La denuncia del Ministerio de Capital Humano sobre la supuesta mala calidad y/o falta de controles sanitarios respecto 12 mil toneladas de yerba adquiridas por el gobierno anterior, se volvió un boomerang para Sandra Pettovello: mientras ella reclamaba saber si estaba en buen estado para ser consumida, en una inspección realizada el viernes último por orden del juez federal Ariel Lijo en el galpón de Villa Martelli habrían encontrado excremento de gato en la mercadería y olor a orín rodeando los productos allí acopiados. No es la única noticia adversa para la ministra favorita de Javier Milei. El juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa la intimó para que explique en plazos de cinco a diez días --según distintos puntos-- cómo está garantizando el derecho a la alimentación de quienes acuden a comedores y merenderos comunitarios, algo que le exigió en una cautelar que dictó el 12 de julio último. La cartera asegura que cumple y que hay programas alimentarios vigentes, pero más de 160 comedores comunitarios y un grupo de organizaciones sociales que forman parte del amparo colectivo aseguran que siguen sin recibir ni comida ni fondos desde diciembre.
La yerba ¿mala?
Cuando se armó el revuelo por el hallazgo de las más de 5.000 toneladas de comida en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo en Tucumán (del Ministerio de Capital Humano), en momentos en que los comedores y las organizaciones reclamaban la distribución de alimentos para las personas en situación de vulnerabilidad social, Pettovello hizo su contraataque con denuncias y auditorías varias para tratar de involucrar a las gestiones anteriores en Desarrollo Social. Una de ellas fue la presentación judicial sobre la yerba, entre las que señalaban las marcas “El Buen Ojo” y “Sierra del Imán”. Decía que no cumplía con los parámetros establecidos por las normas de calidad IRAM y pedía que se investigue si contenían "contaminantes peligrosos para el consumo humano". El team que lleva adelante la ofensiva legal del Capital Humano --Leila Gianni y Ariel Romano--, con más de un tropiezo por cierto, planteaba que no se habían hecho tampoco los controles del Instituto de la Yerba Mate, y que este denunciaba casos de "mala calidad".
Lijo y el fiscal Pollicita pidieron medidas, algunas incluso requeridas por Pettovello. Auditorías realizadas, organismos que participan del control, inscripción en el registro correspondiente, reporte de la División de Calidad de Alimentos, Agua y Laboratorio de la Dirección de Saneamiento Ambiental de Posadas (Misiones) fiscalización del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y peritaje del Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Hay informes que dicen que la yerba está en buen estado y se puede consumir. Los recibió en otra causa el juez Sebastián Casanello. El juzgado de Lijo terminó ordenando la inspección el viernes y, según reveló el periodista Mauro Federico en C5N, la policía que habría ido con personal del INAL, se encontró con excremento de gato, paquetes deteriorados y un olor nauseabundo a orín en el lugar. Eso habría sido volcado en la primera página de un acta. Lo que llamativo es que habría habido una nueva inspección este lunes, con el terreno ya limpio.
Es obvio que el estado de cosas hallado no solo no deja bien parada a Pettovello sino que pone en evidencia la importancia que le da al reparto de alimentos previsto para la población en situación de vulnerabilidad, lo que incluye a miles de niños, niñas y adolescentes. En su momento, la abogada Gianni se burlaba de la cantidad de yerba mate hallada, subestimando que es altamente consumida en barrios populares y más todavía cuando hay hambre. En los últimos días se conoció que el relevamiento más reciente de Unicef muestra que más de un millón de chicos y chicas se van a dormir sin cenar, un millón y medio seguro saltean alguna comida.
Más asuntos sin explicación
Cuando el juez Lara Correa dictó la medida cautelar para que los comedores y merenderos puedan dar de comer a quienes históricamente lo necesitan, y que son cada vez más, explicó que Capital Humano había asegurado que tenía planes alimentarios en vigentes. Por ende, el magistrado le señaló que lo que debía hacer era cumplir con ellos. La nueva resolución, a la que accedió Página/12, deja a la vista a qué son sometidas las organizaciones, los comedores que de ellas dependen, las personas que cocinan y atienden (en su mayoría mujeres) y quienes van allí en busca de alimento. Describe diferentes situaciones como para reclamar a Pettovello información:
* La Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros (con 159 comedores), dice, tenía un convenio como parte del Programa Argentina Contra el Hambre, para abastecer a sus comedores y merenderos. Después de cortarles la entrega de comida, Capital Humano les hizo observaciones sobre la rendición de fondos correspondiente a septiembre del año pasado recién el 16 de mayo último. Fueron subsanadas el 24 de mayo, pero tres meses después sigue pendiente de aprobación. Pettovello debe informar sobre el estado de ese trámite y el de inscripción de los comedores en cuestión en el registro correspondiente. Para todos los casos tiene que decir, además, qué programas están en ejecución o cómo hace el ministerio de Pettovello para "satisfacer el derecho tutelado cautelarmente (a la alimentación) de las personas en situación de vulnerabilidad".
* Un grupo de 14 asociaciones civiles y cooperativas (Mujeres Evita, 8 de Junio, Centro de Estudios y Trabajo para la Igualdad Social, Amanecer de los Cartoneros, Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, Pachamama, Emprender Desde el Barrio por la Familia y el Trabajo, Abriendo Caminos de Esperanza, son algunas de ellas) que tenía convenios con el Programa Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) - Abordaje Comunitario, denunciaron que se les cortó ese canal. El gobierno dice lo contrario, por ende el magistrado el dio 10 días para que pruebe que ese programa está al día y funciona.
El PNUD es un organismo internacional que coopera con la Argentina desde hace casi veinte años. Como respuesta a la crisis de 2001 comenzó, tiempo después, a acompañar con la gestión de fondos para "organizaciones comunitarias que brindan prestaciones alimentarias en forma eficaz" con el objetivo de garantizar "el acceso a los alimentos de calidad" a grupos vulnerables. Así lo explicaron a Página/12 cuando se supo que el gobierno actual había implementado una nueva modalidad y convocó al organismo como una suerte de socio para licitar la compra de alimentos para los comedores. Para eso incluso Capital Humano desembolsó 14.000 millones de pesos, como reveló este diario, y la licitación (de fideos, arroz y leche en polvo) quedó a mitad de camino. Por este asunto, tanto debido al mecanismo como al hecho de que la ministra no puede por sí sola autorizar un desembolso superior a 2.700 millones, esta semana el abogado Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia penal.
* Como le reclamó el cura en opción por los pobres Francisco "Paco" Olveira a Pettovello en una carta publicada en este diario, le consta como presidente de la Fundación Isla Maciel que desde la llegada de Milei al gobierno dejaron de recibir los fondos depositados en una tarjeta de débito del Plan Alimentar Comunidad, un dinero mensual para comprar en comercios de cercanía y hacer luego la rendición la comida para dos comedores. Por ejemplo, el comedor “Mártires Populares” repartía 4064 raciones semanales entre almuerzos y cenas, y 1304 desayunos y meriendas. Las personas que asistían eran de 653, de las cuales 390 son niños y niñas. El último depósito recibido fue el 27 de diciembre. El comedor fue cerrado, aunque trataron de sostener desayunos y meriendas condonaciones. Para otro comedor de Merlo, conocido como Monseñor Angelelli, tenían otra tarjeta, que recibió montos atrasados este año que correspondían al gobierno anterior. Hoy por hoy cocinan en días salteados para las familias que están más apremiadas con lo que logran comprar con ayudas y eventos a beneficio.
En los últimos meses el gobierno los metió en un laberinto burocrático: el 20 de marzo les pidieron documentación para tramitar nuevos convenios para ambos comedores, el 8 de abril, les reclamaron de copias de DNI de dos referentes y titulares de las tarjetas precargables de Banco Nación, el 15 de abril les pidieron lo ya enviado. En mayo les avisaron que estaba lista la tarjeta para el comedor Angelelli, pero no tenía fondos porque eso estaba porque "los recursos están sujetos a la decisión del ministerio". El gobierno dice que está tramitando el pago de 21.000 millones para 21 comedores y merenderos. Por eso Lara Correa le dice a Pettovello que en cinco días le debe informar si se están ejecutando esos fondos y si le tocan a los dos comedores en cuestión.
* La resolución pide a Capital Humano actualizar la información sobre los alimentos que hay en los depósitos, qué se distribuyó y a quiénes llegó. El juez también quiere saber qué mercadería se compró, con qué partidas y finalidad. La yerba, ahora se sabe, estaba en buen estado pero ahora no se descarta que esté cubierta desechos de animales, al menos de gatos.
