La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió que la implementación del acuerdo de paz "avanza a paso lento", al tiempo que expresó su preocupación porque persiste la violencia. Entre enero y abril de este año fueron asesinados en el país 57 defensores de derechos humanos y líderes sociales.
El defensor del pueblo de Colombia, Julio Balanta, presentó el 'VI Informe de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera'. Allí se refirió al documento firmado entre el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC en 2016 y sus avances.
Para avanzar en el cumplimiento del Estado con la paz, según Balanta, es necesario robustecer la arquitectura institucional y trazar líneas de política pública.
"Cobra especial importancia que las entidades responsables de dar cumplimiento a lo acordado asuman el compromiso de mantener actualizado el estado de avance de los indicadores contenidos en el Plan Marco de Implementación, así como también con el registro periódico de información presupuestal asociada a la ejecución de políticas destinadas a la implementación del Acuerdo", reza el informe.
El problema de la tierra
Balanta recalcó en su exposición que "subsiste la falta de claridad en las cifras, pues hay una enorme disparidad en la información que se entrega sobre un mismo punto y no se avanza en la caracterización de los predios para facilitar su adjudicación".
A manera de indicador, dijo que de más de 1.500 predios que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ha ofrecido al Estado, el Gobierno solo ha comprado 26. A eso agregó que 21.132 predios de los que dispone el Gobierno, solamente el 37,84 % ha sido adjudicado.
Al referirse a la ruta étnica de restitución de tierras, esta no tiene mayores progresos porque "hay 16.995 solicitudes pendientes de microfocalización, en las que el 80 % corresponde a adultos mayores".
La violencia
El defensor también expresó su preocupación porque persiste la violencia: "Persisten los escenarios de riesgo para el ejercicio de su labor de lideresas, líderes y personas defensoras de derechos humanos: hay un registro de 57 casos de homicidios entre enero y abril del 2024".
Para el funcionario es claro que si no hay seguridad en el país, especialmente en las zonas rurales, no puede haber reforma agraria, tampoco sustitución de cultivos ilícitos, ni restitución de tierras y tampoco retorno de la población desplazada.
En esa línea consideró que para que cualquier persona pueda explotar la tierra entregada o retornada "es necesario que las condiciones de seguridad se lo permitan" y que las entidades gubernamentales deben garantizarlas.
La postura del gobierno de Petro
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que hay retrasos en la implementación del acuerdo de paz por lo que llamó a todos los sectores a unir esfuerzos para avanzar en esa materia.
"Estamos quedados en la implementación del acuerdo de paz como Estado, como sociedad", aseguró al referirse al informe de la Defensoría.
Sin embargo, aseguró, que el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, tiene claro que seguirá trabajando para que la paz siga avanzando para mejorar la vida de las personas afectadas por la violencia, que son más de siete millones que viven en 170 municipios.
"Se trata de transformar los territorios de los 170 municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) si queremos avanzar en paz y seguridad. Si no somos capaces de hacerlo no vamos a avanzar de manera suficiente en la paz", dijo Cristo.
Los PDET son un instrumento de gestión y planificación del Gobierno colombiano para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental en las zonas del país más afectadas por el conflicto armado.
