La Justicia de Perú anuló una concesión minera otorgada a una empresa sobre el río Nanay, un afluente del río Amazonas que cruza la ciudad de Iquitos, al declarar fundada una demanda de sus ciudadanos contra el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
El magistrado Juan Miguel del Águila declaró fundada la demanda presentada por ciudadanos de Iquitos, capital de la región Loreto, contra el Ingemmet por otorgar la concesión de 1.000 hectáreas a la empresa Raíces Gaddaffy en inmediaciones del río Nanay.
La abogada de los demandantes, Karina Garay, explicó que este fallo "sienta un precedente que impedirá futuras concesiones en zonas donde las cuencas hídricas se vean afectadas".
"Como Estado se debe priorizar la salud y bienestar de las personas por encima de otros intereses", añadió.
Por su parte, el vocero del Comité del Agua, José Manuyama, expresó que es "un triunfo para todos los loretanos en nuestra lucha por un ambiente sano y equilibrado". Manuyama agregó que no descansarán "hasta que la minería deje de existir en el río Nanay".
Según el último reporte de monitoreo satelital de la organización Conservación Amazónica, existen 31 dragas de la minería ilegal en la zona hasta el mes de junio.
Garay opinó que, si la demanda hubiera sido rechazada, habría significado "una luz verde para que la expansión descontrolada de la minería aumente en el río Nanay y en otras cuencas de la región".
De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha existen 209 conflictos sociales en el Perú, de los cuales 159 están activos y 50 latentes. Los conflictos socioambientales representan el 54,5% del total (114 casos) y los problemas vinculados a la minería son el 61,4% de ellos.
