El gobierno de Javier Milei cerró la semana pasada la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) con un argumento que fue rechazado por distintos juristas: que el Poder Ejecutivo no puede investigar, facultad que le compete únicamente al Ministerio Público Fiscal (MPF).
“Los estándares internacionales en materia de derechos humanos emplazan a los tres poderes del Estado para su cumplimiento y para el esclarecimiento de la verdad”, responde ante una consulta de este diario Alejandro Slokar, juez que coordina la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. “El Poder Ejecutivo es, de hecho, quien tiene la representación ante la comunidad internacional”, añade.
El mismo día en que el gobierno cerró la UEI, el presidente de la Casación, Mariano Borinsky, formuló una recomendación a los tribunales que juzgan crímenes de lesa humanidad para que preserven la prueba y los sitios de memoria, que son los lugares donde los crímenes se perpetraron. La recomendación fue en base a un relevamiento que completó Slokar después de una presentación que hicieron sobrevivientes de los centros clandestinos con abogados y referentes del movimiento de derechos humanos.
En su informe, Slokar recogió lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) al sancionar a la Argentina por la impunidad en el caso AMIA, a partir de un caso que llevó adelante Memoria Activa. El tribunal resaltó que “se requiere la participación activa de todas las autoridades involucradas” y que éstas deben “abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones”.
Antes de eliminar la UEI de Conadi, tanto el Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, como el Ministerio de Seguridad, que maneja Patricia Bullrich, se habían negado a contestar los requerimientos de la Conadi –ante el silencio del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, que es de quien depende el organismo.
