El gobernador bonaerense Axel Kicillof desmintió este jueves, en declaraciones al periodista Gustavo Sylvestre, la supuesta creación de una junta provincial de granos, cuestionada por entidades agrarias. Explicó que, vencida la concesión, se están discutiendo los términos del nuevo contrato. Según constató Buenos Aires/12, la Provincia busca una “reserva de carga” que garantice el derecho de uso a los pequeños productores, generalmente los más perjudicados.

La concesión de la terminal de Quequén, con un plazo establecido de treinta años, venció en 2021. Sin embargo, el mismo contrato establecía una prórroga semiautomática de tres años, que se cumple en el próximo noviembre.

Desde hace algún tiempo, las partes negocian los términos del nuevo contrato. Ese dato, la puja por las nuevas condiciones, es un elemento central a la hora de comprender la ola de rumores y versiones que circularon recientemente, que incluyeron tanto la no renovación (que algunos directamente denominaron “estatización”) y la creación de una junta de granos, al estilo de las que se crearon en la década del treinta del siglo pasado.

Ese término se pudo leer en un comunicado de la Mesa de Enlace bonaerense. "La Mesa de Enlace Regional rechaza cualquier intención de intervención con el objetivo recaudador, sin atender las necesidades del sector productivo", señalaron las entidades. En el mismo texto, aseguraron que el gobierno provincial tiene el "propósito de conformar una renovada 'Junta Provincial de Granos'”.

Según pudo confirmar este medio, los elementos en disputa entre ambas partes, que vienen demorando la redacción del nuevo pliego, son dos. Por un lado, el monto que la Provincia percibirá en concepto de multas por obras comprometidas y no realizadas, que fuentes del sector estiman entre diez y doce millones de dólares.

Por otro, la denominada “reserva de carga” que explicó el gobernador y puso en alerta a todo el complejo agroexportador y los empujó a, en términos del propio mandatario, “estar agitando fantasmas”.

Esto es, que el Estado provincial tenga acceso a una cuota de uso del elevador de granos, al igual que lo hacen las empresas privadas, pagando por el servicio, para ponerla a disposición de los pequeños productores, algo que las condiciones actuales excluyen, a pesar de que la gestión es público-privada.

“Generalmente ése es el sector más castigado con el precio, el eslabón más débil de la cadena, ya que los intermediarios se quedan con la mayor parte de la rentabilidad”, explicó Kicillof para defender la decisión.

Cuestión de acceso

Facilitar el acceso a los servicios portuarios de estos pequeños productores los ayudaría a recomponer sus márgenes de ganancias, al tiempo que reduciría la de aquellos que hoy tienen acceso privilegiado y fijan condiciones. Las declaraciones del gobernador fueron un intento por detener una creciente campaña de desinformación y estigmatización. 

En las últimas horas, los 120 trabajadores de la terminal Quequén, la mayoría destinados al elevador de granos, recibieron un correo electrónico con la firma de José Martins, titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, accionista mayoritario de la empresa Terminal Quequén S.A., según el cual, en virtud de las recientes decisiones del Ejecutivo provincial, la continuidad de sus empleos no estaba garantizada. 

El mensaje tuvo el efecto de una bomba, que se fue irradiando desde el puerto hasta la ciudad de Necochea, hasta convertirse en el único tema de conversación y preocupación, por una amenaza imaginaria.

La desmedida reacción de los exportadores puede leerse como un reflejo de lo ocurrido en 2020, con la fallida estatización de Vicentín. La empresa había recibido y fugado dinero de préstamos del Banco Nación y había dejada impaga una importante compra de granos, generndo el ahogo financiero de cientos de chacareros. 

Aun así, el sector recurrió a su enorme poder de lobby para impedir que el Estado nacional accediera a alguna posición que le permitiera conocer de primera mano elementos claves de la realidad del sector como precios testigo, márgenes de ganancia o posiciones dominantes al interior de la cadena.

Las denuncias por prácticas monopólicas y los intentos por impedirlas o democratizarlas son un clásico del manejo de complejos de silos, elevadores de granos e infrestructura portuaria mecanizada, desde la aparición de los primeros elevadores a vapor en EEUU en el siglo XIX. Esto explica, en buena parte, la resistencia al dragado del Canal Magadalena.   

Puertos

Un argumento de aritmética pura permite desestimar los "fantasmas" agitados por una parte del sector. En el puerto, las decisiones las toma por mayoría simple un directorio de nueve miembros, cuya presidencia ejerce la funcionaria renovadora Jimena López, única integrante en representación de la Provincia. 

Los otros ocho sillones se reparten entre representantes gremiales, empresarios de la Cámara de Actividades Portuarias, del municipio de Necochea, de Coninagro y de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). Cuesta creer que el gobierno proponga una iniciativa sin chequear si tiene el número suficiente, tanto como que directores por Coninagro o CIARA voten por la nueva "junta de granos".

La Comisión de Asuntos Portuarios, Marítimos y Fluviales de la cámara de diputados provincial, que preside el marplatense Gustavo Pulti, tampoco tiene ningún proyecto vinculado al tema en su agenda.

El puerto de Quequén es el más profundo del país y mueve alrededor de 7,5 millones de toneladas de granos anuales, que equivalen al 7 por ciento de las exportaciones argentinas. A su vez, representan el 1 por ciento del comercio de granos a nivel mundial.