Keiko Fujimori ya no será juzgada por obstrucción a la justicia

Desde Lima

Una cuestionada decisión del Tribunal Constitucional (TC) ha librado a Keiko Fujimori del juicio por obstrucción a la justicia que venía afrontando. Pero continúa el proceso judicial en su contra por organización criminal, lavado de activos y falsa declaración. Con esta decisión que reduce los cargos contra la hija del exdictador Alberto Fujimori, el pedido fiscal de 30 años de prisión -por la acumulación de las penas de los distintos delitos imputados- disminuye ahora a 24 años como posible sentencia condenatoria máxima contra la tres veces candidata presidencial del fujimorismo. Esta decisión también favorece a otros 14 acusados en este proceso judicial, en el que hay más de 40 imputados. El juicio es por la recaudación clandestina y el lavado de más de 17 millones de dólares en las campañas electorales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

No es la primera vez que el TC, cuyos miembros han sido nombrados por el Congreso controlado por una coalición de derecha y ultraderecha en la que el partido Fuerza Popular (FP) que encabeza Keiko tiene protagonismo central, favorece al fujimorismo con un cuestionado fallo. En diciembre pasado, el TC, máxima autoridad jurídica del país, restituyó el indulto al exdictador Fujimori que había sido anulado por la Corte Suprema por ser ilegal, desacatando con esa restitución una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de ese perdón. También ha emitido fallos que refuerzan el poder del Congreso y facilitan sus acciones para tomar el control de los sistemas de justicia y electoral.

El TC tomó la decisión de anular la acusación fiscal por obstrucción a la justicia luego que uno de los acusados en este juicio, el abogado Arsenio Oré, inició un proceso de amparo para ser excluido de este caso. La Fiscalía acusaba a Oré, abogado de implicados en el lavado de los millones de dólares que ingresaron en negro a las campañas electorales del fujimorismo, de una serie de acciones para obstruir la investigación fiscal. Oré argumentó que el fiscal del caso contra Keiko Fujimori, José Domingo Pérez, que lo acusó por obstrucción a la justicia, no lo podía investigar por ser parte afectada por la obstrucción que le imputaba. El TC le dio la razón a Oré y ordenó anular toda la investigación fiscal en su contra. Con esa decisión se abrió la puerta para que se caiga el proceso de obstrucción a la justicia en todos los casos.

Este lunes, los otros acusados de obstrucción a la justicia en este proceso, entre ellos Keiko Fujimori, pidieron al tribunal que los juzga que la sentencia del TC a favor del abogado Oré también se aplique para ellos por las mismas razones. El tribunal les dio la razón. Entre los beneficiados por esta decisión está la abogada de Keiko, Giuliana Loza. El fiscal Pérez se opuso a la decisión del tribunal de extender esta decisión del TC a favor de Oré a los otros acusados. Su apelación fue rechazada por el tribunal en la misma audiencia del lunes.

En declaraciones a PáginaI12, el fiscal José Domingo Pérez señaló que “al abogado Arsenio Oré se le atribuyó el delito de obstruir la investigación porque desde su estudio de abogados se amenazó a los testigos para que declaren falsamente o no declaren ante la Fiscalía”. Precisó que “el TC ha señalado que esos hechos, en los cuales se interfirió la investigación, debieron ser investigados por otro fiscal porque consideran que yo soy perjudicado por esa obstrucción, es decir, se reconoce la existencia de los actos lesivos a la investigación pero ordenan anular lo investigado para que investigue otro fiscal”. Pérez indicó que esta decisión de anular el cargo de obstrucción a la justicia “es una tercera etapa en este proceso”. “La primera etapa -señaló- fue la oposición de los acusados para que se instale el juicio oral en su contra, lo que no lograron. El segundo momento de relevancia fue cuando Keiko Fujimori y los otros acusados y acusadas reconocieron los hechos que se les imputan, que recibieron exorbitantes cantidades de millones de dólares clandestinamente, sin bancarizar, para sus campañas políticas, sin embargo consideran que eso no es delito, sino una falta administrativa”.

Lavado 

La hija del exdictador Fujimori está acusada de haber recibido en efectivo y en secreto más de 17 millones de dólares de importantes empresarios para sus campañas electorales a la presidencia en 2011 y 2016, y haberlos lavado a través de falsos aportantes y cocteles de recaudación de fondos para ingresarlos a sus campañas. Su defensa alega que recibir dinero para una campaña electoral y no declararlo no era delito al momentos que esos hechos ocurrieron, y niega el delito de lavado asegurando que los millones recibidos clandestinamente tenían un origen lícito.

La Fiscalía imputa el delito de lavado argumentando que los grandes empresarios peruanos que le entregaron a Keiko y sus allegados millones de dólares en maletines llenos de billetes, tomaron ese dinero de las empresas que dirigen poniendo como destino otro concepto y fraguando la contabilidad, lo que, señala el fiscal Pérez, “constituye delito de fraude en la administración de la persona jurídica, lo que hace ilegal la procedencia de ese dinero”. En el caso de los 1,2 millones de dólares entregados por la constructora brasileña Odebrecht sus funcionarios han revelado que ese momento provenía de un fondo clandestino para pagar sobornos.

La anulación de la acusación por obstrucción a la justicia contra Keiko pone en evidencia, una vez más, el respaldo que el fujimorismo tiene del poderoso TC y los riesgos que enfrenta el proceso judicial que continúa por organización criminal y lavado, en el que la Fiscalía tiene sólidos argumentos para sostener su acusación. Poco después de esta decisión judicial, la dirigencia del fujimorismo se reunió en Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte, con quien se evidencia un mutuo respaldo, y salió a atacar a la Fiscalía, reforzando su campaña de desprestigio contra los fiscales para buscar tumbarse todo el proceso judicial contra su jefa.