“Para mí esto es peor que en la pandemia, porque en la pandemia sobrevivimos, pero hoy viene hasta gente con trabajo a pedirnos”, dice Lili, cocinera de Barrios de Pie. En la vereda del ministerio de Capital Humano, donde reclama junto a otras trabajadoras sociocomunitarias, hay ollas vacías, y carteles que difunden la última encuesta que hizo su organización en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires para medir la crisis alimentaria. Sus resultados muestran un grave empeoramiento: entre las familias entrevistadas en los meses de marzo y abril, el 56 por ciento padeció inseguridad alimentaria forma severa, término que se aplica cuando un integrante del hogar tuvo que dejar de comer durante todo un día o sintió hambre, pero no comió por falta de dinero.

En la recoleta esquina de Pellegrini y Juncal, donde la ministra Sandra Pettovello tiene su despacho, nadie salió a atender a las manifestantes. Solamente una hilera de policías, encargada de hacer un cordón para que no cortaran la calle, registró la protesta.

Estas rondas de ollas vacías llevan haciéndose ocho meses, en los que Pettovello mantuvo su decisión de no entregar ni un paquete de fideos a las organizaciones sociales. La ministra continúa reteniendo en los galpones de Desarrollo Social el grueso de los alimentos comprados por el gobierno anterior, como parte de la estrategia del gobierno de Milei dirigida a borrar del mapa a los movimientos. Otra pata de la ofensiva es judicial: el día anterior a esta protesta, se hicieron 14 nuevos allanamientos a locales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre ellos a la sede central de la Utep, donde los funcionarios judiciales no encontraron nada ni se llevaron un papel, aunque generaron una fuerte escena mediática.

“Lo único que encontraron fue un comedor, en el local de la UTEP se da de comer a 4 mil personas, tres veces a la semana. ¿Qué encontraron? A las compañeras trabajando para dar de comer”, dice Norma Morales, la coordinadora de Barrios de Pie. Opina que los allanamientos fueron “una respuesta a la movilización de San Cayetano”, que la semana pasada juntó en la Plaza de Mayo a los movimientos sociales con la CGT, las dos CTA y los organismos de derechos humanos. “El gobierno está lanzado: en Lugano nos allanaron un jardincito, mandaron el allanamiento con una dirección equivocada. La cooperativa textil que buscaban hace años que no funcionaba ahí, y a pesar de eso, y de que los nenes estaban dentro del jardín, hicieron igual el operativo”.

Morales agrega que “no hay que paralizarse con esta persecución porque el peligro de no hacer nada es que perdamos a nuestros chicos. Si Unicef dice que un millón de chicos en la Argentina se están yendo a dormir sin comer, el miedo es que una mañana alguno no se levante, que se nos enferme y se nos muera de hambre el hijo de alguna compañera. O los adolescentes: con la crisis las adicciones se agravaron y los programas de atención a esos consumos están desmantelados”.

El informe

Para el informe sobre la situación alimentaria en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires fue encuestada, entre marzo y abril, una muestra de 929 hogares con los siguientes resultados:

* El 87,6 por ciento de los hogares entrevistados padeció inseguridad alimentaria, un término amplio que engloba diferentes grados, el leve (preocupación por no disponer suficientes alimentos de la dieta habitual), moderado (cuando se reemplazan alimentos por otros más baratos) o severa (cuando se reduce el consumo de alimentos).

* El 56,5 por ciento tuvo inseguridad alimentaria severa, ya sea porque en el mes previo a ser encuestado un integrante del hogar pasó todo un día sin comer o porque, habiendo sentido hambre, no comió por falta de dinero.

* El 80 por ciento de los hogares redujo el consumo de carnes y huevo.

* Tres de cada diez hogares pueden consumir frutas o verduras sólo una vez por semana.

* Cuando hay niños en la familia, peor es la situación alimentaria del hogar. Es decir que los chicos son quienes más expuestos están a sufrir la falta de comida.

Es en este crítico panorama que la ministra Pettovello decidió no entregar alimentos a los comedores de las organizaciones sociales. Desde su cartera, luego de recibir nueve intimaciones judiciales para que distribuya la comida que mantiene en los galpones de Desarrollo Social, aseguran que ya entregaron 2,5 millones de toneladas de alimentos a las provincias. Pero es claro que las dificultades para acceder a la comida persisten. En realidad, con los actuales niveles de ingresos de los trabajadores informales (y buena parte de los formales), el problema no podría ser resuelto por Capital Humano ni aunque distribuyera todo lo que tiene guardado.

Entre las cocineras que manifestaron frente a Capital Humano también había del conurbano. Cristina Soto está a cargo de uno de estos espacios en Fuerte Apache. "A pesar de recibir menos alimentos del gobierno nacional, los comedores estamos atendiendo a más personas. La gobernación de Buenos Aires está haciendo todo lo que puede para aumentar la asistencia, en otros comedores la gente se organiza para pedir donaciones. A mi casa todas las semanas vienen caras nuevas, y tratamos siempre de darles algo, aunque no tengamos más recursos. Es que las familias vienen dos horas antes a hacer cola, ¿cómo vamos a decirles que no?"