Luego de que se detectaron candidatos fallecidos hace diez años en sus listas o que no habían dado su consentimiento para integrarlas, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, procesó a los apoderados de cuatro partidos políticos que se presentaron en las elecciones Primarias del 2023. El fraude le costó al Estado más de 500 millones de pesos. Ya se dictaron embargos.

Tras una investigación que se originó en julio del año pasado, Ramos Padilla dispuso el procesamiento de los apoderados de los partidos Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo. Además, en la resolución de más de 180 páginas, se les prohibió la salida del país y se les embargaron sus bienes.

La definición del delito fue clara: “Maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”. ¿El objetivo? “Acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.

Según el mismo texto, Raúl Ernesto Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos utilizaban datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas. 

Para llegar a estos resultados, la Justicia Electoral bonaerense ordenó, en julio de 2023, la confección de informes preliminares sobre las listas y un entrecruzamiento de todos los precandidatos. Allí constató que los cuatro partidos mencionados incluían entre sus precandidatos personas muertas, en algunos casos, hacía más de diez años. A partir de entonces, se abrieron cuatro causas penales que se acumularon en único expediente.

Hubo seguimiento de gastos, se convocó a la AFIP, pero, ante todo, se citaron a declarar a 216 candidatos. El resultado fue contundente: 170 jamás habían prestado conformidad para integrar las listas de candidatos, y la mayoría desconocía la existencia de los partidos en los que figuraban como precandidatos a diputados Nacionales, senadores Nacionales o parlamentarios del Mercosur.

Respecto al dinero, dos de los partidos se hicieron con los fondos asignados por la Dirección Nacional Electoral. A Proyecto Joven se le asignó un total de 352.050.020 millones de pesos en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas para las categorías diputados y senadores nacionales, y de Parlamentarios del Mercosur distrito Regional. El monto no quedó ahí. También recibió más de 76 millones de pesos para imprimir boletas para los partidos que presentaran listas internas.

A Justicia y Dignidad Patriótica se le asignaron más de 124 millones de pesos. En el caso de Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal, no llegaron a cobrar los montos asignados porque las listas fueron rechazadas por las autoridades electorales.

A lo largo de la investigación se constató que, de los cuatro procesados, uno estaría a la cabeza de las operaciones. Se trata de Habra, apoderado del partido Encuentro Republicano Federal. Tras los allanamientos dictados por el juez, se encontró documentación electoral relacionada con decenas de partidos políticos en sus domicilios.

En la misma resolución firmada por Ramos Padilla, afirma que, con el dinero obtenido ilegítimamente por dos de las agrupaciones, teniendo en cuenta que las dos restantes no llegaron a cobrarlo, habrían mandado a imprimir las boletas a una imprenta de la ciudad de Santa Fe. La elección no habría sido azarosa, ya que el propio Habra es socio de la misma.

“Se lograron determinar vínculos entre dichos apoderados y autoridades partidarias con la imprenta que era seleccionada para la impresión de boletas por los partidos involucrados en esta investigación”, explica el texto.