Un vasto arco de organizaciones civiles presentó ayer ante la Legislatura provincial una moción de rechazo a la posible adhesión de Santa Fe al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), contenido en la Ley Bases que el Congreso de la Nación aprobó a instancias del gobierno de Javier Milei. La movida es el correlato local de otros similares que se plantean por estos días en distintas provincias. Y reclama la convocatoria de una audiencia pública para amplificar las graves consecuencias lo que ese programa depararía para el medioambiente, la economía local y la vida misma de la población santafesina. La iniciativa choca de bruces con la posición favorable que hasta aquí ha expresado el gobernador Maximiliano Pullaro, el frente Unidos para Cambiar Santa Fe y aliados.
Suscriben la nota más de 70 entidades como Multisectorial Humedales, El Paraná No Se Toca, Apyme, Abogades Ambientalistas, sindicatos docentes, CTA, Aceiteros, HIJOS, bibliotecas populares, cooperativas de trabajo, entre tantas.
El escrito dirigido a diputados y senadores solicita "que rechacen la adhesión a este régimen que solo beneficia a los grandes capitales, promoviendo la concentración de la renta y la riqueza en nuestra provincia, destruyendo la economía local, las pequeñas y medianas industrias, y avanzando con la degradación ambiental en nuestro territorio".
Remarca que el RIGI "vulnera los derechos que la misma Constitución nacional resguarda en términos ambientales y federales, mientras que al mismo tiempo no protege ni ampara de ninguna manera la producción económica local". Asimismo exige una audiencia pública "para garantizar las voces de todos los espacios de la sociedad frente al avance unitario arrasador y que se discuta democráticamente y puertas abiertas en la Legislatura provincial los negativos impactos sociales, ambientales, políticos y económicos" que conllevará la vigencia en Santa Fe de esa carta franca que habilitó el gobierno de La Libertad Avanza a los capitales extranjeros.
"Queremos asegurar las leyes provinciales. Queremos una producción que respete las normas que ya existen. Queremos la no regresión ambiental, en un espacio que ya está amenazado y que no respeta las condiciones de vida de todos y todas. Queremos que el agua sea un derecho humanos de las comunidades y no un insumo de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales", concluye el documento.
"Queremos exponer esto, que la gente sepa bien lo que está en juego, porque si no pasa como algo más. Y queremos que personajes de esta provincia que en su momento votaron el RIGI se posicionen ahora. A ver a cuánto diálogo están dispuestos", desafió Jesica Fernández, de Multisectorial Humedales en diálogo con Rosario/12.
La movida de resistencia corre contra el tiempo. Pullaro ya dio el OK al momento de votar la Ley Bases. El bloque de La Libertad Avanza y la diputada Amalia Granata ya presentaron sendos proyectos a favor de que Santa Fe adhiera al RIGI. La peronista Alejandra Rodenas, en contraste, replicó con un proyecto de declaración por el rechazo. Su eje consiste en alertar la cesión de soberanía jurídica nacional al someter cualquier diferendo que enfrenten estos capitales foráneos al tribunal del CIADI, dependiente del Banco Mundial, y donde las causas argentinas siempre han perdido.
Lucas Micheloud, de la Asociación de Abogades Ambientalistas, expuso que el paquete de incentivos no incumbe solo a provincias mineras y petroleras. "Santa Fe es parte del modelo extractivista con su sistema agroportuario. Con este régimen terminarían de consagrar el costo 0 de un modelo de concentración de riqueza que ha generado tanta desigualdad social y ambiental".
Micheloud apuntó contra "la lógica mercantilizante del río, con dragados indiscriminados" que pueda derivar a futuro en el represamiento del Paraná, lo cual supone un grave impacto sobre el humedal como valle de inundación.
"Con el RIGI, y la Ley de Tierras derogada, capitales extranjeros quedan habilitados a comprar tierras sobre el río y tomar el agua con prioridad sobre el consumo humano para alimentar mega sistemas de riego para grandes explotaciones agrícolas", expuso el abogado ambientalista.
"Las leyes preexistentes de cada provincia en materia ambiental tienen carácter constitucional, la ley Bases no puede estar por encima. Si una provincia adhiere al RIGI sería como negar su legislación. Si no lo hace, las empresas pueden instalarse igual, pero ateniéndose a las leyes provinciales", distinguió Fernández. Y puso como ejemplo el status del acceso al agua como un derecho humano. "El RIGI es una privatización encubierta del agua, y justo cuando vemos hoy que Rosario tiene escasez de agua. Con el RIGI la prioridad de uso la tendría la empresa. La gente no sabe lo que se viene", alertó.
