Un nuevo paro universitario de 48 horas, tras el de la semana pasada que se extendió por tres días, más la organización de una nueva y próxima Marcha Federal Universitaria, exhiben el grado de conflicto que atraviesan las universidades argentinas, cuyos docentes reclaman por una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 50 por ciento en lo que va del año, y denuncian como "una provocación" o "una broma de mal gusto" la oferta del gobierno de aumento del 3 por ciento para agosto y del 2 por ciento para septiembre. Los gremios, con el apoyo de los rectores, reclamaban un 40 por ciento, o al menos igualar los incrementos obtenidos por los estatales. En un comunicado difundido por el ministerio de Capital Humano, del que depende en la gestión Milei el área de Educación, se da a entender que la magra oferta tiene que ver con lo que la gente votó: “Escuchamos el mensaje de las urnas: no se puede gastar más de lo que ingresa", se predica. Ayer, en el primer día de paro, la contundencia del acatamiento fue total.
Lo brutal del ajuste
"No tenemos registro en la historia de un gobierno que en tan poco tiempo haya hecho un ajuste tan brutal en la educación superior", advirtió el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti. “La situación de los profesores y no docentes ha llegado a un punto de gravedad tal que hace prácticamente imposible que una universidad con la magnitud y características de la UBA pueda seguir funcionando de manera normal. No podemos pedirle a un profesor que siga dando clases con un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. El paro de 48 horas no es más que la respuesta natural a una política de ajuste que destrata de manera muy injusta a quienes forman a los profesionales que nuestro país tanto necesita".
La UBA lanzó la semana pasada una campaña que pide “salarios dignos para que los profesores puedan estar en las aulas”. Los distintos spots, que se difundieron en las redes y generaron conversación, presentan a docentes trabajando en call centers o como mozos, kiosqueros, conductores de Uber o repartidores de apps de delivery.
Daniel Ricci, secretario General de la Federación de Docentes de las Universidades, destacó ayer que el acatamiento al primer día de paro fue total en las 61 universidades públicas de todo el país, y que se espera ese mismo número para hoy. "Hay clara conciencia de que sin salarios dignos, no hay universidad de calidad", remarcó. Federico Montero, secretario de Organización de Conadu, denunció que "el gobierno desvirtúa el ámbito paritario con decisiones unilaterales que consolidan salarios debajo de la línea de pobreza, echando leña al fuego del conflicto".
“Hay una crisis del sistema universitario donde el presupuesto se va ahogando mes a mes, licuando el ingreso de los docentes, no docentes, investigadores y profesionales de la salud que trabajan y desarrollan su actividad en el ámbito universitario", denunció Emiliano Cagnacci, secretario General de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba). El mensaje general es el que luce en las enormes banderas negras en las fachadas de las distintas facultades: "Sin salarios dignos la UBA no funciona".
El mensaje de las urnas
“Los salarios durante la gestión de Alberto Fernández distaban mucho de lo correcto y eran sueldos sustentados en base a la emisión monetaria, problema que está siendo resuelto por el presidente Javier Milei. Entendemos que toda la sociedad argentina está haciendo un enorme esfuerzo para salir de la crisis económica heredada”, define el comunicado que difundió la cartera de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello.
Al igual que expresaron en la reunión de la paritaria universitaria del viernes 9 de agosto el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y su par de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, María Rosana Reggi, el texto defiende el aumento del 3 y 2 por ciento como virtuoso: “Hemos garantizado un aumento del 71% de los salarios, de diciembre a julio. En algunos meses, como mayo y julio, se superó incluso el índice de inflación, lo que demuestra la voluntad de ir recomponiendo el salario, en la medida de lo posible, además de haber asegurado los gastos de funcionamiento con un incremento de 270 por ciento", aseguran. Destacan además "los pagos en tiempo y forma".
“Escuchamos el mensaje de las urnas: no se puede gastar más de lo que ingresa. Al respecto, seguiremos dialogando con todos los sectores sociales que están poniendo el hombro. Por eso, más que en paros y protestas, confiamos en poder dialogar”, concluyen. Y vuelven a destacar que han conformado una comisión técnica tripartita donde están representados los sindicatos e integrantes de las subsecretarías de Política Universitaria y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, como una muestra de "voluntad y confianza".
Además del tema salarial, varios son los puntos que preocupan a la comunidad universitaria en el contexto actual. La media sanción en Diputados que declara a la educación como "servicio esencial", afectando el derecho a la protesta, la restitución del impuesto a las ganancias (aunque alcanza a una mínima parte de los docentes universitarios), el fondo de incentivo docente que este gobierno eliminó.
Contabilizan en el haber la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento para las Universidades Públicas, aunque sin dejar de estar alertas: “Ha sido un avance importante pero tenemos que tener presente que es solamente un paso. Hoy falta mucho camino para que esto quede consolidado, y los docentes universitarios tenemos que estar atentos", sintetizó Carlos De Feo, secretario General de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
El próximo paso, la marcha federal que ya se organiza en todo el país, está previsto, en principio, para la semana del 9 de septiembre.
