El sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo del genocida Jorge Olivera, ya no podrá residir en la diócesis de Zárate-Campana por impulsar la liberación de los represores de la última dictadura cívico-militar. La decisión la tomó su titular, el obispo Pedro María Laxague, dos días después de la reunión que mantuvieron organismos de derechos humanos con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. “Es una decisión en el camino acertado, sin embargo, es sólo un primer paso”, dijo a Página/12 Charly Pisoni, integrante de la agrupación HIJOS. Y

El martes pasado, una delegación compuesta por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), HIJOS Capital, la Comisión por la Memoria Verdad y Justicia  Zona Norte y los Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz se reunió con el presidente y vicepresidente de la CEA, obispos Oscar Ojea y Marcelo Colombo. Allí, pidieron que se expulse a Olivera Ravasi de la Iglesia por impulsar la liberación de los genocidas. Este jueves, dos días después del encuentro, Laxague ordenó que se le prohíba continuar con su residencia en la diócesis de Zárate-Campana, en donde vivía por razones familiares alegadas por el sacerdote.

Para Eduardo Tavani, presidente de la Mesa Directiva de la APDH y uno de los participantes de la reunión la decisión contra Olivera Ravasi “expresa cierta preocupación de la autoridad de la diócesis, preocupación que también advertimos tenían las autoridades de la CEA cuando nos recibieron”, afirmó en diálogo con Página/12. No obstante, aseguró que es imprescindible que haya una “sanción concreta” debido a que “se trata de un hecho gravísimo, de un accionar que conspira contra la democracia, la Constitución y las leyes que nos rigen”.

En ese sentido, Charly Pisoni de HIJOS y otro de los presentes en el encuentro consideró que la decisión es acertada pero falta. “Nosotros hemos pedido una sanción más severa, la expulsión del cura. Creemos que debería continuar con la suspensión de la posibilidad de ejercer misa, lo que ellos llaman ejercer el ministerio”, dijo a este diario y añadió: “Debería ser una medida ejemplificadora para después evaluar e investigar las responsabilidades en este pacto de impunidad”.

Por otro lado, Pisoni destacó el involucramiento del Papa en el tema que se reunió primero con la religiosa Geneviève Jeanningros, sobrina de Léonie Duquet y luego con Anita Fernández, nieta de Esther Balestrino de Careaga, ambas víctimas de Alfredo Astiz, uno de los genocidas visitados por los diputados libertarios en el penal de Ezeiza. “Nos parece fundamental el mensaje que ha dado Francisco”, afirmó.

La decisión contra Olivera Ravasi se produce en paralelo a la negativa del Congreso seta misma semana de no sancionar a los diputados libertarios. “Es difícil asimilar que una institución religiosa tenga una respuesta más ágil y más acorde con nuestra tradición política en materia de derechos humanos que el Poder Legislativo”, consideró Verónica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante de la Comisión Directiva del CELS. “De todos modos, esperamos que la Cámara de Diputados siga el ejemplo de la Iglesia católica argentina y desautorice también a quienes han realizado este mitín político con militares condenados por delitos de lesa humanidad”. Por su parte, para el padre Francisco “Paco” Olveira, la decisión de Zárate-Campana es “algo absolutamente menor” y señaló que deberían prohibirle “mínimamente celebrar misa en el territorio donde él es obispo”. 

Informe: Juan Pablo Pucciarelli