Cero. Ese es el resultado de las gestiones de Santa Fe frente al gobierno nacional. Esta semana volvió a estallar el ministro de Maximiliano Pullaro que más desgaste experimentó en reuniones estériles con funcionarios que saltaban cada quince días de su cartera. Lisandro Enrico, responsable del ministerio de Obras Públicas, pidió que la nación “por lo menos corte el pasto y repare algunos baches” en los 2.800 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia. “Pagamos IVA, retenciones, impuesto a los combustibles y viajamos por rutas de cuarta”, dijo ofuscado el funcionario. Sucede que el gobierno de Javier Milei aún no responde acerca de qué obras va a retomar o no en Santa Fe y ni siquiera transfiere formalmente la jurisdicción para que tome algunos trabajos el gobierno de la provincia. No hace ni deja hacer.

Las rutas nacionales de Santa Fe se hacen cada día más peligrosas. “Todos los días aparece un bache nuevo”, admitió Enrico mientras anunciaba un ambicioso proyecto para un nuevo carril de la autopista Rosario-Santa Fe. La cartera se mantiene activa y también anunció la construcción de la “mayor cantidad de plazas carcelarias construidas en la historia de la provincia”. Más allá del rédito político las empresas constructoras locales dan fe de ese dinamismo.

Mariano Schor, de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario, confirmó que en Santa Fe, a diferencia de lo que está ocurriendo con la obra pública nacional, “la inversión está en muy buen nivel y creciendo”. Y señaló: “Tenemos información de que va a haber muchas licitaciones con mucha más inversión”.

Reunido con sus pares nacionales, Schor analizó la reciente reglamentación de la Ley Bases que estipula que sólo continuarán las obras que estén en un 80% de ejecución. El resto se rescinde el contrato o pasan directamente a las provincias. “Lo vemos con mucha preocupación”, dijo el empresario que apuntó que en Santa Fe hay muchas obras nacionales totalmente paradas.

La gestión de Pullaro hace todo lo contrario a la gestión de Milei en algunos aspectos, pero imita el clima de época en otros. Por ejemplo, los empresarios de la construcción a la vez que celebran el ritmo de inversión en obras de la provincia, fustigan y hasta lograron frenar por el momento el fin del compre santafesino en el marco de una nueva ley de Emergencia Vial que se debate en el Senado provincial. Ese ítem pondría a las constructoras locales en competencia de igual a igual con empresas de todo el país quitándoles las ventajas de las que gozan hoy para quedarse con las licitaciones.

Pero no sólo son las rutas, sino también el Fondo Compensador al transporte urbano de pasajeros y los medicamentos que la nación dejó de enviar poniendo en serio riesgo tratamientos, por ejemplo, contra el HIV. La provincia invertirá miles de millones para garantizar la entrega de remedios vinculados a la salud reproductiva y a la salud sexual y anunció la compra de 160 mil vacunas contra el dengue. Todos recursos que ya no llegan desde la Nación.

Este panorama demuestra hasta dónde llega el poder político construido por Milei en poco tiempo y en soledad. Casi sin concesiones a una clase política acorralada, culposa y sin la más mínima reacción. Pullaro también construyó mucho poder con los votos pero sentado sobre una coalición de partidos a los que se encarga de mantener en buenas relaciones y dentro de un mapa equilibrado. De ahí la importancia de las legislativas del año próximo: O se verá la necesidad de ponerle algún límite al presidente libertario o, por el contrario, las mayorías decidirán profundizar este rumbo en la creencia de que las penurias traerán un futuro más venturoso.

Pero mientras tanto, hay que seguir fingiendo demencia. Y tratar de vender el relato de que las modificaciones -de maquillaje- que tuvo en el Congreso el Régimen de Incentivo a las Grandes inversiones (RIGI), fueron por un supuesto lobby santafesino que resulta que no puede ni siquiera saber qué obras completará nación y cuáles abandonará. Pero la idea es soñar con que habrá alguna ventaja para la industria santafesina cuando, en los papeles, hay un claro camino demarcado con rumbo a un cementerio pyme.

También está la quimera de transformar a Santa Fe en una provincia minera y petrolera pero sin minas ni petróleo. Las mesas de trabajo que funcionaron a principios de este mes apuntan en esa dirección. Ya hay en Santa Fe casi 200 empresas santafesinas que comercializan innumerables servicios y productos para compañías mineras. Pero muchas provincias mineras y petroleras tienen una legislación que prioriza el compre local, es decir, están primeras en la fila para ser proveedoras de las gigantes de la actividad extractivista. Eso le pega de lleno al grupo de empresas de Santa Fe que quieren colarse en los grandes proyectos. Por eso Pullaro quiere sacar ese compre santafesino a las constructoras que pujan por la obra pública: No puede pedirle a otras provincias que eliminen lo que rige en este territorio.

Mientras tanto, esta semana un vasto arco de organizaciones civiles presentó ante la Legislatura provincial una moción de rechazo a la posible adhesión de Santa Fe al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), contenido en la Ley Bases que el Congreso de la Nación aprobó a instancias del gobierno de Javier Milei. La movida es el correlato local de otros similares que se plantean por estos días en distintas provincias. Y reclama la convocatoria de una audiencia pública para amplificar las graves consecuencias lo que ese programa depararía para el medioambiente, la economía local y la vida misma de la población santafesina. La iniciativa choca de bruces con la posición favorable que hasta aquí ha expresado el gobernador Pullaro, el frente Unidos para Cambiar Santa Fe y aliados.

Los jueces son míos, míos

El diputado provincial por el PJ, Marcos Corach, realizó un fuerte descargo contra el gobernador Pullaro, luego de que los actuales fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Valeria Pía Haurigot (Rosario) y Horacio Hugo Pueyrredón (Venado Tuerto) y el defensor de Santa Fe, Mario Guedes sean los candidatos para integrar la primera Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria.

“Tanto la doctora Haurigot como el doctor Pueyrredón, quedaron en el puesto 8 y 12, por orden de mérito. A Guede, el tercero en cuestión, tampoco le fue muy bien porque quedó en el puesto 9. Pero, ¿cómo zafaron de haber quedado en la cola de la lista de postulantes? El gobernador Pullaro emitió un Decreto en el que cambia las reglas de juego”, denunció Corach.

La polémica se generó luego de que el gobierno provincial enviara a la Legislatura la terna para integrar la flamante Cámara de Ejecución Penal, un organismo judicial clave para su política de seguridad. Pero los apellidos generaron críticas por parte del propio Poder Judicial, con quien la relación es más que tirante, mientras que el Ejecutivo defiende a ultranza a los elegidos.

Haurigot y Pueyrredón habían sido reprobados en la primera parte del concurso de selección por el tribunal evaluador. Los dos impugnaron esa decisión y luego el gobierno provincial resolvió a favor de ambos, de manera que pudieron avanzar en el concurso y quedaron en la lista que el Consejo de la Magistratura elevó al Ejecutivo.

El gobierno provincial impulsó la creación de la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria en enero, luego de que fuera aprobada por Ley. Será una única cámara con asiento en Rosario y Santa Fe para toda la provincia. Lo que busca Pullaro es orientar la política judicial en materia carcelaria.