Cruzada por múltiples y transversales negociaciones y acuerdos, la maratónica sesión de Diputados --que se prolongó a lo largo de 22 horas de debate y se extendió hasta la casi las diez de la mañana del jueves-- dio media sanción a un serie de proyectos que mezclaron ganadores y derrotados. Impulsada por el PRO, LLA y la UCR, la Cámara baja aprobó la declaración de la educación como "Servicio Estratégico Esencial", que cercena el derecho a huelga de los docentes y avanza en la persecución contra los gremios. Tras acordar con el oficialismo la inclusión en la sesión del Financiamiento Universitario, el radicalismo logró avanzar con su propio proyecto pero tuvo que aceptar las modificaciones propuestas por UxP para sancionar el texto que obliga al Gobierno a aumentar el presupuesto de las universidades nacionales cada dos meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de enero de este año. También se aprobó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, donde los opositores impusieron que el organismo dependa del Ministerio de Justicia y rechazaron la pretensión de la ministra Patricia Bullrich que el registro pase a manos del Ministerio de Seguridad.

Esencial y antisindical

La Ley (Alejandro) Finocchiaro, era uno de los objetivos centrales de la sesión para los libertarios, sus aliados más fieles del PRO y gran parte de los opositores dialoguistas. Ya abandonado el reclamo por la reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que cortó la Casa Rosada a las provincias, el grueso de las bancadas políticas de la Cámara baja se encolumnaron detrás del proyecto del exministro de Educación de Mauricio Macri que cercena el derecho a huelga de los docentes. La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar y pretende garantizar los 180 días de clases en instituciones públicas.

Los argumentos formales de quienes defendieron el proyecto fueron que los estudiantes no pierdan días de clases, y que se garantice la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero el proyecto, que omite cualquier obligación del Estado de garantizar los recursos económicos para el “Servicio Estratégico Esencial”, vuelca toda la carga sobre los maestros y limita su capacidad de protesta vulnerando derechos sindicales. 

El texto establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30 por ciento de docentes y no docentes. Y en caso que la huelga se prolongue por más de tres días, esa guardia "deberá contemplar un 50 por ciento de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente" en todas los niveles y modalidades educativas. Otro de sus puntos fija que al comenzar el ciclo lectivo cada colegio deberá informar a las autoridades el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento para garantizar el dictado de clases. Y obliga a los estados Nacional y provinciales a recuperar las clases afectadas por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente.

Los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo y Buenos Aires Libre levantaron la mano para darle media sanción a la ley Finocchiaro. Hubo 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones.

Universidades

La inclusión del presupuesto universitario a la sesión impulsada por libertarios y macristas, fue un gesto del oficialismo a la UCR para esmerilar la adhesión de los diputados radicales al rechazo del millonario DNU de Milei para la SIDE. Aunque la media sanción del proyecto que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades nacionales, terminó por ser un boomerang para la Casa Rosada en medio de su brutal plan de ajuste con el sistema educativo. Especialmente si el Senado la transforma en Ley.

El proyecto que comenzó a discutirse a las 4.30 de la madrugada del jueves tuvo que atravesar varios pasos reglamentarios. Al habilitarse en el temario, el debate debía empezar por el dictamen de mayoría de UxP, que fue rechazado por 90 votos afirmativos y 126 en contra. Lo mismo sucedió con el dictamen de LLA, el segundo en cantidad de firmas y rechazado con 86 votos a favor y 130 en contra, para que finalmente se discuta el dictamen de la UCR.

Tras el debate, cerca de las 7.30, la miembro informante del radicalismo, Danya Tavela, leyó las modificaciones acordadas con otros bloques, y también terminó por aceptar la mayoría de las modificaciones propuestas por la diputada Blanca Osuna (UxP). Los acuerdos dejaron en soledad a libertarios y macristas y abrieron el camino a la aprobación: la media sanción obtuvo 143 votos a favor, 77 en contra y la única abstención del radical mendocino Lisandro Nieri.

El proyecto establece que el Gobierno deberá actualizar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales por el índice general de precios al consumidor (IPC) informado por el instituto nacional de estadística y censos (INDEC).

Uno de los puntos clave de la negociación para la sanción del proyecto, que acordaron la UCR, EF y UxP, fue la incorporación del mecanismo salarial que tendrá el personal universitario. El texto establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho periodo.

Posteriormente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre los salarios deberán actualizarse de forma mensual y conforme a la inflación. El mecanismo no tendrá vigencia solo en caso de que sea reemplazado por un acuerdo entre las organizaciones gremiales y autoridades universitarias que tenga el aval del Gobierno Nacional.

Revés para Bullrich

El oficialismo consiguió la aprobación del proyecto de ley que amplía el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. La media sanción fue aprobada con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones.

El proyecto es parte del denominado “paquete Bullrich”, un conjunto de iniciativas promovidas por la ministra de Seguridad, entre las que también está la "ley antimafias". Pero la ministra tuvo un revés inesperado para sus ambiciones durante la votación en particular y el artículo para que el Registro pase bajo su órbita, fue rechazado con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones.

El rechazo que encabezó UP, sumó al FIT, a 8 de los diputados de la UCR, a 4 de los 6 integrantes de la CC, los 4 miembros de Innovación Federal, los 2 representantes del Frente por Santa Cruz, y aunque EF votó dividido, 11 de sus 16 diputados –incluido Miguel Pichetto— se plegaron al rechazo.

La votación desató una discusión acalorada y el llamado a un cuarto intermedio. Tras casi una hora de de debate fuera del recinto, los bloques acordaron una nueva redacción que leyó el titular del bloque de UP, Germán Martínez: “Sustitúyase el artículo 2 la Ley 26.879 por el siguiente: ‘El registro creado funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia”. La modificación resultó aprobada con 231 votos afirmativos y 7 abstenciones. El Registro funcionará en el fuero federal y nacional, pero se podrán firmar convenios entre la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios.