En su columna de derechos humanos y lesa humanidad en La García, el abogado Pablo Llonto informó sobre los avances en la causa que investiga la visita a genocidas por parte de diputados de La Libertad Avanza.
"Se supo en las últimas horas el dictamen del fiscal que lleva la investigación en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora sobre la visita a los genocidas", comenzó su relato Llonto en la 750, en referencia al fiscal Sergio Mola.
"Lo primero que hizo el fiscal fue opinar sobre la existencia o inexistencia de delito alrededor de la denuncia que hizo la diputada (Lourdes) Arrieta, que ayer siguió alimentando su fama con los hechos que pasaron en la Cámara de Diputados. Mola dice que calificó de inverosímil a la versión de Arrieta. No considera delitos", señaló.
En su dictamen, Mola sostuvo que “La denuncia de la nombrada -la diputada Arrieta- está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista (su visita en el penal a distintos detenidos condenados/procesados por crímenes de lesa humanidad). Para ello, realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”.
"No obstante, el fiscal sí dijo que se tiene que investigar la probable comisión de delitos en el marco de lo que hicieron al llegar y adentro de la cárcel, es decir, la posibilidad de entrar con dos o tres diputados engañados, de que no hayan cumplido los reglamentos penitenciarios necesarios para entrar. A eso, ayer hemos agregado una nota de la Revista Crisis que dice que el diputado (Beltrán) Benedit anunció, arriba de la combi en la que iban, que esta visita la arregló con el titular del Servicio Penitenciario Federal. Esto podría implicar un delito, porque las visitas no se arreglan con el titular del Servicio Penitenciario", indicó Llonto.
Un avance en la causa de los astilleros Astarsa
Los Astilleros Argentinos Río de la Plata S.A. (Astarsa) estuvieron en actividad entre 1927 y 1994. Astarsa fue parte integrante del cordón industrial de la zona norte del Gran Buenos Aires.
El 30 de mayo de 1973, los trabajadores tomaron la fábrica luego de la muerte de dos operarios. Después de varios días de paro y toma de la fábrica, la lucha terminó tras haber conquistado las demandas.
A partir de mayo de 1974, y con mayor intensidad durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), decenas de trabajadores navales fueron perseguidos, detenidos-desaparecidos y asesinados por las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales.
En este marco, y haciendo hincapié en los avances para juzgar a los responsables civiles de delitos de lesa humanidad, Pablo Llonto contó lo último en relación al caso.
"La resolución de la jueza del Juzgado Federal 2 de San Martín fue llamar a indagatoria, es decir, acusar por la comisión de delitos de lesa humanidad a dos responsables civiles de la empresa Astarsa, uno de los astilleros de la Zona norte, muy conocido en la década del 70, que tiene una gran cantidad de obreros desaparecidos, entre otros torturados y sobrevivientes", explicó.
