El ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, Hernán Halavacs, fue imputado por el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, por ser partícipe del desmonte de bosque nativo en la provincia, en el marco de una causa que investiga el entramado político y empresarial detrás de esta actividad a partir de una megadenuncia formulada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
El funcionario del gobierno de Leandro Zdero fue imputado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
Según determinó la investigación, Halavacs, ingeniero agrónomo y dueño de una consultora, fue la persona a la que mayor cantidad de permisos de desmonte se le otorgaron en los últimos diez años: tramitó 353 de los 876 permisos que otorgó la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021, cuando estaba del otro lado del mostrador que ahora maneja.
Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín y para Las Guindas S.A., una empresa propiedad de la familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD). Estas empresas, reveló una nota del medio Letra P, también están siendo investigadas por Sabadini.
Otros imputados
Además de Halavacs, en la causa por el avance ilegal sobre el bosque nativo fueron imputados otros funcionarios, exfuncionarios y legisladores provinciales, también por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales y asociación ilícita.
Entre los imputados se encuentra el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Luciano Olivares, que era quien otorgaba los permisos de desmonte.
También están imputados el empresario forestal y exdirector de Bosques durante el gobierno peronista Miguel Ángel López, dueño de uno de los aserraderos más grandes de la provincia, y el exsubsecretario de Recursos Naturales y exministro de Planificación y Ambiente, Hernán Miguel Brunswig.
La lista de imputados incluye, además, al empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia y el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar, acusados por haber facilitado la tala indiscriminada de árboles de bosques nativos.
El fiscal aseguró que las imputaciones no se agotan en estas siete personas, sino que podrían ampliarse hacia otras que están siendo investigadas.
Además de las imputaciones, Sabadini pidió investigar el posible desvío de fondos nacionales y de las Naciones Unidas enviados a Chaco con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarias que viven allí y que son afectadas por el desmonte. “Tenemos identificado el plan o los fondos que habrían sido destinados a la provincia y tenemos que verificar a dónde fueron . Si constatamos que fueron destinados a otra finalidad, tenemos un delito”, dijo el fiscal.
A su vez, Sabadini pidió a la jueza Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, que se dicte una medida cautelar para que cesen los desmontes en Chaco. “Es necesario suspender los desmontes. Cada día que pasa se pierden 50 hectáreas de bosques. Es un daño irreversible”, remarcó.
Avance sobre bosques nativos
La problemática del desmonte sobre bosques nativos que sufre Chaco desde hace años sumó este año un nuevo agravante: el pasado 30 de abril, mientras en el Congreso Nacional se debatía la Ley Ómnibus, a más de mil kilómetros de distancia, la Cámara de Diputados provincial llevó adelante su propia versión de la entrega de recursos a los grandes empresarios y aprobó un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que habilita más desmontes y entra en contradicción con la ley nacional que los protege.
En diálogo con Página/12, científicos y ambientalistas denunciaron que el nuevo OTBN no solo permitirá más desmontes sino que los desmontes realizados de manera ilegal podrían quedar impunes.
Los desmontes en el Chaco son vistos como ilegales por al menos tres razones: la primera es que el viejo OTBN venció en 2014; la segunda es que durante la gestión de Domingo Peppo (P J) se permitió una “recategorización” que posibilitó convertir zonas rojas y amarillas (de protección total y parcial) en verdes, donde se puede desmontar. La tercera es que en 2020, por una presentación de Conciencia Solidaria, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chaco prohibió la autorización de cualquier desmonte, precisamente por la falta de actualización del OTBN.
Pese a ello, según datos de Greenpeace, en 2023 las imágenes satelitales detectaron la deforestación de 57.303 hectáreas. Otro dato indica que desde 2008, entrada en vigencia de la Ley Nacional de Bosques Nativos, hasta 2022 en esa provincia se desmontaron 485 mil hectáreas.
