Un estudio desarrollado por la Universidad Católica Argentina reveló que el 62,9 por ciento de los niños y adolescentes vive en situación de pobreza y el 16,2 por ciento se encuentra en la indigencia en nuestro país. Se trata de la cifra más alta desde 2010, según la casa de estudios.
Los datos surgen del resultado de un estudio "Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023″ desarrollado por el Barómetro de Deuda Social de la UCA. El estudio analiza la pobreza multidimensional donde se pone el foco en el contexto socioeconómico de los jóvenes menores de 17 años.
La entidad educativa resalta que los enfoques monetarios de medición de pobreza basados en los ingresos de los hogares pueden ser cuestionados como indicador del bienestar especialmente cuando se trata de la infancia. Esto se debe a que hay privaciones que afectan a los niños, las niñas y adolescentes que no son visibles mediante la estructura de ingresos o gastos de los hogares.
Por eso, realiza el análisis sobre el universo de niños y adolescentes en base a cinco aspectos fundamentales para el desarrollo de la infancia y adolescencia. En suma, en nuestro país el 62,9 por ciento se encuentra alcanzado por una situación de pobreza, mientras que el 16,2 por ciento en la indigencia. Los datos publicados corresponden al 2023.
“El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas han tenido un papel crucial en la mitigación de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales en la economía que requieren atención, y que ejercen un fuerte impacto en las estructuras de oportunidades de los hogares y sus miembros niños, niñas y adolescentes”, describe el informe sobre la situación de las familias y las dificultades para el acceso a una canasta básica. "
El impacto de la pandemia por COVID-19 fue significativo y regresivo en muchas otras dimensiones como salud, educación, crianza, y socialización, y si bien fue difícil la reversión en los primeros años de la postpandemia, en 2023, se retorna más claramente a situaciones previas que, aunque están lejos de expresar situaciones de bienestar y efectivo cumplimiento de derechos representan mejoras relativas destacadas en algunos casos, aunque en el marco de persistentes desigualdades sociales", describe.
La medición de la pobreza multidimensional
Para el informe, la UCA elaboró índice de pobreza multidimensional el cual fija un doble umbral de carencias, uno total y otro severo. “Con tal propósito, se seleccionan seis dimensiones de derechos: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y estimulación/educación”, explican.
De allí se desprende que el 56,3 por ciento de los niños y adolescentes estuvo en la pobreza multidimensional en 2023 en base al umbral total. Es decir, carecen de al menos una privación de los mencionados derechos. Por su parte, el 16,1 por ciento padece pobreza multidimensional en niveles severos.
Derecho a la alimentación: el 32,2 por ciento de los niños/as y adolescentes en la Argentina Urbana actual
sufren inseguridad alimentaria. Es decir, no pueden acceder a alimentos
nutritivos y variados por limitaciones económicas. Este índice está muy
relacionado con el nivel socioeconómico: casi 1 de cada 2 niños/as y
adolescentes pobres lo manifiesta.
Entre 2010 y 2017, la inseguridad alimentaria ha permanecido estable en alrededor del 20 por ciento y luego ha pegado un salto importante en 2018 para alcanzar el tercio de la población infantil. Desde entonces, no ha bajado de esa cifra y tuvo un pico de 37,2 por ciento en 2020 en el contexto de la pandemia COVID-19 y el ASPO. Los que sufren inseguridad alimentaria en términos severos representan el 13,9% en 2023. Estos declaran haber experimentado “hambre” por problemas económicos. Los programas alimentarios de transferencia de ingresos son esenciales para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y garantizar este derecho tanto a corto como a mediano plazo. En 2023, estos programas alcanzaron una cobertura del 60,5% de la población infantil.
Derecho a la salud: el 55,8 por ciento no cuentan con obra social, mutual ni prepaga por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención médica.
Derecho a la vivienda: conformado por los tres servicios básicos como el acceso a agua corriente, red de cloacas e inodoro con descarga, un 39,5 por ciento padeció algunos de estos déficit.
Derecho a la educación: el 23 por ciento de los niños de 3 a 5 años se encuentran no escolarizado, y el 82,6 por ciento de los niños y adolescentes entre 6 y 17 años asiste a una escuela de gestión estatal.
“Donde sí se observan divergencias es entre estratos sociales. A medida que desciende el nivel socioeconómico, el desafío de cobertura por parte del Estado es mayor”, concluyeron desde la UCA.
