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Las advertencias de Nicolás Kreplak no fueron escuchadas y el sistema de salud bonaerense se encuentra ante el desafío de sostener los servicios de guardia. El ministro de Salud apuntó contra el Gobierno nacional por el retorno del impuesto a las ganancias y el peligro de que los médicos eviten, como ellos mismos dicen, “trabajar para no cobrar”. Hoy, los directores de hospitales provinciales describen su preocupación por los planteos de sus trabajadores: “Ya me avisaron que no hacen más reemplazos”.
La realidad transcurre de la misma manera en el conurbano y en el interior bonaerense. “No voy a poder las guardias de los adultos”, dice a Buenos Aires/12 Carolina Ricci, Directora del Hospital General Raúl Oñativia de Rafael Calzada. El combo, explica, se le completa con las guardias pediátricas, ya que los fines de semana la especialidad se cumple con reemplazos.
El mismo padecer describe José María Mignes, al frente del Hospital Interzonal Julio de Vedia en 9 de Julio. “Se nos va a poner picante en la dirección, porque los profesionales ya nos vienen diciendo que hablaron con sus contadores y no llegarán a hacer todas las guardias de agosto o los traslados”, afirma a este diario.
Este panorama desalentador que expuso Kreplak, también lo explicó Pablo Maciel, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). “Van a dejar a gran parte de la ciudadanía en riesgo de vida”, señaló el dirigente gremial semanas atrás a partir de la decisión del Gobierno nacional de eliminar la exención que existía sobre las guardias médicas respecto al impuesto a las ganancias.
La traducción de este problema la detalla el propio Maciel. En la provincia de Buenos Aires, señala, un médico cobra entre 800 mil y un millón de pesos por mes. Desde el primero de julio, el valor de la jornada de guardia de 24 horas en días hábiles es de 186.297 pesos, mientras que en los feriados y fines de semana es de 223.157. En el ámbito privado, asegura, los valores son similares.
La mención al sector privado no es casual, ya que muchos médicos y trabajadores de la salud hacen guardias tanto en instituciones públicas como privadas. Con la modificación del impuesto impulsada por Javier Milei, el piso desde el cual se deberá pagar el tributo bajó, para los solteros, de 2,3 millones de pesos a 1,5 de bolsillo, aproximadamente. Para quienes estén casados y con dos hijos, el mínimo está levemente debajo de los dos millones de pesos.
A simple cálculo, un par de días de guardia en días hábiles y otro par de feriados, pone a cualquier trabajador a pagar ganancias. La gravedad de la cuestión la detalla tanto Ricci como Mignes en los distintos puntos de la provincia.
En el Oñativia, hay médicos que prestan servicio de guardia, al menos, dos veces por semana. Incluso, complementan con algún fin de semana e, incluso, también lo hacen en clínicas o sanatorios privados.
Por el lado del Julio De Vedia, Mignes apunta que, en algunas especialidades, sólo hay dos médicos para cubrir los siete días de la semana, lo que obliga a sostener la atención mediante guardias de los propios médicos que atienden a los habitantes de 9 de Julio y también a los de otros doce municipios, como Pellegrini, Dereaux, Salliqueló y Tres Lomas.
El retorno del problema
Tal como contó este medio, el problema de las guardias estaba resuelto, pero Milei lo volvió a poner sobre la mesa. Transitoriamente, una primera solución se ejecutó durante la pandemia, cuando las bajas por licencias, enfermedades, contacto estrecho y distintos tipos de aislamiento imposibilitaba cubrir las guardias.
En aquel momento se sancionó la Ley Nacional N° 27.549. Luego se prorrogó mediante la N° 27.617, la cual venció en 2021. Los problemas volvieron y, entonces, el ex ministro de Salud de Axel Kicillof y diputado nacional, Daniel Gollán, presentó un proyecto de ley que se aprobó en 2023. Fue la N° 27.718 que, según detalla Maciel, eliminó las deducciones impositivas a todo tipo de guardia activa y pasiva, así como las horas extras, tanto en los servicios de salud públicos como privados.
Esto posibilitó mejorar, entre otras cosas, el servicio de guardias de emergencia. Con el beneficio de la Ley Gollán, tanto médicos como especialistas, radiólogos, laboratoristas y enfermeros quedaron exentos de pagar ganancias por sus guardias. Hay que tener en cuenta que una guardia de emergencias amerita no sólo tener un médico generalista, sino también a quien realice los análisis de laboratorio o las placas que solicite el profesional que atiende a un paciente de urgencia.
Hoy todo se vuelve a complicar tras la eliminación de las exenciones impulsadas por Gollán, ex ministro de Salud de Kicillof. Y, tal como señalan Ricci y Mignes, hay variables de la actualidad que empeorar el cuadro del sistema sanitario. En el caso del Oñativia, un hospital con 220 camas, Ricci asegura que, durante el último semestre, se duplicaron las consultas mensuales. “De alrededor de 600 o 700 que teníamos pasamos al doble”, remarca.
En 9 de Julio, con ochenta camas, Mignes indica que el crecimiento en la demanda de la atención oscila entre el 30 y el 40 por ciento. Ambos advierten que las causas de estos incrementos provienen de dos vertientes: la pérdida de empleo que deja a las personas sin obra social o imposibilitados de sostener una prepaga y las dificultades de que, tanto obras sociales como prepagas tienen para brindar los mismos servicios.
Este último punto, apunta Ricci, se repite cada vez más en su hospital. “Vienen los pacientes y te cuentan que ya no se pueden atender en una determinada clínica donde lo hacían siempre porque ya no los cubren más”, relata. Es decir, los servicios privados de salud recortan prestadores.
En el interior, asegura Mignes, se agrega la complejidad de contar con menos personal médico que en el conurbano. “No hay tantos especialistas y los servicios se cubren con los mismos médicos durante toda la semana”, apunta.
De todas maneras, el inconveniente sobre los recursos humanos también se transita en el conurbano. Ricci reconoce, al igual que Mignes, el esfuerzo del Ministerio de Salud por equipar a los hospitales y consideran que se han hecho innumerables obras que mejoraron las prestaciones del sistema sanitario. “Pero hoy tenés el ecógrafo nuevo y lo que más cuesta es conseguir el especialista”, lamentan ambos directores.
A la Justicia
El sindicato que representa a los trabajadores provinciales de la salud anunció recientemente en conferencia de prensa que su demanda judicial quedó radicada en el juzgado federal Nro. 2 de La Plata, transitoriamente en cabeza de Alejo Ramos Padilla, en calidad de subrogante.
Pero la vuelta del impuesto a las ganancias para los trabajadores asalariados, sin excepción sobre las guardias médicas, no es el primero sino el enésimo eslabón de una cadena de hechos y decisiones que, desde 2020 en adelante, contribuyen al deterioro de los tres subsistemas de la salud en Argentina: el público, el de la seguridad social y el privado.
Tanto las obras sociales sindicales como los institutos provinciales como el IOMA bonaerense o el, recaudan porcentajes fijos de los ingresos de los trabajadores, de manera que la misma pérdida de poder adquisitivo que sufre cada rama de actividad, en un contexto de alta inflación, la sufren las estructuras de salud.
La torta se achica pero, además, los médicos, enfermeras y trabajadores en general, deben competir contra otros comensales, mucho más voraces. Ocurre que la salud recauda en pesos, pero una parte importante de sus costos, como los insumos, reactivos, prótesis o drogas están dolarizados.
Cada subida del dólar aumenta la incidencia de estos elementos en la estructura general de costos, dejando menos recursos disponibles para los gastos en pesos, como son los ingresos del personal. A la vez, cada especialidad recompone honorarios de acuerdo a su capacidad de presión. Médicos clínicos y pediatras ocupan los últimos puestos de la tabla, que encabezan anestesiólogos, cirujanos y esteticistas.
Se trata de un problema común a todos los subsectores, que se refleja en las cada vez más frecuentes medidas de fuerza, especialmente "cortes de servicios", como se denomina en el mundo de la salud a los lock outs patronales. El más reciente fue en Mar del Plata.
Los mismos profesionales suelen trabajar en los distintos subsistemas para complementar sus ingresos. De no resolverse el tema prontamente por la vía judicial, el sector que no le encuentre una solución alternativa será el más perjudicado por la pérdida de profesionales. Si los médicos del sector privado reclaman compensación a sus empleadores, estos intentarán trasladar el costo a las prepagas, que podrían incorporarlo a las cuotas.
En paralelo, la entrada en vigencia del DNU 70, en diciembre de 2023, desreguló la actividad de las empresas de medicina prepaga. Esto significó por un lado la liberación de los montos de las cuotas que abonan los afiliados, muchos de ellos literalmente rehenes de sus coberturas, porque por motivos de edad o enfermedades preexistentes no serían aceptados en otra, a la vez que eliminó la obligatoriedad de que los financiadores trasladen el 90 por ciento de los aumentos a los prestadores.
La consecuencia inmediata fue, en el subsector privado, cuotas impagables con servicios deficientes, que generaron una catarata de demandas de organizaciones de usuarios y consumidores. El poder de lobby de la industria logró fallos de cámara favorables a las empresas, que comenzaron a devolver lo aumentado en más en doce cuotas, sin por ello dejar de aplicar nuevos aumentos.
Una de las principales empresas se mantuvo en rebeldía, cuando jueces de primera instancia de Mendoza y Entre Ríos le ordenaron presentar sus libros contables, para conocer realmente su estructura de costos. El mismo tema fue presentado en las comisiones de Derecho del Consumidor de los legislativos nacional y bonaerense.
