernández, Betiana Soledad Moreira, Verónica Martínez y Talía Aragón se agolparon esta semana en el punto más alto de las violencias contra las mujeres, el femicidio como maquinaria de castigo y eliminación. En menos de tres meses, los asesinatos de las cuatro jóvenes pusieron en el centro de la escena odiante a la ciudad de Mar del Plata, una muestra local de la desprotección agravada que sufren mujeres y disidencias en el país, desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Todas, Rocío, Betiana, Verónica y Talía, fueron acosadas, golpeadas, apuñaladas; la destrucción de esos cuerpos y el grito contra la impunidad fueron motivo de la gran movilización convocada por los feminismos organizados, en un balneario donde solo durante el primer semestre de 2024 se registraron 78 intentos de femicidio. En un petitorio elaborado por los colectivos que marcharon, exigieron al intendente Guillermo Montenegro que vuelva a implementar la Emergencia en Violencia por Motivos de Género y Diversidad, en reclamo “del restablecimiento de todas las políticas públicas urgentes con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y presupuesto acorde a la gravedad de las vulneraciones de derechos a mujeres y disidencias”.

En mayo, Talía Aragón fue apuñalada en el tórax y arrojada de un acantilado. La acusación recayó en su ex pareja, Lucas Emanuel Giménez. El 11 de julio, Betiana Soledad Moreira también fue atacada con un cuchillo en la vivienda de su ex pareja, Roberto Daniel Martirena, y agonizó hasta morir el 6 de agosto. La metodología se replicó el 21 de julio, cuando Verónica Martínez fue asesinada a puñaladas en su casa, por su pareja, Sebastián Gayoso, a quien había denunciado en varias oportunidades por violencia y solicitado una restricción de acercamiento. El 2 de agosto se activaron las alertas por la desaparición de Rocío Fernández: su cuerpo lastimado a golpes fue hallado en la heladera de una casa donde se vendía droga y se explotaba a mujeres en situación de calle.

Presente en la marcha de este 9 de agosto en Mar del Plata, Marta Montero, la madre de Lucía Pérez y voz central de la Campaña Nacional Somos Lucía, volvió a desnudar lo que define como una trama de complicidad narco-institucional, que recae especialmente sobre las mujeres. “De esos cuatro femicidios, los de Rocío y Betiana son narcofemicidios. Así los llamé cuando mataron a Lucía, porque son los narcos los que les provocan la muerte a nuestras mujeres de la peor manera, y bajo la manera más cínica y perversa de cometer esos crímenes.”

Marta arroja lo que su boca se niega a callar. Que a Rocío le reventaron la cabeza contra la pared en la casa de un traficante, y tuvieron que velarla a cajón cerrado; que el hombre que estaba con Betiana la cortó hasta desangrarla y se aprovechaba de sus problemas de adicción. “Ella vino a recuperarse a Mar del Plata, pero se fue del lugar donde estaba y ese tipo la agarró y le hizo de pareja. No son parejas, son dealers, gente que vende droga y hace trabajar a las jóvenes hasta que algo pasa y las terminan matando. Hemos llegado a una instancia muy dolorosa y muy perversa.”

Nombra a Alberto Fernández al pasar, dice que cuando era Presidente la recibió en la Casa Rosada, junto con Familiares Víctimas de Femicidios. “Le hablé de los narcofemicidios y me respondió que en algún momento iba a tener una charla conmigo para explicarme lo que era el crimen organizado, pero le respondí que los narcofemicidios son un crimen organizado. Qué nos van venir a decir, si nosotrxs lo vemos todos los días con lo que les pasa a nuestras mujeres, con lo que me pasó en carne propia y con lo que les pasa al resto de las personas.” Marta asegura que en lo que va de 2024 en Mar del Plata, se contabilizaron unos 20 homicidios. La proyección hacia el resto de la Argentina es pavorosa. “Cuando hay estadísticas de este nivel de muertes, con cuerpos que aparecen tirados, acuchillados, obviamente no se denuncia porque se trata siempre de lo mismo. Lamentablemente, esto es lo que nos está pasando y nadie hace nada.”

Los peores registros

Desde el 1° de enero de 2024 hasta el 31 de julio último, en la Argentina se cometieron 140 femicidios y 149 intentos de femicidio, releva el Observatorio de Femicidios María Eva Vaisinger, de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata. El 76% de los femicidas eran personas de círculo íntimo de la víctima, el 77% de los ataques se desataron en la vivienda familiar y el 24% en la vía pública, lo que sigue confirmando que el lugar más inseguro y peligroso para las personas que sufren violencias es la propia casa. El 47% de los femicidios fueron perpetrados por parejas de las víctimas y el 18% por ex parejas. Los tiempos son dramáticos cuando se contabiliza un femicidio cada 37 horas y un intento de femicidio cada 33 horas.

Y los datos oficiales correspondientes a Mar del Plata no son ajenos: de 2015 a 2024 ocurrieron 48 femicidios, mientras que los últimos cuatro femicidios se cometieron en apenas tres meses, una llama alarmante si se tiene en cuenta que durante 2023 hubo 6 femicidios, y se trataba del número más alto desde 2018. Pese a que los registros superan toda estimación histórica, las organizaciones feministas denuncian que la Dirección de Políticas de Género del municipio dedica un presupuesto demasiado pobre a la asistencia de las víctimas.

“Con estos datos, y en un momento en que se discontinuaron políticas tan importantes para mujeres y diversidades que sufren violencias, como el Programa Acompañar, y que a nivel nacional se desmantele la Línea 144, despidiendo al 80% de sus trabajadoras y dejando solo al 20% al frente de la línea para todo el país, impacta directamente sobre las personas afectadas por la violencia”, explica la psicóloga feminista Laura Hochberg,  coordinadora del Observatorio.

Hochberg detalla que en el primer semestre de 2024 se registraron 78 intentos de femicidio y, de acuerdo con el informe del Ministerio Público Fiscal, durante 2023 se iniciaron en el Departamento Judicial de Mar del Plata 5.463 procesos penales por violencia familiar y de género. “Las denuncias recibidas en ese año en los juzgados de Familia del Departamento Judicial de Mar del Plata por violencia familiar, en el marco de la Ley 12.569, ascendieron a 8.305”, subraya. Según el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, se denuncia un hecho de violencia familiar cada 2 horas, y el 70% de las víctimas son mujeres: el último registro del organismo da cuenta en junio de un aumento del 35%, en relación a mayo.

“Se demuestra que en esta gestión de Estado, Javier Milei no cumple con sus funciones constitucionales ni con sus obligaciones, sino que hace todo lo contrario: desarticula y desfinancia políticas públicas que promueven el acceso a los derechos. A este gobierno y al gobierno municipal del intendente Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón, no les importa que nos quiten la vida o que nos violenten física y psicológicamente”, lamenta la referenta de la Multisectorial. “No cabe duda de que cuando un presidente como Milei relaja la Ley Micaela, la Ley de IVE, persiste en sus dichos misóginos, patriarcales y machistas, afirmando una y otra vez que la violencia de género no existe o que no hay una brecha salarial entre el hombre y la mujer, significa que justifica y naturaliza el patriarcado, y que lo único que hace es empoderar aún más a los agresores y femicidas en esta escalada de la violencia.”

Los discursos de odio, sumados al vaciamiento presupuestario se traducen en un recrudecimiento de la violencia en todas sus modalidades, pero especialmente en el núcleo familiar, advierte. “Luego de haber conquistado una plataforma sólida en derechos humanos de las mujeres y las diversidades, nos tiene que alarmar este actual relato político y social que atenta directamente contra los logros que conseguimos los movimientos feminista y transfeminista.”

Asegura que el Estado conducido hoy por Milei y compañía permite el avance de discursos antidemocráticos y antiderechos, que impactan de lleno en el ejercicio y en el goce de libertades fundamentales. “Como punto de partida, estamos convencidas de que con base en la cultura machista, que permea todas las instituciones sociales, se habitan y habilitan formas de violencia cada vez más crueles y que evidencian un brutal ensañamiento hacia este colectivo. Hay una relación directa entre la violencia despiadada con el agravamiento de la situación social y económica, y el aumento del consumo de sustancias psicoactivas. Y cuando decimos despiadada nos referimos a que no alcanza con dar muerte a la víctima, sino que su cuerpo es sometido a desmembramientos, calcinaciones y otras formas cruentas.”

Las muertes de Rocío, Betiana, Verónica y Talía plantean una pedagogía de la barbarie que despliegan los machos agresores, que no aceptan el revelarse ante el sometimiento a la violencia por motivos de géneros, concluye Hochberg. “Ante el grave atropello y amenaza a los derechos humanos de las mujeres, de las diversidades y de otras identidades feminizadas, no podemos ni debemos acostumbrarnos a la crueldad y desidia de este gobierno, que claramente incumple leyes nacionales y acuerdos internacionales.”