El Comité Nacional de Prevención de la Tortura regresó el jueves último a San Miguel de Tucumán en busca de respuestas institucionales ante la agresión que sufrió el integrante del mecanismo local, Fernando Korstanje, por parte de un policía cuando intentó inspeccionar la Comisaría N° 1, el pasado 30 de julio, ubicada en pleno centro de la capital tucumana. 

Para sorpresa y decepción de los comisionados nacionales Leandro Halperín y Kevin Nielsen y de dos integrantes del Comité de Prevención de la Tortura de Santiago del Estero, Luis Santucho y Natalia Gabellini Castro, que los acompañaron en esta visita, no hubo avances en el expediente administrativo del Ministerio de Seguridad de Tucumán, ni sanciones. Tampoco se avanzó en la investigación penal que está a cargo de la fiscala Mariana Rivadeneira.

"Parte de la agenda de trabajo estos días en Tucumán estaba concentrada fundamentalmente en los episodios que tuvieron como víctima al comisionado Korstanje, que fue golpeado por personal policíal en ocasión de un monitoreo en la Comisaría Primera", dijo Halperín a Salta/12. En este contexto, los representantes del Comité Nacional pudieron reunirse con el secretario de Justicia del Ministerio Público Fiscal, Luis Germain, y con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Mario Racedo.

Halperín dijo que les quedó "pendiente" reunirse con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien "no tuvo tiempo en su agenda" para recibirlos.

"Fundamentalmente, lo que nos preocupa a nosotros es que no hubo avances, ni en el expediente administrativo ni en el expediente penal. El Ministerio de Seguridad no adoptó temperamento alguno para con el personal que golpeó al comisionado Korstanje y al mismo tiempo manifiestan que van a esperar el resultado del expediente penal, y en el Poder Judicial no se ha producido ningún avance tampoco", precisó Halperín. 

De este modo, "el escenario no es favorable, no hemos encontrado receptividad por parte de las autoridades de ninguno de los tres poderes", advirtió el comisionado nacional, si bien hizo la excepción "de la buena predisposición tanto del secretario de Derechos Humanos como del secretario de Justicia del Ministerio Público Fiscal", aunque ratificó que "inclusive a pesar de esa buena predisposición no nos han podido informar de ningún avance concreto en la materia".

Días después de la agresión a Korstanje, el gobernador Osvaldo Jaldo fue consultado por la prensa local sobre este hecho y respondió: “le he dado instrucciones al ministro de Seguridad, que realmente se tomen las medidas que haya que tomar. No lo conozco en profundidad al caso, pero sí no hay duda que el ministro y el jefe de la Policía (Joaquín Girvau) están realizando las actuaciones que se debe realizar en cada caso”.

Halperín opinó sobre esas expresiones del mandatario provincial. "Me parece positivo que el gobernador se exprese sobre la materia, sin perjuicio de que nos preocupa un poco el nivel de conocimiento, de escaso conocimiento, que tenía sobre la problemática", dijo. 

También Korstanje opinó que el recibimiento de las autoridades provinciales a los comisionados nacionales "fue decepcionante". Indicó que el CNPT no fue recibido por la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura ni por otro legislador, ni por el ministro de Seguridad.

Ningún avance en las investigaciones 

"Quien puso la cara por el gobierno fue el secretario de Derechos Humanos, que fue muy amable, muy atento, y la vez no pudo ofrecer ninguna satisfacción respecto a los dos caminos que tiene la denuncia. El jurídico o judicial, con la denuncia penal en la Fiscalía de Delitos Complejos. Yo no fui recibido por la fiscal ni la comisión tampoco, ni por el Ministerio Público Fiscal, ni tenemos noticias de ningún avance en la causa penal", explicó Korstanje. 

Por otro lado, "la vía paralela es la causa administrativa, el expediente de investigación y eventual sanción dentro de la Policía y del Ministerio de Seguridad como una falta dentro de su régimen disciplinario, tampoco tenemos ningún avance. (...) Más bien tenemos una información preocupante, de que van a esperar que haya resultados de la vía judicial para recién tomar una decisión administrativa, lo cual es muy grave porque no tiene nada que ver una cosa con la otra" ya que se trata de poderes "independientes", señaló el comisionado provincial.

Halperín recordó que el policía agresor fue fotografiado Korstanje. Estas imágenes las aporaron "tanto en sede penal como en sede administrativa. No es muy complicado para la autoridad administrativa identificar con nombre, apellido y documento al personal que con uniforme policial está en la foto". Sin embargo, "Se sabe que no se lo llamó a declarar al acusado y se sabe que no se tomó decisión administrativa alguna, por lo menos hasta este momento", aportó el comisionado nacional.

En este contexto, "lo que nos preocupa es la inactividad del Estado una vez producido el hecho. Uno puede tener un trabajador que no realice bien su función, pero el empleador entonces tiene que reordenar esa actividad. Y en este caso no solamente tenemos un policía que hizo mal las cosas, sino que tenemos hasta este momento, un Estado local que no ha producido avances para esclarecer el hecho ni tampoco para aplicar las sanciones correspondientes", insisitió el comisionado nacional.

Korstanje también se mostró preocupado porque desde el gobierno "hay tibieza a la hora de dejar claro que la provincia no va a tolerar que la policía cometa crímenes, violente a quienes vienen a monitorear la violencia".

Aunque el secretario de Derechos Humanos se manifestó preocupado y se solidarizó con Korstanje, Halperín señaló que también "debiera integrar" la Comisión Provincial contra la Tortura porque  "no son organismos exclusivamente integrados por ONGs, debiera haber representantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Oficial, o sea, del Estado. Y estos tres estamentos hasta esta fecha no han designado a sus representantes".

"Seguimos siendo los de la sociedad civil los que llevamos el peso, ad honorem y sin presupuesto del mecanismo de control de prevención de la tortura", añadió Korstanje.

"Todo está peor"

El CNPT ya reveló que "Tucumán es la segunda provincia con mayor cantidad de personas detenidas, inclusive condenadas, en comisarías. Tiene más de 2.000 personas en comisarías. Hay más personas presas en comisarías que en los sistemas penitenciarios", dijo el comisionado Gustavo Palmieri a Salta/12 en ocasión de la penúltima visita realizada a la provincia en junio de 2024, cuando presentaron el informe de inspección de 2023 y realizaron nuevos monitoreos. La primera provincia con más hacinamiento es Buenos Aires, "pero hablamos de otros niveles de población y de presos", comparó.

Halperín explicó que luego del monitoreo del Comité Nacional a las comisarías tucumanas, entre éstas la N° 1, "el Comité local quedó encargado de realizar nuevos monitoreos para ver si hubo alguna novedad en relación a la primera observación". Llevando a cabo esta tarea es que Corstanje fue agresión por la policía. "Es preocupante. Ahora veremos cómo continúa esto, pero esperamos que tenga algún resultado más favorable que el que hemos tenido hasta el momento", manifestó Halperín.

Korstanje agregó que en el marco de la nueva visita del CNPT aprovecharon para seguir trabajando en territorio y se reunieron con personal penitenciario y policial, en esta oportunidad abordaron la necesidad de implementar protocolos de salud y emergencias. 

"El mecanismo de prevención de la tortura es siempre colaborativo y nunca de nuestra parte podemos dejar de lado un diálogo, entonces seguimos trabajando, pero nadie del Ministerio de Seguridad nos recibió, nadie del Ministerio de Gobierno, y hay como una especie de ninguneo", destacó.

También visitaron la Comisaría N° 1, donde fueron "bien recibidos", señaló Korstanje. También entrevistaron a las personas detenidas. "Todo está peor porque la provincia manifiesta que no va a hacer nada, no hay ningún avance en ningún terreno", recalcó.

"No se hizo eco"

Fernando Korstanje es profesor de las carreras de Ciencias de la Educación y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. 

Aunque la Asociación de Docentes e Investigadores (ADIUNT) se ha solidarizado con el comisionado provincial, no lo han hecho las autoridades universitarias. "Es un día que termina con una noticia dolorosa, porque la Universidad que es mi propia casa no sólo no se hizo eco de la agresión que sufrí, como si no se hubiera enterado, sino que tampoco se hace eco de la problemática, teniendo en mí un informante privilegiado. Pero al mismo tiempo mientras está el CNPT respaldando mi denuncia y visibilizando la situación de las cárceles, desvía la atención hacia la educación universitaria de los pocos presos que podrían ir a la Universidad que son una minoría. Estamos hablando de torturas, analfabetismo, falta de alimentación", señaló Korstanje. 

El viernes último autoridades de la UNT y representantes de DDHH y de la Policía de la Provincia se reunieron para avanzar en un proyecto que busca garantizar el acceso a la educación superior en las cárceles.