La Libertad Avanza se pavonea por los pasillos del Congreso: su alianza con el radicalismo lo salvó de terminar la semana con un doble fracaso legislativo. No solo logró patear el rechazo del DNU de los 100 mil millones para la SIDE en la Cámara de Diputados, sino que se evitó otra derrota en el Senado. Una derrota de la que no habría habido vuelta atrás: la sanción del proyecto opositor de movilidad jubilatoria. La iniciativa - que, entre otras cosas, incrementa un 8,1 por ciento las jubilaciones - arrastra el fantasma de la amenaza del veto presidencial y el Ejecutivo está desesperado por evitar aquél desenlace. Victoria Villarruel - que no quiere, tampoco, que en Casa Rosada la responsabilicen por la derrota - pudo posponer el tema para el próximo jueves, ganando así una semana más para que el Ejecutivo negocie modificaciones con algunos senadores radicales.

La estrategia de La Libertad Avanza, cada vez que se presenta la posibilidad de una derrota en el recinto, es siempre la misma: dilatar y dilatar el debate hasta lograr convencer a los aliados díscolos que vuelvan a amigarse con las fuerzas del cielo. Lo intentó, en su momento, con el mega DNU 70/2023, con el presupuesto universitario, el DNU de Inteligencia y, ahora, con la media sanción opositora sobre el tema jubilaciones. El proyecto estaba destinado a ser tratado en el recinto el jueves pasado, pero Victoria Villarruel logró convencer a los jefes de bloque de la oposición de pasarlo para la semana próxima. 

La vicepresidenta sabía que, si el tema llegaba al recinto esa semana, Unión por la Patria lograría hacerse de una mayoría para terminar de sancionar el proyecto que había sido aprobado en Diputados hace más de dos meses. En el despacho de la presidenta del Senado calculaban cerca de una cuarentena de votos en favor del proyecto opositor, ya que a los 33 peronistas se sumaban varios radicales, como Martín Lousteau, Pablo Blanco, Daniel Kroneberger y Flavio Fama. También los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano - los senadores que, durante la votación en particular de la Ley Bases, abandonaron el recinto y esperaron en las escaleras - acompañan la media sanción de Diputados. En un contexto de derrumbe del poder adquisitivo de los jubilados, no había senador que se animara a oponerse a un incremente, por lo que el poder de maniobra del oficialismo era bajo. Hasta Guadalupe Tagliaferri (PRO) analizaba la posibilidad de acompañar.

Villarruel, sin embargo, logró convencer a sus aliados de aguardar una semana más. La línea más mileísta del bloque radical, que comanda Eduardo Vischi, aceptó, a la espera de que el Ejecutivo ofrezca alguna propuesta que le permita negociar internamente una salida amigable con el gobierno. Hubo una reunión el martes con mensajeros del Ejecutivo - fueron José Rolandi y María Ibarzábal -, pero no se terminó de arribar a un acuerdo porque el gobierno, de momento, se rehúsa a aceptar otra cosa que no sea la compensación extra por la inflación de enero (es decir, ese aumento del 8,1 por ciento).

La estrategia del oficialismo es modificar el proyecto, de modo de que vuelva a la Cámara de Diputados y se dilate así, por varios meses más, el aumento de las jubilaciones. El radicalismo se muestra deseoso de complacer al gobierno, pero le pide alguna muestra de buena fe. "Nuestro objetivo es hacer todo lo posible para evitar el veto presidencial", explican en la bancada radical, en donde insisten que, si no hay acuerdo con el gobierno, Javier Milei terminará vetando - total o parcialmente - una ley que genera déficit fiscal y que motivó que empezara a calificar a la oposición como "degenerados fiscales". "Los radicales quieren una excusa para que vuelva a Diputados y no se trate nunca más", cuestionan, mientras tanto, algunos dirigentes peronistas que observan con preocupación las ansias de algunos de sus aliados por arribar a un acuerdo con el gobierno.

Hasta ahora, sin embargo, el Ejecutivo no ha ofrecido una propuesta que satisfaga a los más díscolos entre los aliados. El gobierno acepta que se establezca una fórmula de movilidad jubilatoria por IPC - ya existente desde marzo por un DNU presidencial - y el extra por la inflación de enero que no había incluido. El problema gira, fundamentalmente, en torno a dos artículos: el que establece que la jubilación mínima no pueda estar por debajo de un equivalente al 1,09 de la Canasta Básica y el que refiere la inclusión de un adicional mensual por variación salarial. Este último artículo sostiene que, todos los años, se incluirá un adicional del 50 por ciento de la variación entre el RIPTE y el IPC, de modo que las jubilaciones puedan ir aumentando en contextos de crecimiento económico.

Milei se rehúsa tajantemente a los dos puntos, que considera que atentan contra su objetivo de déficit cero, por lo que en el Senado están a la espera de que haya o una nueva propuesta o un cambio de postura del presidente. Y no solo los opositores, sino también la propia Villarruel, que teme que, de sancionarse la media sanción de Diputados, Casa Rosada lo utilice como insumo para pegarle políticamente. Algunos sectores de la oposición ya comenzaron a hablar de la posibilidad de que el adicional por RIPTE sea del 25 por ciento y no del 50, pero se reunirán recién el lunes para arribar a un acuerdo. La mayoría está predispuesto a encontrar una solución con el gobierno de Milei, pero, hasta ahora, no han recibido la señal de buena fe que vienen esperando.

La sesión del jueves 22 no será, sin embargo, la única fuente de ansiedad del oficialismo. Como si fuera poco, el miércoles 21 comenzará a tratarse, finalmente, el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema en el Senado. En la oposición predomina la incredulidad: hasta ahora nadie en el oficialismo se ha esforzado mucho en juntar los votos para aprobar su designación. El mayor aliado del oficialismo es el peronismo - ya que el PRO y gran parte del radicalismo no quiere a Lijo -, pero hay varias figuras de UxP que no están del todo cómodas con la candidatura del juez federal. Y, a este ritmo, se vislumbra difícil que Milei pueda conseguir los dos tercios necesarios para nombrarlo como juez de la Corte.