El ministro de Defensa, Luis Petri, fue al Congreso para defender la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior ante hechos de supuesto terrorismo. La exposición de Petri terminó a alarido limpio con él vociferando: “Sáquense las anteojeras de los ‘70 que les impiden ver la realidad”. Además, denunció que las fuerzas armadas fueron “demonizadas” y dijo que el gobierno de Javier Milei estaba para “reivindicarlas para que cumplan un rol trascendental”.

Días atrás, la Casa Rosada mandó la reforma de la Ley de Seguridad Interior (24.059) para permitir que los militares intervengan en tareas que les están vedadas después de la experiencia de la dictadura. La modificación del artículo 27 de esa normativa genera rechazo en importantes sectores de la oposición que alertan sobre un "estado de sitio encubierto" para naturalizar la "represión" de las fuerzas armadas ante distintos conflictos internos.

“Llegó el momento de garantizar que ante amenazas terroristas vamos a utilizar todo el poder y la potencia del Estado, y todos los instrumentos a disposición del Estado, entre ellos el instrumento militar”, subrayó Petri al participar de una reunión informativa de la comisión de Defensa.

Esta intervención podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia.

El proyecto del Poder Ejecutivo incorpora una nueva opción de empleo militar a las dos ya existentes previstos en la Ley 24.059 de Seguridad Interior sancionada en 1991.

La primera hipótesis que habilita la actuación de fuerzas armadas en seguridad interior, contemplada en el artículo 27 de la mencionada ley, es la que establece las acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad.

El segundo supuesto, previsto en el artículo 31, es cuando media la declaración de estado de sitio para el resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de las personas, así como los derechos, garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal, cuando éste está en riesgo.

La iniciativa defendida por Petri incorpora una tercera opción de empleo militar al prever que, ante la presencia de acciones que aterroricen a la población y generen conmoción, un comité de crisis tendrá luz verde para solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la Seguridad Interior.

“Cuando definimos en la ley atentado terrorista lo hacemos conforme lo dice nuestro propio Código Penal en el artículo 41, y es todo acto destinado a aterrorizar a la población”, precisó Petri.

Al intervenir en la comisión de Defensa, el diputado Eduardo Toniolli (Unión por la Patria) empezó su alocución con vehemencia al reclamar que su par de La Libertad Avanza (LLA) Beltrán Benedit se retirara de la sala por reivindicar explícitamente la dictadura militar. Luego se centró directamente en las críticas al proyecto del Gobierno para modificar la ley de Seguridad Interior y denunció “sistemáticos gestos de alineamiento a las potencias occidentales y a la OTAN”.

Por su parte, Agustina Propato (UxP) criticó que las Fuerzas Armadas se involucren en operativos de seguridad interna, y aseguró que esa reforma llevaría a “exponerlas”.

Christian Castillo, del Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT), cuestionó al ministro por haber enviado a dos funcionarios del Ministerio a ver a los represores que están alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, tal como había revelado Página/12. "No vamos de visita", se justificó Petri. "Lo tenemos que hacer porque nos obliga un convenio que firmó Nilda Garré".

Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, le dijo a Petri que la iniciativa que promueve conjuntamente con la ministra Patricia Bullrich rompe un acuerdo básico de la democracia. "No metamos estos temas en la grieta", le reclamó Martínez. "Usted no es el delegado de Bullrich en el Ministerio de Defensa", lo provocó.

Vanina Biasi, del FIT, también marcó que LLA había dejado solo a Petri exponiendo en la comisión que preside Ricardo López Murphy, que el viernes pasado estuvo en el acto de entrega de sables al que supuestamente no fue invitada Victoria Villarruel.

En su afán por defender a las fuerzas armadas, Petri terminó diciendo: "No fue responsabilidad exclusiva de las fuerzas armadas en la interrupción democrática en nuestro país". De esa forma, pidió centrarse en el rol que tuvieron los civiles en los golpes de Estado que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX.