Burocracia, falta de entendemiento y discriminación fueron algunos de los factores que terminaron en la judicialización de una familia indígena de Santa Victoria Este (en el departamento Rivadavia) por negarse a internar a su nena de casi dos años de edad que presenta un cuadro de desnutrición crítica. 

La intervención del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), que logró un acuerdo para que la niña fuera internada, reveló también las razones por las que la madre abandonó el Hospital de Santa Victoria Este al que había ido ella misma para que atendieran a su hijita. 

Madre y padre tienen razones para temer por la suerte de su hija en el sistema hospitalario. Ya uno de sus niños falleció a causa de la desnutrición cuando en el peor momento de su estado de salud fue derivado al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín. Ahora se le dijo a la madre que su hija iba a ser trasladada a este Hospital y eso provocó su huida. 

El caso exhibe las dificultades que afrontan las comunidades indígenas, en este caso del Pueblo Wichí, para acceder al sistema de salud que, por otra parte, no logra poner en práctica una política atenta a la multiculturalidad existente en el territorio provincial. La percepción que predomina entre la población wichí es que ir a los hospitales de Tartagal u Orán es “volver en un cajón”, según una encuesta realizada por la investigadora y docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) Norma Naharro.

La situación de esta beba que era buscada por personal hospitalario fue publicada por Salta/12 el miércoles anterior. Ayer, Lucía Ríos, coordinadora del CAJ ubicado en Santa Victoria Este dio detalles de la intervención de este organismo, lo que sucedió sólo cuando la incomunicación entre las partes parecía no tener retorno.

Antes de la intervención del CAJ, las primeras gestiones para llegar a un acuerdo fueron de parte de la encargada del Centro de Recuperación Nutricional victoreño y el gerente del Hospital de esa localidad, quienes visitaron a la familia para tratar de convencerla de que debía internar a la niña porque su estado de salud era crítico. Sin embargo, padre y madre se negaron.

Sucedió entonces que la niña presentó fiebre y diarrea. Frente a los signos, y con la alarma intacta, la madre fue al Hospital. Pero al llegar no estaba la pediatra que había ido a terreno a hablar con ella, sino otra. Y esta segunda médica (con quien no había mantenido comunicación alguna) le dijo que la nena iba a ser derivada a Tartagal. La madre abandonó el Hospital con la beba y esta última pediatra hizo la denuncia a la Policía.

Desde ese momento intervino la Justicia con la Policía y comenzó el hostigamiento a la familia. Cuando el organismo nacional intervino, padre y madre contaron que fueron perseguidos hasta con perros, por lo que se adentraron en el monte a pasar la noche con el propósito de no ser localizados por los uniformados. 

Pero la salud de la nena seguía en estado crítico y ante la desesperación, la madre decidió ir a ver a un pastor evangélico en la localidad boliviana de Creveaux (en la frontera con Argentina). Al volver a la comunidad se dieron con que la policía los seguía buscando. 

Para explicar la relación entre las partes, Ríos recordó que incluso hubo episodios de enfrentamientos en los cuales la comunidad amenazó con sacar a palos a los policías.

Cuando desde el juzgado observaron que con estas prácticas era improbable conseguir que la nena fuera internada solicitaron la intervención del CAJ.

Cercados con ramas

“Ellos habían cercado con ramas todas las entradas para que nadie vaya a verlos. Porque estaban cansados de que vaya la policía”, contó la abogada del CAJ al describir el panorama con el que se dieron al llegar al domicilio de la familia.

Lograron ingresar por un vecino y también porque la tía de la beba, hermana de la madre, había recibido la ayuda del CAJ para acceder a la cuota alimentaria.

El antecedente abrió la posibilidad de un diálogo para llegar a un acuerdo, instancia que se logró también por la intervención de la intérprete wichí diplomada en Acceso a la Justicia, Maida Romero, también perteneciente al CAJ. Allí se explicó a la familia la interpretación de maltrato que en este caso hacía la Justicia, que tenía que ver justamente con la no internación de la niña. Esta aclaración fue necesaria porque por un comunicado sin una intervención interpretativa, el padre había entendido que la Justicia manifestaba que él golpeaba o buscaba el mal para su hija.

“Creo que ahí estaba el mayor error. Porque ellos decían que ni sabían de qué era la denuncia”, contó la funcionaria.

Se logró entonces que la familia pusiera condiciones al Hospital y viceversa. Entre ellas, la principal, que la niña no sea trasladada a Tartagal. La segunda, que ni la médica que los denunció ni una enfermera que señalaron por maltrato los atienda de ninguna manera. La tercera, que la niña esté internada 15 días y 7 días con atención ambulatoria para volver a evaluar la situación. Y que la madre sea informada en su lengua madre (la wichí), y otorgue su consentimiento informado sobre las prácticas a su hija.

Y otra vez, la Policía

Todo estaba listo el miércoles anterior para internar a la beba. “El acuerdo fue a la mañana”, contó Ríos. Pero a la tarde, sin comunicación de la intervención del CAJ, la Policía volvió a buscar a la familia. El resultado: se volvió a escapar.

Tras conocer los nuevos hechos, el CAJ volvió a rastrear a la familia que, en esa ocasión, estaba en Santa María, una de las comunidades más grandes cercanas a Santa Victoria Este. El CAJ solicitó a la Justicia ordinaria que resigne la actuación de la Policía y le permitiera seguir con la conversación.

Pero luego los integrantes del CAJ tuvieron que reunirse con todos los caciques que decidieron acompañar a la familia para que no pasara de nuevo por la misma situación.

Tras una asamblea en la que los intercambios se sucedieron por un par de horas, se logró finalmente ejecutar el acuerdo y la nena se encuentra desde el viernes último internada en el Hospital victoreño.