La Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción a una iniciativa del diputado Gustavo Orozco (Cambia Salta) para regular el uso durante las horario de clase de dispositivos móviles entre los y las estudiantes de los niveles primarios y secundarios. El proyecto de ley, que pasó ayer para su tratamiento al Senado provincial, contempló que ese control lo realicen las y los docentes que habitualmente facilitan aprendizajes tanto en establecimientos públicos como privados.

La legisladora por Capital, Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro) explicó en la sesión que la iniciativa atravesó mesas de análisis donde participaron distintos actores sociales, principalmente funcionarios del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta. "Es una ley que tiene una gran importancia, porque llevar hoy un celular a las aulas es un hábito y quien no lo lleva es considerado un extraño", señaló. La diputada destacó que la sociedad atraviesa "un uso exagerado de estos dispositivos" y que ese hábito se potencia entre menores de 16 años. Ese segmento de estudiantes es el que más usa los teléfonos dentro de las escuelas, señaló.

Villamayor dijo que el debate del proyecto dentro de la comisión de Legislación General -que preside- se centró en resolver si el concepto más adecuado para regular el uso de esa tecnología de comunicación en las aulas salteñas era el de prohibición o el de restricción. "Nos pareció importante poder generar una ley con la que los docentes puedan decirle a los padres que se ha prohibido el uso de celulares en las aulas", sostuvo. 

Destacó que si el proyecto se convierte en ley, seguramente será referencia legal en los acuerdos de convivencia que se firman cada año al inicio del ciclo lectivo. "Fue una discusión difícil", aclaró, "porque hay distintos puntos de vista sobre el término prohibir". Explicó luego que la prohibición quedó acotada -en el artículo tercero- a tres situaciones puntuales. "Las hipótesis que se contemplaron como excepciones a la prohibición del uso de dispositivos fueron la emergencia, el uso del dispositivo en actividades pedagógicas específicas, y su utilización por cuestiones de salud para que un estudiante mejorare su desarrollo o comprensión los contenidos", enumeró Villamayor. 

Otro de los argumentos que destacó como positivos para tratar en el recinto una ley que regule la utilización de celulares en las aulas, se centró en la concentración y socialización del estudiantado. "No todas las miradas de las familias ni todas las economías son iguales. Además, hay estudios que han demostrado que la utilización de celulares afecta el desarrollo cognitivo porque el cerebro opta por ser perezoso", dijo. "Cuando se lee un libro, la persona imagina, genera una escena, tiene una actitud activa frente a ese contenido". 

En el debate hubo diputados y diputadas que argumentaron en contra del uso del término prohibir. "¿Este es el mayor problema o conflicto que tiene la educación en Salta?", criticó Roque Cornejo, presidente del bloque Ahora Patria. El legislador por Capital aseguró que "los chicos que tienen la suerte de tener un celular", o quienes "tienen la dicha de contar con internet, son realmente muy pocos".

También apuntó contra una ley que solamente se enfoque en prohibir el uso de celulares por motivos de intimidación o acoso psicológico (bullying) porque, a su entender, esos tipos de violencia no ocurren exclusivamente en el ámbito digital. "Estamos acá para regular el bien común, no para regular la vida privada de las personas ¿Por qué suponen ustedes que el niño no sabe qué es lo que quiere saber o cómo se quiere relacionar?", lanzó. 

Otra intervención destacada fue la de la legisladora por Metán, Nancy Jaime, del bloque Más Salta. La diputada criticó el proyecto porque carga con mayores responsabilidades a la docencia. "Todos queremos solucionar los problemas a través de los docentes y tienen 30 o 40 estudiantes por aula", dijo, "incluso hay estudiantes incluídos con diversas problemáticas que están a cargo de las docentes". Destacó que los dispositivos móviles son útiles para los y las estudiantes al momento de cuidar su economía y no gastar en fotocopias. "A las tareas los docentes los pasan en pdf al grupo de WhatsApp. Una cosa es analizar la problamática desde fuera y otra muy diferente desde dentro", reflexionó.

El proyecto del legislador por Rosario de la Frontera atravesó el análisis de varias comisiones y, antes de su tratamiento de ayer en la Cámara baja salteña, obtuvo la conformidad de Salud, Educación, Hacienda, Legislación General, Prevención de Consumos Problemáticos, y finalmente la relativa a Mujer, Género, Diversidades, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia.

Dispositivos móviles y ganancia

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, manifestó ayer su respaldo a la regulación del uso de teléfonos móviles en las aulas. "Me parece interesante avanzar con regulaciones de los celulares", aseveró en relación a la iniciativa que obtuvo media sanción en la Cámara baja. 

Para la ministra, las experiencias actualmente en desarrollo -en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellas- que restringen el uso de celulares en establecimientos educativos ya muestran resultados positivos. "Los chicos vuelven a jugar entre ellos y ha mejorado la atención" durante las horas de clase, dijo Fiore ayer en Radio Nacional, donde contó que mantuvo reuniones con la Fundación Manos Libres por la regulación del uso de dispositivos móviles en las aulas. 

Fiore también se pronunció sobre la reciente medida cautelar de la jueza Mirta González Burbridge que suspendió momentáneamente la aplicación de tres artículos de la Ley Bases que reinstaló el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y todos los actos de la AFIP que reglamenten el cobro de ese impuesto.

"La medida cautelar tuvo una respuesta por parte de la justicia que le dió lugar al planteo de CTERA, y los afiliados de ese gremio no tendrán los descuentos", afirmó Fiore. "Es una disposición que se acatará en la medida y con el límite que la justicia lo establece", dijo sobre la tesitura del gobierno salteño. Recordó que la medida cautelar favorece a 1200 afiliados de CTERA en Salta. "Seguramente otros afiliados de otros gremios, plantearán las mismas medidas cautelares", vaticinó. 

La funcionaria consideró también que la discusión sobre si salario es o no ganancia, tiene su contraparte en las arcas provinciales. "No pasa por si uno esta de acuerdo o no, sino en acatar un fallo judicial", insistió. En ese sentido, dijo: "los argentinos nos debemos una discusión de fondo sobre el sistema tributario e impositivo. Debemos tener un sinceramiento financiero, debatir la presión tributaria y discutir temas como la cooparticipación", recordó finalmente, en relación a la regulación de esos fondos desde la Nación a las provincias, pendiente desde la década del 90.