Llega a la mesa de trabajo de esta columna un libro notable, acaso excepcional por su volumen: 13 tomos o capítulos que historian la Defensa Nacional desde la batalla de Caseros en 1852 hasta el final de la presidencia de Néstor Kirchner.

Se trata de una obra que hacía mucha falta y que ahora está disponible en versión publicación electrónica, aunque se sabe –al menos hasta donde pudo establecer esta columna– que también hay ejemplares impresos en papel, si bien en cantidad muy reducida.

La publicación, bajo el sello “Ediciones de Periodismo y Comunicación” de la Facultad homónima de la Universidad Nacional de La Plata, permite acceso gratuito a una voluminosa y muy completa “Historia de la Defensa” que puede bajarse desde acá. 

Su autor es un reconocido periodista, Jorge Luis Bernetti, graduado en Comunicación Social en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y luego Doctorado en la UNLP en Argentina, donde es docente además de haber sido, durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, Director de Comunicación Social en esa cartera entre 2005 y 2010.

La obra aborda todos los aspectos que interesan a las FFAA desde una perspectiva nacional-popular-democrática, como nunca antes había sido ni siquiera esbozada como intento globalizador del conocimiento, siendo que se trata de uno de los aspectos más sensibles de la vida nacional.

Al punto que en esta materia la información va necesariamente de la mano de la actualización y modernización de nuestras FFAA en un mundo cada vez más tensionado y condicionante, siendo la Argentina –como en efecto es– uno de los países territorialmente más extensos y ricos del planeta, que ahora está circunstancialmente en manos de un sujeto imprevisible y mesiánico, sobrado de soberbia.

Y es claro que eso mismo es lo que aconseja por lo menos encender todo tipo de alarmas, dada la vigencia de dos instrumentos (los llamados “Ley Bases” y “RIGI”) ante los cuales y aunque suene duro decirlo hoy no hay verdadera oposición política que los controle. Porque es un hecho que en la Argentina de estos días, ligera y/o corruptamente, el Congreso de la Nación ha facilitado una especie de alegre suma de libre disposición de los bienes nacionales.

Como en todo proceso de cesión cipaya de bienes, la Argentina hoy se zarandea igual o muchísimo más que en los últimos 100 años, lo que devuelve atención protagónica a la cuestión militar. Sobre todo porque en los recientes años de democracia, en lo que va del Siglo 21, se habían felizmente atenuado las viejas amenazas de inestabilidad. Y es sabido que no hay mejor misión militar que la que con abnegación y orgullo cuida la democracia y la paz .

Nuestra historia en lo que va del siglo es ejemplar en este sentido, porque no hay ni debe haber mejor custodia de la Patria y del Pueblo que la que aseguran Fuerzas Armadas garantes de la Democracia, los Derechos Humanos, la Paz y el cuidado de los bienes naturales y soberanos de la Argentina.

En este sentido es también importantísima la circulación reciente de un informe sobre la veloz militarización que promueven los sectores más irresponsables del actual gobierno.

Titulado “La preocupante y vertiginosa militarización del Estado Argentino en la era Milei”, el texto proviene de la Provincia de Chubut, ya circula en redes sociales y su autor es Carlos Silvestri García, un respetado ingeniero de Trelew que analiza y describe lo que llama “vertiginosa pérdida de derechos ciudadanos”, que podrían desembocar en duras e indeseadas represiones, violentas y antidemocráticas, y autojustificadas con el desenfado mentiroso que ya es habitual en el Gobierno dizque “libertario”.

Silvestri señala que con Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, la vocación represiva inaugurada por su gestión en la misma cartera durante el gobierno de Macri, se reinstala ahora en el gobierno de Milei mediante el así llamado “Protocolo Antipiquetes”, cuyo objetivo no es otro que disciplinar con violencia todas las movilizaciones populares, como ya se vio el pasado 12 de Junio, día de la primera gran marcha popular en defensa de las Universidades Públicas, cuando fueron detenidas decenas de personas acusadas de “terroristas” con imputaciones falsas y violentas, y algunas torturadas y derivadas a penales federales.

También contabiliza Silvestri los cuestionamientos al proyecto de Ley presentado por el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, en el que apunta a bajar la edad de imputabilidad de los menores, llevándola a los 13 años. Y por supuesto repudia la “visita” de un minúsculo grupo de legisladores oficialistas a la cárcel de Ezeiza, donde departieron con genocidas, torturadores y apropiadores que cumplen condenas y a quienes se pretende absurdamente indultar.

La suma de cuestionamientos no termina ahí, pues también se rechaza el proyecto de Ley presentado por el Ministro de Defensa, Luis Petri, quien pretende modificar la Ley de Seguridad Interior para permitir que las FFAA participen en acciones represivas, lo que está rigurosamente prohibido tras la dolorosa experiencia de los años 70 y por leyes fundamentales del Estado democrático.

Por cierto, el reconocimiento internacional que tiene la Argentina en materia de DD.HH es el fruto de la resistencia de muchas personas y colectivos sociales durante décadas y fundamentalmente de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

No fue sencillo demostrar que debía ser el poder civil, desde el gobierno, el que ordenara la política militar y condujera con efectividad un sistema de defensa democrático y patriótico por primera vez desde el retorno de la Democracia. Así se reglamentó la Ley de Defensa y se reformó el Código Militar, que suprimió el Fuero Castrense.

Costó muchísimo reformar y fortalecer en la práctica la conducción civil de las FF.AA y es contra eso que se dirigen los actuales afanes oficiales. Por eso si en la vida argentina hay lecciones para aprender, ésta es una de ellas. Y es de esperar –y bueno confiar, aunque con todas las luces encendidas– que las FFAA en tanto custodias de la Patria nunca más se dejen engañar ni manipular.

Para eso sirven la memoria y la decencia, que son patrimonios esenciales de la democracia y de las y los custodios de la democracia. Los textos mencionados en esta nota apuntan a ello.@