El Gobierno finalmente modificó el régimen de la firma digital, el polémico sistema mediante el cual una persona puede realizar trámites sin la necesidad de la presencialidad y que es cuestionado por su permeabilidad a posibles fraudes.
La nueva metodología fue reglamentada a través del Decreto 743/2024 publicado en el Boletín Oficial, que amplía el alcance para que se puedan formalizar trámites y contratos de manera remota.
La normativa habilita la posibilidad de que la verificación de identidad pueda realizarse de manera virtual sin la necesidad de realizar ningún trámite presencial, como estaba estipulado hasta ahora.
La validación se realizará en tiempo real confrontando los datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Además, también introdujo modificaciones en el régimen de Certificadores Licenciados, permitiendo delegar en "autoridades de registro" las funciones de validación de identidad y otros datos de los suscriptores de certificados y de registro de las presentaciones y trámites que les sean formuladas.
Hasta el momento, las autoridades estaban obligadas a comprobar la identidad y cualquier otro dato de los solicitantes, considerando relevante la vía presencial.
El texto oficial puntualizó que "la presencia física del solicitante o suscriptor ante el Certificador Licenciado o sus Autoridades de Registro no será condición ineludible para el cumplimiento de los trámites necesarios para la emisión, renovación o revocación del correspondiente certificado digital".
Al explicar la implementación de la medida, el decreto que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, indicó que la nueva metodología forma parte del proceso de modernización tecnológica en el que está inmersa la administración pública.
En ese marco, se consideró que "en esta instancia del proceso de profundización de la modernización de la administración pública nacional resulta oportuno instrumentar medidas que propicien incrementar la relación directa de la administración con los ciudadanos".
La iniciativa se suma a las diferentes medidas implementadas tras la aprobación del Plan de Modernización del Estado durante la presidencia de Mauricio Macri, con el objetivo de "facilitar el acceso del administrado a los organismos del Estado, agilizando sus trámites administrativos, incrementando la transparencia y accesibilidad, mediante el uso de herramientas tecnológicas que posibiliten un acceso remoto y el ejercicio de un seguimiento efectivo sobre la actividad administrativa".
