De la reunión con el primer mandatario participaron representantes de compañías argentinas como Austral Gold –de Eduardo Elsztain-, Patagonia Gold –propiedad de Carlos Miguens-, el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Marcelo Álvarez, y Fernando Giannoni, director de la Barrick Gold. También estuvieron funcionarios nacionales y provinciales, además del secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el jefe del sindicato de obreros mineros, Héctor Laplace.

Todos ellos escucharon de boca del presidente la confirmación de que el Ejecutivo se hará cargo de las objeciones corporativas, que critican que la ley no permite el desarrollo de minería en las zonas periglaciares ubicadas en la Cordillera y la tildan de confusa, y que impulsará una modificación la normativa en febrero, cuando enviaría un nuevo proyecto al Congreso.

La reacción de los ambientalistas no tardó en llegar. “De ser cierto lo que se afirma, los glaciares de nuestro país corren un grave riesgo”, señaló en un tuit la Fundación Vida Silvestre. “NO podemos permitir que el Gobierno destruya la Ley de Glaciares, modificándola para favorecer a proyectos mineros”, indicó Greenpeace.

“Habíamos hecho una denuncia en noviembre del año pasado porque se había filtrado un borrador de la posible modificación de la reglamentación de la ley de glaciares. Dimos el alerta. Ahora insistimos: la ley no se puede tocar”, señaló a Página/12 el Coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano. “Aparentemente tienen intenciones de permitir el avance de las mineras. Es un escándalo. Tenemos una ley que debería aplicarse por completo. Les quieren a abrir la puerta para sumar emprendimientos y ampliar los actuales, con la reducción de la producción de la protección de las áreas periglaciares. La preocupación del Gobierno no puede ser primero la ganancia de las empresas, y después la calidad de vida”, advirtió.

“Lo que quiere hacer el Gobierno es gravísimo y está en línea con lo que se la ha dado al sector concentrado de la minería”, dijo a Página/12 el diputado nacional electo Daniel Filmus, autor de la ley de glaciares vigente. “Esto es una prebenda para las grandes empresas mineras que son las únicas que pueden trabajar en esa zona. La primera prebenda fue quitarles las retenciones”, agregó.

Para el ex senador la “cuestión es cuidar el agua, cuyos glaciares son la garantía, para el consumo o agricultura o poner en riesgo todo por exigencia de las empresas”. “Macri prefiere deteriorar el medio ambiente y la calidad de vida antes que afectar los intereses de las mineras”

Filmus consideró, además, “erróneas” las críticas del sector empresario e, inclusive, sindical. “La ley no es difusa. La definición de cuáles son las reservas clave está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que depende del Conicet. La ley no dice dónde están los glaciares a proteger. El IANIGLA tiene la capacidad de hacer el mapa de las zonas de reservas de agua en la Cordillera que son las que no se tienen que tocar”, amplió. 

De hecho, la contradicción es tal en el Gobierno, que en agosto de este año, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, festejó los resultados preliminares del Inventario Nacional de Glaciares, que posicionaron a la Argentina como el segundo reservorio de agua de América del Sur, ya que posee 15.691 áreas estratégicas, equivalente a 5748 kilómetros cuadrados de hielo permanente. “La famosa ley de glaciares no sólo tiene como objeto inventariar el bien que tenemos en esta reserva estratégica, sino también cuidarlo y preservarlo”, explicó el ministro, en franca colisión con lo que ahora expresó Macri. Tan importante era entonces para Bergman, que incluso consideró como “más prioritario inventariar y publicar las masas de glaciares a proteger que los detalles últimos de las fronteras limítrofes”.