“Cada vez que hay un escándalo y éste tiene gran difusión periodística, yo desconfío del objetivo del mismo” señalaba el intelectual argentino Arturo Jauretche en Moral Nacional y Moralina Doméstica. “La moral puede ser un gran negocio” explicaba, ya que el escándalo por “el enriquecimiento más o menos inmoral, de algún criollo” se utiliza para facilitar “la gran inmoralidad vinculada a la expoliación del país que pasa desapercibida, y nadie grita”. Sobre ello advertía especialmente a los peronistas que "todavía no han aprendido bastante y entran como cualquier hijo de vecino".

Las enseñanzas del patrono del pensamiento nacional se aplican al renombrado escándalo de la contratación de seguros por el ex presidente Alberto Fernández, cuyos derivados de violencia hacia su pareja y románticos encuentros en el sillón de Rivadavia, tienen todos los condimentos para hacer estallar la moralina de nuestra sociedad de bien. Mientras las redes y medios se indignan por las coimas que habrían cobrado un par de brokers de seguros amigos del poder; un presidente machista cuyas macabras apetencias sexuales se traslucen en menciones a infantes bañados en vaselina, se escandaliza de la golpiza a Yañez para justificar el desarme de las políticas públicas de género. 

Se va generando el suficiente ruido para que nadie escuche cuando, por decreto, se establece que todas las dependencias del Estado argentino no están obligadas a contratar a la empresa estatal de seguros, operar con banco Nación, comprar combustible en YPF y volar con Aerolíneas Argentinas.

Es paradójico que la obsesión libertaria contra el déficit público no aplique en estos casos. Si el Estado contrata a otra empresa del Estado, ese gasto es, a su vez, un ingreso del propio Estado. De esa manera, se reduce el costo a los insumos que deben comprarse fuera de la propia estructura estatal para proveer aquel bien o servicio. En cambio, si ahora el seguro, la nafta, el servicio bancario o el vuelo es contratado a un privado, la totalidad pasa a contabilizarse como gasto público. Esa operación incrementa el déficit público siempre que el precio de la contratación al privado supere el costo de los insumos que la ex proveedora estatal debía contratar fuera de la estructura estatal para proveer aquel bien o servicio. Como el decreto de Milei no establece ese cálculo abriendo a que cada área estatal contraté al proveedor más barato, termina incrementando el gasto público del Estado como un todo.

El gasto del Estado en seguros, combustible, bancos y vuelos sumó unos 163 millones de dólares en 2023 (83 millones de dólares al paralelo) que a partir de ahora dejarán de recibir las empresas públicas para engordar las ganancias privadas. Ese monto representa entre 21 y 42 veces cada año el valor de las comisiones por colocación de seguros durante todo el mandato de AF (dónde las coimas serían un porcentaje de ellas). Cabe preguntarse si los CEOs que hoy asaltan el Estado disfrazados de funcionarios operan de la misma manera en el sector privado, ¿comprando a terceros los bienes y servicios que producen las empresas del mismo grupo económico?