Tras seis años de batalla judicial, finalmente el Tribunal Oral Federal número 7 ordenó que se realice la medida más elemental de todas: una pericia sobre los cuadernos originales en los que, supuestamente, el chofer Oscar Centeno, registró aportes de dinero de distintos empresarios. Los pronunciamientos que se le piden a los peritos son básicos: si la escritura es de Centeno, si todos los textos fueron obra de una misma persona, si se usaron distintas tintas (lo que indicaría que se escribieron en distintos momentos), si es posible establecer las fechas en las que fueron escritos los textos y otros análisis que resulta asombroso que se hagan por primera vez desde que el caso se puso en marcha, en agosto de 2018. 

En su momento, uno de los empresarios, Carlos Loson, mandó a hacer una pericia privada, que dio cuenta de 1600 alteraciones, textos escritos por un amigo de Centeno y, sobre todo, que los cuadernos de 2013 y 2015 parecen dictados, a diferencia de los de 2008 y 2009, en los que no se habla de recepción de bolsos y dinero.

Toda la historia de los cuadernos es impactante porque, de entrada, sólo había fotocopias. Centeno, chofer del número dos del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, dijo que los originales fueron quemados en una parrilla. Sin embargo, ocho meses después de la aparición de las fotocopias, en abril de 2019, algunos de los cuadernos originales resurgieron de las cenizas y fueron entregados a la justicia por un periodista de La Nación. Los ejemplares perdidos, curiosamente, involucraban a determinadas empresas.

Desde el primer momento, los imputados -numerosos ex funcionarios y empresarios- reclamaban una pericia sobre los cuadernos, si fueron escritos por Centeno, cuándo fueron redactados, cómo se explican las tachaduras y cambios de nombres y direcciones, especialmente dirigidas contra Loson y contra uno de los titulares de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra. Este fue uno de los empresarios que no se “arrepintió”, como exigían el dúo entre el fallecido Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Los testimonios fueron reiterativos en el sentido de que el magistrado y el fiscal le reclamaban a los imputados que nombren a Cristina Kirchner como receptora del dinero. Era la condicion para que el imputado-detenido pudiera dormir en su casa y no en un calabozo.

Ahora, finalmente, el Tribunal Oral 7, el que prepara el juicio del caso, ordenó hacer las pericias que debieron hacerse hace seis años. Se le indica a la Gendarmería que determine los siguientes aspectos:

  • Si las copias se corresponden con los originales.
  • Si fueron escritos por la misma persona. Por ejemplo, la pericia que hizo la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, determinó que el lenguaje no se corresponde al de Centeno.
  • Por lo tanto, ahora los jueces preguntan si lo escrito pertenece al puño y letra de Oscar Centeno o a otras personas. Por las pericias privadas y oficiales -hizo también un estudio la Policía Federal- se detectó que el amigo de Centeno, Jorge Bacigaluppo, ex policía, escribió parte de las correcciones y tampoco es irrazonable que le haya dictado a Centeno lo sustancial de los textos. 
  • Se le pide a los peritos que establezcan qué materiales se usaron para escribir los cuadernos. Seguramente fueron cambiando las tintas y marcan diferencias entre los primeros y los últimos, cuyos contenidos son radicalmente distintos. En los primeros, sólo hay referencias a los viajes: “fuimos de tal lado a tal otro lado”. Típico de remisero. En cambio, los últimos son los que mencionan bolsas y cifras de dinero, que Centeno nunca vio, pero que “calculó”.
  • Que se establezca la antigüedad de los textos. La sospecha es que los últimos cuadernos, que se corresponden con supuestos viajes de 2013 y 2015, fueron dictados después, posiblemente antes del “hallazgo” y el inicio de la causa judicial.
  • También se le pide a los peritos que detecten una involución o evolución de los textos. Tal vez se refiere a lo establecido por las pericias hasta ahora: los últimos cuadernos tienen trazos más fuertes y más profundos, lo que hace pensar en una escritura más lenta, dictada, no espontánea.
  • Hay un punto de importancia y es el pedido del tribunal para que la empresa fabricante de los cuadernos Angel Estrada informe “la trazabilidad de los cuadernos usados por Centeno y si esos modelos estaban disponibles en el momento en que se habrían redactado los textos”.

En la resolución de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y el designado ilegalmente por Mauricio Macri, Germán Castelli, se “invita” a Centeno a realizar una prueba de escritura para luego cotejarla con la que hay en los cuadernos. En verdad, debería hacerse la comparación con escrituras anteriores de Centeno, por ejemplo, en formularios con los que pidió los documentos.

Para la realización de estas pruebas de la instrucción suplementaria, el Tribunal 7 dio un plazo de 90 días, lo que evidencia que el juicio no va a empezar en 2024 y es dudoso que empiece en 2025. Los jueces no dijeron nada al respecto.

Hubo una movida empresaria para que se considere a las entregas de dinero como aportes electorales, buscando así una salida redimible por multa. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral se pronunció respecto del empresario Angelo Calcaterra, el primo de Macri. Los magistrados sostuvieron que no alcanza con decir que los aportes fueron electorales, deben aportarse pruebas: por ejemplo, que el dinero se usó para pagar publicidad o carteles o cualquier otro gasto de una campaña electoral.

La instrucción suplementaria todavía traerá polémicas. El abogado de Cristina, Carlos Alberto Beraldi, pidió las comunicaciones entre el juez Bonadio y el fiscal Stornelli, para evidenciar el trasfondo y las increíbles irregularidades del expediente. El Tribunal rechazó esa prueba y Beraldi pedirá la revisión de esa decisión, incluso apelando a la Casación. 

La fiscalía pidió que se incorpore lo surgido del celular de José López, exsecretario de Obras Públicas, aquel que tiró los bolsos en el convento de General Rodríguez. La pericia de ese celular se hizo en la causa por enriquecimiento ilícito en la que se condenó a López. La fiscalía se tira el lance de que puede haber comunicaciones que tengan relación con las entregas de dinero. Beraldi también quiere que esa prueba se incorpore -no hay ninguna llamada ni mensaje con CFK-, pero pide que la pericia se haga en la causa Cuadernos, no que se traiga del otro expediente. Por ahora, ese pedido fue rechazado. 

En rigor, la acusación contra Cristina se basa en que hubo recepciones de dinero en el departamento de Uruguay y Juncal, pero nunca estaba la ex mandataria, que no volvió al edificio hasta terminado su mandato, en 2015. El que recibió los supuestos bolsos fue el fallecido ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, luego investigado por tener cuentas y bienes en el exterior. Muñoz dejó su cargo en 2009.