"La Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas se creó por decisión política del gobernador Axel Kicillof, primero para continuar con el trabajo que vienen haciendo Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico militar, pero también porque debemos sostener, como país, el ejemplo que somos a nivel internacional por cómo planificamos nuestros pasados traumáticos recientes, a través de memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición".

Quien habla con este diario es Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Mientras trabaja en el decreto que ratificará precisiones y funciones del nuevo organismo que se desarrollará bajo la órbita del Ministerio de Justicia bonaerense, el funcionario explica a BuenosAires/12 que "queremos poner la unidad en funcionamiento lo antes posible, para continuar con la búsqueda de aquellas personas apropiadas durante la última dictadura cívico militar".

En el marco del desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), y mediante el decreto 727/2024, el Gobierno nacional vació la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, cuyo objetivo era dar con el paradero de los bebés robados durante la última dictadura cívico militar y que funcionaba, principalmente, mediante la averiguación y el acceso a los archivos del Estado, acción ya no válida tras la decisión del Presidente Javier Milei.

Pocas horas después, el gobernador Axel Kicillof se reunió con Estela de Carlotto y le comunicó que crearía la Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas, que según supo este diario, recibirá e investigará denuncias de posibles apropiaciones, requerirá información documental para esclarecer el origen biológico, y articulará con las esferas nacionales correspondientes para la derivación de casos, con el fin de complementar las investigaciones y la documentación, para realizar las pericias genéticas en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Disputa simbólica seguida de acción concreta. Ése es el tándem que caracteriza al Gobierno de La Libertad Avanza. Después de que los diputados Beltrán Benedit, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra visitaran y se sacaran fotos con los genocidas Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Adolfo Donda, Carlos Suárez Mason hijo y Honorio Carlos Martínez Ruiz en el penal de Ezeiza, el Ejecutivo nacional avanzó de lleno contra la Conadi, que fue creada en 1992.

Sin embargo, la provincia de Buenos Aires tiene planes bien opuestos, y así lo expresó su gobernador en su cuenta de X, cuando escribió que "seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo", ya que en la provincia donde vive el 38 por ciento de la población nacional "seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia".

El subsecretario de Derechos Humanos dice a este diario que "mientras el Gobierno nacional promueve la visita de diputados a genocidas, el Gobierno Provincial profundiza las políticas de memoria, verdad y justicia, porque son la base fundamental para avanzar y fortalecer nuestra democracia". Según Moreno, por una cuestión demográfica, cerca de la mitad de las personas que no recuperaron su identidad tendrían nacimiento en la provincia de Buenos Aires. "Son datos que surgen en función de una cuestión poblacional, y también teniendo en cuenta que Buenos Aires fue de las provincias más golpeadas durante la última dictadura cívico militar, en función de su extensión territorial, su población y de todas las fuerzas que operaron en la represión ilegal", explica el funcionario.

Kicillof, que venía de acompañar en Comodoro Py a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, recibió en su despacho a Estela de Carlotto. Ella, sonriente y con la bandera bonaerense de fondo, acordó con el gobernador que la provincia más grande del país se pondrá a disposición y contribuirá con el trabajo que lleva adelante Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los 300 nietos que todavía no recuperaron su identidad. Más allá de esta decisión, Kicillof subrayó en una entrevista radial que el Gobierno nacional "no puede" disolver la Conadi porque es un organismo creado por ley, pero lamentó que "avanzan con su desmantelamiento al quitarle funciones importantes a un organismo que es fundamental para la búsqueda de personas nacidas en centros clandestinos de detención”.

El gobernador detalló que la labor del Estado bonaerense estará coordinada con la Justicia federal, y que su eje central será "profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia”. ¿Por qué? Kicillof lo señala: "En materia de derechos humanos, como en tantas otras áreas en las que el Gobierno nacional está desertando de sus funciones, apuntamos a ser un escudo que permita reducir el impacto de esa carencia sobre los y las bonaerenses”.

La creación de la unidad no es un empezar de cero para el Estado bonaerense, ya que la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene dos políticas transversales acerca de la restitución de identidad. Por un lado, a partir de un convenio con el equipo de Antropología Forense y un convenio con el Ministerio de Salud, el área conducida por Moreno recibe muestras de familiares de desaparecidos, que son llevados al equipo de Antropología Forense para tratar de vincularlas con restos óseos de personas detenidas y desaparecidas que todavía no han podido ser identificadas.

Esta tarea, que surge a partir de las excavaciones y el trabajo del equipo de Antropología Forense, facilita que los familiares de los detenidos y desaparecidos puedan recuperar los restos de sus seres queridos. El año pasado, las autoridades restituyeron la identidad de Alberto Osvaldo Perego, que era un trabajador del Mercado Central La Plata. Esa es una de diversas identificaciones logradas a partir de esta política pública, que fue iniciada el 10 de diciembre del 2019.

Otra de las políticas transversales de la Subsecretaría de Derechos humanos está ligada al anuncio del jueves, y tenía que ver con las personas apropiadas durante la última dictadura cívico militar. Las autoridades bonaerenses recibían o directamente tramitaban la vinculación de los denunciantes con el Conadi, pero como el organismo fue desmantelado por el Gobierno nacional, la nueva oficina provincial anunciada por Kicillof absorberá muchos de esos roles, y también requerirá documentación de los organismos provinciales para garantizar el acceso y la preservación de la misma, además de que articulará con las diferentes autoridades judiciales para solicitar información.

Moreno explica a este diario que la decisión del Gobierno nacional de desmantelar la Conadi "no responde a la obligación que tiene el Estado Nacional, que está regido por la Convención de los Derechos del Niño y por la del Derecho a la Identidad". El funcionario asegura que El Gobierno bonaerense "no sólo no piensa retroceder", sino que "va a seguir profundizando estas políticas, porque un pueblo con memoria es democracia para siempre". "Tenemos obligaciones internacionales para cumplir como Gobierno bonaerense, porque hay muchas familias que no conocen la verdad de lo sucedido durante la última dictadura militar, y es obligación del Estado propiciar los mecanismos para la búsqueda de la verdad", agrega.

"El delito persiste en cientos de pibes que ya son adultos y no saben quiénes son"

Roberto Cipriano es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público y autónomo, que está pronto a cumplir 25 años y que se dedica a diseñar e implementar políticas de memoria y derechos humanos. En diálogo con BuenosAires/12, asegura que "está muy bien que la Provincia se haga cargo de generar instancias institucionales para que se mantenga la búsqueda de los nietos".

Cipriano dice que la de Kicillof es una "decisión indispensable", porque "es mucho lo que falta y el tema de la búsqueda no está cerrado ni terminado", ya que "ese delito persiste en cientos de pibes que ya son adultos y no saben quiénes son". Para Cipriano, que haya argentinos que no conozcan su identidad "es un delito que se comete todos los días", porque al no resolverse "continúan vigentes entre nosotros". Si bien pasaron cuarenta años, Cipriano dice a BuenosAires/12 que "es un tema muy irresuelto, y tiene un impacto social porque hay una sociedad que convive con personas que tienen negada su identidad".

Remarca que esto "no afecta sólo a esos hijos, a esos nietos que ahora hasta son padres, sino que hay una cadena de mentiras, engaños, y falsedades que persisten", y que están "siendo sostenidas por el Estado nacional, en la medida que el Gobierno no toma la decisión política de buscarlos y de generar muchos recursos y políticas para buscarlos". "Si el Estado deja de buscarlos, la decisión del Gobierno nacional es dejar que esa impunidad persistan en la sociedad y se sostengan en el tiempo", agrega el miembro de la Comisión Provincial por la Memoria.

Sostiene que este es un Gobierno nacional "negacionista de la dictadura", que todo el tiempo "intenta minimizar los efectos que ésta generó". "Claramente el partido militar es parte de la alianza de Gobierno y está representado por la la vicepresidenta Victoria Villarruel, que es parte del decálogo político de esta gestión", agrega Cipriano.

Se preocupa cuando asegura que "más allá de que la nuestra es una sociedad que quiere que se sepa qué pasó con esos nietos que todavía no fueron restituidos", Argentina está gobernada "por gente que tiene un ideario y una propuesta política que implica la impunidad de los perpetradores del genocidio".

En materia de reparación histórica, la Comisión Provincial por la memoria está construyendo el Registro de la Violencia Genocida (ReViGe), cuyo fin es registrar todas las afectaciones de la dictadura en detalle, "porque muchas veces sucede que no hay información precisa, porque fueron acciones construidas en la clandestinidad, entonces el Estado nunca se hizo cargo de publicar información ni de abrir archivos en general, y es una obligación del Estado que sigue pendiente, porque no se sabe el destino final de la mayoría de los desaparecidos", explica Cipriano.

Sostiene que el trabajo se debe a que, frente a semejante atrocidad como lo es el robo de bebés, "hay un montón de violencias estatales que siguen invisibilizadas, como la detención política, las cárceles, el exilio, y todas las cuestiones vinculadas a ello". "Una persona que padeció la desaparición también padeció otros hechos, como la tortura, la detención ilegal, el secuestro, cosa que también generó afectaciones en la propia familia, que estaba presente en el momento del secuestro", enumera Cipriano, que subraya que "esa es una afectación que no se mide, que no se considera", que genera "no tener una dimensión real de esa violencia genocida, porque justamente hay muchos hechos que quedan invisibilizados o no considerados en función de la gravedad de lo otro".

Él se integró a la Comisión en 2005, como coordinador del Comité contra la Tortura, que hasta hoy realiza tareas de monitoreo y control de lugares de detención, "en clave de prevenir la tortura actual y toda la violencia que despliega la policía en el territorio". Apunta que hasta hoy, él y sus compañeros y compañeras mantienen la convicción de que "no puede haber democracia sin derechos humanos, que son valores indisolubles, porque no se puede pensar en una democracia donde no exista igualdad, donde no se respete el derecho de todos, donde todas las personas no puedan realizarse". 

"Una parte importante de nuestra sociedad ha sido ganada por el discurso de la meritocracia, del individualismo y del sálvese quien pueda, pero nosotros pensamos que hay que construir una sociedad solidaria, que se construya colectivamente y donde todos tengamos las mismas oportunidades, porque el individualismo lo único que genera es más deterioro y más degradación en nuestra sociedad", sentencia Cipriano.