El Gobierno derogó los decretos que obligaban al Estado nacional a contratar empresas públicas para sus servicios. La medida representa un golpe para esas compañías, sobre las que Javier Milei no oculta sus intenciones de privatización. Para justificar la decisión, desde el Ejecutivo usaron como excusa la causa en la que se investiga al expresidente Alberto Fernández por el escándalo de los seguros. Esta lógica de poner al mercado en primer lugar antes que el Estado terminó en otros momentos de la historia con una fuerte vulnerabilidad social.
El decreto fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y deroga los decretos que establecían para el Estado la obligatoriedad de contratar los servicios del Banco Nación, Nación Seguros, Aerolíneas Argentinas -a través de la plataforma Optar- e YPF.
Entre sus fundamentos se cita al megaDNU que fue rechazado por el Senado pero sigue sin tratarse en Diputados. En el artículo 50 de ese decreto se estableció que "las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga".
En el detalle del decreto contra las empresas públicas, se indica que se deroga la obligación de implementar el pago de haberes al personal del Sector Público Nacional mediante el Banco de la Nación Argentina. También se deroga el decreto que que estableció que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional debían contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales.
Por su parte, se indicó que se deroga el decreto que dispuso la obligación para las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional de utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar Sociedad Anónima para la compra de pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores.
Por último, se aclaró que se deroga el decreto que consagró la obligación de implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de la gestión a través de Nación Seguros.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió a defender la medida, a la que vendió como un decreto que "elimina los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas". "Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios a su vez servían para anidar corrupción o mantener a una casta política deben ser desterrados", afirmó a través de las redes sociales.
"Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó", concluyó el funcionario que cerró su mensaje con un "Viva La Libertad Carajo". Se trata de una lógica que pone al mercado en primer lugar y empieza a dejar sin instrumentos a sector público. Estas políticas se implementaron en el pasado y provocaron estallidos sociales.
Por útimo, el ministro de Desregulación también criticó los esquemas vinculados al pago de seguros. “Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un “broker” para que logre una contratación que era obligatoria por ley", dijo.
