Desde hace aproximadamente tres décadas uno de los principales problemas que agobia a Argentina es la pobreza. Tras alcanzar un máximo del 66 por ciento de la población en octubre de 2002, y luego haber bajado a casi la mitad, en los últimos diez años no se pudo mantener esa tendencia. Al contrario, el camino se ha revertido y viene creciendo continuamente hasta llegar en la actualidad a superar el 50 por ciento y en ascenso, de acuerdo a la estimación privada del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (los números oficiales del INDEC correspondientes al primer trimestre se conocerá el 26 de septiembre próximo).
Gran parte de la población y de la clase política coinciden en la necesidad imperiosa de enfrentar este grave problema, pero la solución no se vislumbra, sobre todo porque no se ha podido gestar una solución estructural al problema, elaborar una matriz socio-productiva que matice las deficiencias que se presentan.
Si bien resulta obvio que un tema como este no aparezca en la agenda del gobierno del actual presidente de Argentina Javier Milei, buena parte del resto de las fuerzas políticas (e incluso en el resto del mundo) sabe que el Salario Básico Universal puede ser una de las alternativas para resolver el tema o, al menos, mitigarlo. Ahora bien: ¿Cuáles son las posibilidades de implementarlo en la Argentina actual?
De qué hablamos
Para comenzar a referirse al Salario o Ingreso Básico Universal, es necesario en principio ubicar algunos conceptos en torno de los cuales se generan debates. El primero es su denominación. No es solo un tema semántico, sino que además esto encierra posturas divergentes acerca de su implementación.
Hablar de “salario” refiere a un programa que debería exigir una contraprestación laboral a cambio. Si no existe una relación de trabajo, si se trata de transferencias directas e incondicionadas de dinero como por ejemplo para realizar tareas de capacitación, “ingreso” parece el nombre más adecuado.
La otra cuestión terminológica es “universal”. Aquí resulta más sencillo: es correcta esta definición si la prestación llega a todos los habitantes de un territorio sin distinción de estrato social. En cambio, si es focalizada, esto debería desaparecer de la denominación.
Si es universal la gran crítica es que se entregarían recursos a sectores que no lo necesitan. Además, podría tener escaso impacto en el verdadero objetivo que es la reducción de la pobreza y la desigualdad. Como se ha dicho, hoy pareciera haber un consenso en que el Ingreso Básico podría representar un gran avance para asegurar pisos de protección social que incluyan a aquellos que no logran insertarse en la economía formal.
En el mundo
Surge entonces el interrogante del porqué es necesario buscar un mecanismo nuevo de protección social. Esta no es una problemática que se plantee solo en nuestro país, sino que es mundial. Ocurre que los cambios económicos que se producen con motivo de los procesos tecnológicos permiten visualizar un aumento generalizado del desempleo (y, por lo tanto, de la pobreza) en el corto y mediano plazo.
No es casualidad que entre quienes impulsan el debate y han ofrecido hacer aportes económicos se encuentren empresarios de ese sector, como Elon Musk y Mark Zuckerberg, dueños (entre otras) de X (ex Twitter) y Facebook e Instagram, respectivamente. Jack Dorsey, cuando era CEO de Twitter donó tres millones de dólares para una prueba piloto en catorce ciudades de EE.UU. Uno de los apoyo más recientes fue de Geoffrey Hinton, uno de los “cerebros” de Inteligencia Artificial, quien le recomendó al gobierno del Reino Unido la aplicación de una renta básica universal. También se expresaron a favor el Papa Francisco, el Foro Económico Mundial y la CEPAL, entre otros.
Sam Altman, el fundador de OpenAi y desarrollador de ChatGPT, llevó a cabo una investigación económica para determinar cual sería el salario mínimo ideal general del mundo. Para esto, le entregó durante más de cuatro años 1000 dólares a familias en situación de vulnerabilidad sin ningún tipo de restricción en Estados Unidos. Hace poco menos de un mes publicó los resultados.
Entre los más destacables, los participantes aumentaron su gasto en alimentos, alquiler y transporte, y sus ahorros crecieron un 25 por ciento. También brindaron más apoyo financiero a otros en comparación con el grupo de control. Durante el primer año, los beneficiarios experimentaron una reducción significativa en el estrés financiero y la inseguridad alimentaria. Sin embargo, estos efectos disminuyeron en los años siguientes. En el tercer año, los participantes mostraron más interés en avanzar en su educación y en la planificación financiera, aunque no hubo un impacto significativo en la obtención de títulos académicos.
Se han realizado otras pruebas piloto en lugares tan disímiles como Canadá, Alemania, Escocia, Países Bajos, Estados Unidos, Namibia, Kenia e India. Pero donde más cerca se está de su implementación es en Sudáfrica, donde el partido gobernante se ha comprometido a incorporarlo en un plazo no mayor a los dos años. Respecto de las pruebas piloto, en la mayoría de los casos se comprobó que los beneficiarios redujeron sus horas de empleo, pero fundamentalmente para volver a estudiar. Esto derribaría las críticas relacionadas con que puede generar una cultura del poco esfuerzo.
Algo parecido ocurrió en Argentina cuando se implementó la Asignación Universal por Hijo. Gran cantidad de voces vaticinaban que iba a desalentar la búsqueda de empleo, pero unos años después las investigaciones demostraron que esto no sucedió.
En el proyecto presentado en Argentina el IBU está pensado como un ingreso segmentado para el grupo de la población donde se ubican los más vulnerables. Si tomamos como base a los beneficiarios del IFE 1, alcanzaría a unas 9 millones de personas, con un costo aproximado del 2.5 por ciento del PBI. Si se quiere dimensionar ese valor, se puede tomar como referencia que la suma de los subsidios a la energía y al transporte fueron en 2023 el 2.1 por ciento del PBI (y ya habían comenzado a recortarlos).
Por todo lo expuesto, probablemente sea más constructivo que comencemos a reconocer la realidad del mercado de trabajo que viene para, en función de ello, pensar las políticas públicas, entendiendo que aún con crecimiento económico sostenido en el mediano plazo, será muy difícil incluir a toda la población en el mercado laboral formal. Además, es fundamental considerar este tema, ya que el sistema de protección social en Argentina fue creado en función de la participación en el mercado laboral.
El economista y autor del libro "Automatizados, vida y trabajo en tiempos de Inteligencia Artificial", Eduardo Levy Yeyati piensa que, en el contexto de una economía en desarrollo, el concepto puede rescatarse de otro modo. “Habría que pensar en un piso mínimo, un monto equivalente a la canasta básica alimentaria a depositarse sin intermediarios en una cuenta bancaria universal para quienes tienen ingresos por debajo de la línea de indigencia, condicionado a la formación e inserción laboral, tal vez como transición a una IBU en el futuro. Pienso que hoy es importante que cualquier sistema de transferencia esté ligado a la formación y la inserción laboral genuina”, agrega.
Analizando las ventajas y las complicaciones que su implementación acarrearía, teniendo presente que por las políticas que se están aplicando es probable que en el corto o mediano plazo Argentina enfrente altos índices de desocupación, no quedan dudas de que el proyecto de Ingreso Básico debe, como mínimo, debatirse. Un punto central será sin dudas la forma de financiarlo: ¿Un impuesto a las empresas tecnológicas?, ¿Readecuación de programas sociales vigentes?. Luego, con la máxima cantidad de opiniones posibles, efectuarle al proyecto las mejoras que puedan surgir para de esa manera llegar a ponerlo nuevamente en la agenda parlamentaria.
*Docente UNLZ y UNQ @RubenTelechea [email protected]