Luego de que Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género, la justicia ordenó el secuestro del teléfono celular del expresidente. En pocos días más se le realizará una pericia para determinar el tipo de conversaciones que mantenía con Yañez y si de ahí se desprenden pruebas del acoso y la violencia denunciada. Pero ahora también ese teléfono servirá para otra causa en la que se encuentra implicado Fernández por presuntos hechos de corrupción y que se conoce como el caso de los seguros. El juez Julián Ercolini deberá decidir si acepta el pedido de la fiscalía.
El secuestro del celular se realizó el viernes pasado porque el juez quería --en teoría-- solo confirmar que, como sostuvo Yañez, el exmandatario continuó hostigándola a pesar de que existía una orden judicial de restricción que le impedía cualquier tipo de contacto. Esta medida judicial fue aprovechada por el fiscal Carlos Rívolo y le solicitó a Ercolini que haga otro peritaje al teléfono y que se revisen los años en que Fernández era el presidente de la Argentina.
En ese sentido, la fiscalía le requirió que se analice y evalúe toda la información que contenga el aparato en referencia a la causa de los seguros que el fiscal investiga. En el texto remitido al juez la fiscalía sostiene que "independientemente de los límites con los que V.S eventualmente ordene el análisis de la información que pueda llegar a obtenerse de esos dispositivos y su posterior inclusión en el expediente mencionado y, teniendo en cuenta que las herramientas técnicas usualmente utilizadas para realizar este tipo de extracciones no admiten limitación, sino que extraen la totalidad del contenido de los dispositivos; es que vengo por medio del presente a requerir a V.S que, ante la posibilidad de que al momento de efectuarse el análisis y evaluación sobre toda esa información extraída de esos dispositivos, V.S constate la existencia de elementos que sean de interés para la presente causa en la que se encuentra investigado el nombrado, se agreguen como prueba en estas actuaciones”.
Lo que se está investigando son presuntas irregularidades alrededor de un decreto de Fernández donde los organismos estatales nacionales debían contratar seguros a través de Nación Seguros que, en definitiva, favoreció la participación de broker. A partir de allí aparece la figura de María Cantero, histórica secretaria Fernández, casada con Héctor Martínez Sosa que, junto a otra persona, “habrían sido los beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo del mencionado Decreto”. Según una auditoría Martínez Sosa “figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación"
Esto apareció en las 1.899 conversaciones que Cantero mantuvo con su marido desde su celular donde éste le pedía que aprovechara su posición en el Ejecutivo para destrabar la gestión de los seguros con diferentes reparticiones públicas. En ese teléfono de Cantero aparecieron los chats que mantenía con Yañez y donde le relataba su padecer por la violencia que ejercía el entonces Presidente sobre ella.
Al descubrir las conversaciones entre Cantero y Yañez, el juez Ercolini se comunicó con la exprimera dama y le preguntó si quería hacer una denuncia por entender que este tipo de lesiones correspondían a un delito de acción privada y la víctima debe denunciarlo. En un primer momento Yañez dijo que no, pero cuando trascendieron mediáticamente las conversaciones la expareja de Fernández cambió de opinión y realizó la denuncia. El sorteo posterior de la causa quiso que sea Ercolini el juez que investigue este caso de violencia de género.
Más allá del final que pueda llegar a tener esta investigación judicial, lo cierto es que el gobierno de Javier Milei está aprovechando para desregular el sistema y permitir, a través de un decreto que se publicará pronto, que cualquier empresa privada pueda prestar ese servicio, sin necesidad de intermediarios. En ese sentido, el gobierno nacional ya dejó sin efecto el decreto que había implementado Fernández por el cual todos los organismos públicos debían contratar sus pólizas de seguro con Nación Seguros, una de las empresas que pertenecen al Banco Nación.
De esta manera y al desregular el sistema Nación Seguros ya no tendrá el monopolio del servicio y tampoco otras empresas públicas puedan ser beneficiadas con decretos similares.
