Tres relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hicieron saber su preocupación por la decisión de Luis Petri de desarmar los equipos de civiles que relevaban archivos de las Fuerzas Armadas para aportar a las causas por crímenes de lesa humanidad. Los expertos internacionales también instaron al gobierno a prevenir todo episodio de negacionismo y revisionismo.

El 28 de marzo pasado, Petri despidió a diez de los trece expertos que analizaban la documentación burocrática en poder de las fuerzas. En ese momento, los acusó de ser un grupo “parajudicial” que hacía “macartismo” contra los militares.

La medida fue denunciada por grupos de derechos humanos como una política tendiente a obstaculizar el avance de las causas por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado. Treinta y seis fiscales le pidieron al ministro que diera marcha atrás con su decisión. Sin embargo, Petri finalmente derogó la resolución que había creado los equipos en 2010 y continuó con los despidos.

Los que expresaron su “grave preocupación” fueron Bernard Duhaime –relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición–, Aua Baldé –presidenta y relatora del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias– y Morris Tidball-Binz –relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

“Recordamos que el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación del Estado argentino de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos, establecer la verdad sobre las circunstancias en las que se produjeron dichas violaciones y, en el caso de las desapariciones forzadas de personas, sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, de preservar la memoria histórica, los archivos y la evidencia de tales violaciones, y de evitar que surjan tesis revisionistas, relativistas y negacionistas respecto de ellas”, señalaron.

“Recordamos, a su vez, que el incumplimiento de estas obligaciones por parte de las entidades y autoridades estatales pertinentes está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado argentino”, añadieron.

Los relatores también le pidieron al Estado argentino que preserve el acervo documental de las Fuerzas Armadas –en la misma línea que se pronunció el mes pasado el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak, que ordenó que no se altere ni se destruya la documentación.

La comunicación de la ONU llegó el 2 de mayo pasado, pero no había trascendido hasta ahora. El 2 de julio pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó también la respuesta que dio el gobierno argentino. 

Defensa contestó que había echado a los expertos a causa de la “catastrófica situación económica en la que se encontró el país” porque los gobiernos anteriores utilizaron al Estado como “botín político y económico de una ‘casta política’”. También dijo que había otras áreas del Estado, como el Programa Verdad y Justicia, que podrían llevar adelante las funciones de quienes analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas.

La presentación ante la ONU había sido motorizada por organismos de derechos humanos y por la legisladora porteña Victoria Montenegro. A raíz del reclamo de sobrevivientes y familiares de las víctimas de la dictadura, la Cámara Federal de Casación encomendó la semana pasada la preservación de los archivos y de los lugares donde se cometieron los crímenes.

La semana pasada, el gobierno de Javier Milei dio un paso más en su embestida contra las políticas de memoria, verdad y justicia al eliminar la unidad especial de investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo que busca a los bebés robados durante la dictadura.