La fiscalía de Esquel imputará al médico de la Policía Federal Werther Augusto Aguiar como el responsable de la filtración de las fotografías del cuerpo de Santiago Maldonado, en ese entonces todavía sin identificar. El profesional participó del operativo mediante el cual el cadáver hallado en el río Chubut se mantuvo en custodia en la morgue local antes de ser trasladado a la ciudad de Buenos Aires. La familia Maldonado pidió “una investigación independiente”, en línea con sus últimos reclamos en la causa por la desaparición y muerte de Santiago.

Cuando la identidad del cuerpo hallado el 17 de octubre todavía no había sido verificada, a través de las redes sociales se difundió la imagen de un cadáver recostado sobre una mesa y vestido con ropa de lana y una campera celeste. Algunos medios de comunicación inclusive llegaron a publicarlas. Ahora, la fiscalía realizará una imputación formal contra el médico policial. 

A poco de conocerse la noticia, los familiares del joven tatuador reiteraron que los que intervengan en esa pesquisa fueran independientes, en consonancia con la solicitud que le hicieron al juez Gustavo Lleral para que intervenga un grupo de expertos internacionales en la investigación. 

“Por estas cosas es que insistimos en pedir una investigación independiente. ¿Quienes harán el peritaje del teléfono de Werther Augusto Aguiar? ¿La misma Policía Federal? ¿O la Gendarmería?”, se preguntó la familia desde su página de Facebook. “¿Se entiende la gravedad del tema cuando una fuerza tiene que investigarse a si misma?”, insistieron y concluyeron con otro interrogante: ¿Cómo va investigar seriamente una fuerza a otra, cuando todas dependen del Ministerio de Seguridad que está cargo de Patricia Bullrich?

Las autoridades de la fiscalía informaron que secuestraron el celular de Aguiar y que ordenaron realizar un peritaje para establecer “si existen o existieron” en el aparato secuestrado las fotos extraídas así como también “si fueron borradas, si fueron enviadas por alguna aplicación, mensajes de texto o correo electrónico y, en caso afirmativo, que se extraiga toda la conversación del día en que fueron enviadas y los tres días posteriores”.

La difusión de las fotos provocó en su momento malestar en el juzgado, que se había propuesto mantener absoluta reserva del caso, en el marco de la causa que investigaba la desaparición de Maldonado.  En el juzgado de Lleral estaban seguros de que podrían identificar al autor de la filtración porque en el lugar donde se tomaron las fotos estaban (además del magistrado) otras tres personas: el perito de la familia, Alejandro Incháurregui, y dos policías. Lleral se excusó de la investigación de la filtración por haber sido uno de los cuatro partícipes del operativo y la causa recayó entonces en el juzgado federal de Rawson, a cargo de Hugo Sastre.